MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 290 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
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La Superintendencia de Salud puso la lupa a la crítica situación de salud en Colombia, desde el nuevo gobierno de Gustavo Petro, esta entidad empezó una revisión a fondo de las situaciones, circunstancias y deficiencias que impiden el acceso oportuno a los servicios de salud en el país.
Bogotá, Antioquia y otros entes territoriales son los que tienen mayores niveles de insatisfacción por parte de los afiliados en las entidades administradoras de los recursos de salud, no solo en el contributivo sino también en el subsidiado.
En un comunicado, la entidad informó que “con 203 969 de quejas en este año, la ciudad tiene el 21,7 % del total de reclamaciones presentadas a nivel nacional. Esa cantidad en la capital representa un aumento del 17,35 % frente al mismo periodo del año anterior”.
Las EPS que están en números rojos de quejas por cada 10 000 afiliados son en el régimen contributivo: Nueva EPS, Famisanar, Salud Total, compensar y Sura; en el régimen subsidiado: EPS Capital Salud y Coosalud.
Por ejemplo, en Antioquia, a través de las mesas de intervención a las que han sido convocadas las 11 EPS, en más de 120 hospitales y autoridades de salud del departamento, el ente de control busca establecer la real situación que ha llevado a que este año se hayan registrado, según la entidad, 149 569 quejas, reclamos, inconformidades y en la mayoría de las ocasiones súplicas de los usuarios que buscaban ser atendidos, pero encontraron desprotección.
En este departamento, la mayoría de las inconformidades están relacionadas con la falta de asignación de citas para la consulta general y especializada, la no entrega de medicamentos, la carencia para acceder a los exámenes y la falta de programación para los procedimientos quirúrgicos.
En una de las jornadas de trabajo en la que la autoridad busca trazar una ruta para garantizar el derecho a la salud y protección de los recursos públicos del sistema, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán López, manifestó que “Antioquia recoge el 16 % del total de quejas del país, lo que quiere decir que cada día de este año 554 antioqueños han interpuesto una queja por insatisfacción del servicio o para suplicar la necesidad de apoyo. Eso lleva a que se pueda inferir que el derecho a la salud está siendo violentado sistemáticamente”.
Según la tasa de medición establecida por la Supersalud, las EPS con mayor número de reclamaciones son Salud Total, Sanitas, Nueva EPS, Compensar, Ecoopsos, SURA, Savia Salud y Coosalud, siendo la demora en la asignación de citas de medicina general, especializada y las barreras para la entrega de medicamentos los principales motivos de inconformidad de los usuarios.
“Les están vulnerando el derecho a la salud y eso no puede ser, porque las personas que están afiliadas se les debe garantizar el acceso oportuno y con calidad a los servicios que requieran”, sostuvo Beltrán López.
El funcionario señaló que este panorama es una constante que se visualiza en todos los departamentos del país, pero especialmente en Guaviare, Antioquia, Bogotá, Valle, Vaupés, Vichada, Bolívar, Chocó, Santander y Risaralda.
Apuntó Beltrán López que “los usuarios merecen el mayor respeto porque ellos son los dueños de los recursos del sistema y como tal merecen nuestra atención ante lo que están expresando, y esa actuación tiene que hacerse de manera efectiva”.
Durante el mes de noviembre la Superintendencia realiza mesas de intervención, de manera virtual y presencial, en diez departamentos con el mayor número de quejas.
La entidad informó que después de realizar el análisis de la situación en cada mesa, elaboran las alertas más urgentes para corregir, para que los actores territoriales implementen y cumplan un estricto plan de acción aprobado con tiempos definidos y compromisos puntuales para dar solución a las problemáticas que aquejan la salud de los ciudadanos.
Sin embargo, las quejas y la mala atención al parecer no son el único problema, según la entidad, la deuda por 16.6 billones de pesos de EPS con los hospitales y clínicas genera insolvencia en los prestadores.
En Cartagena, Beltrán López, reveló que las EPS que siguen operando los regímenes contributivo y subsidiado tienen una deuda que está provocando la inviabilidad del sector prestador de salud, según la entidad, con consecuencias negativas para la atención de los pacientes.
“Las EPS vienen recibiendo cada mes cumplidamente los recursos del sistema y tienen la obligación de utilizar esos dineros para proteger a las personas cuando están sanas y atenderlas cuando están enfermas, pero también tienen que pagarle a quienes atienden sus afiliados. Por ello, en este momento existe una dificultad evidente por el incumplimiento en los pagos por parte de las administradoras de recursos y que tiene en crisis al sector prestador de servicios, tanto público como privado”, señaló.
En el XIX Congreso Gobernar Salud, que es organizado por la Corporación Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud en Cartagena, el funcionario mostró su preocupación por que esta deuda llevaría a la inviabilidad del sector prestador por la iliquidez e insolvencia para sostener sus obligaciones. Llamó la atención de las EPS: “no se olviden que la plata que tienen es de los usuarios y el derecho de los usuarios prima sobre la pretensión de permanecer con recursos fondeados en sus arcas cuando tienen es que destinarse a la prestación del servicio”.
Debido a esta situación están buscando encontrar los recursos para garantizar la continuidad de la atención, recordó que las EPS deben pagar oportunamente, así como cumplir con las obligaciones de atender bien a las personas, garantizarles la entrega de medicamentos, programarles y realizarles las cirugías y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que requieren.
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