MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 290 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Decir que un tercio de las familias colombianas apenas alcanzan a comer dos veces al día describe una situación límite. Las cifras hablan de 17 millones de colombianos que están experimentando hambre, 4.3 millones amenazados por la inseguridad alimentaria y otros 13.5 millones que no pueden acceder a una dieta saludable y nutritiva, según el informe SOFI (2021) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Mientras el hambre nos recuerda día a día nuestra condición de humanidad, pues de lo único que dependemos es de agua y comida para sobrevivir, el alza en los precios de los alimentos parece no tener un techo.
“El aumento en la energía, los fertilizantes y los precios de los alimentos, se suman a factores que agravan la situación, como la crisis climática y los conflictos, mientras que la pandemia de COVID-19 continúa teniendo un efecto colateral”, serían la base de la crisis mundial de la que viene hablando la FAO, con 828 millones de personas en inseguridad alimentaria, en su mayoría de Asia, África y América Latina. Y una prevalencia de la desnutrición que saltó del 8,0 al 9,3 % de 2019 a 2020 y aumentó en el 2021 al 9,8 %.
En el contexto local, la primera causa aumenta la inseguridad alimentaria es que un 12,2 % de la población se encuentra en pobreza extrema, por lo tanto, no cuenta con los ingresos para acceder a una canasta básica de alimentos, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), publicado en 2021.
Una segunda razón es el aumento del costo de vida, que sigue subiendo, y para septiembre registró un alza del 0, 93 %, para llegar al 11,4 %, con lo que el país acumula la inflación más alta de este siglo. Según el DANE, el costo de las bebidas y de los alimentos es el que más ha contribuido a esta alza a lo largo del año. Los huevos, el arroz y las frutas frescas acumulan una inflación de 33 %, 31 % y 29 % aproximadamente. Para los hogares más pobres, que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a comida, el costo de vida aumentó al 13,16 %.
La tercera razón sería la dependencia de la importación y consecuente carestía de insumos para el agro, entre otros, que hemos podido apreciar desde el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Pero una razón estructural que subyace es la ausencia estatal para encauzar los recursos destinados al agro, a la producción, importación y distribución nacional de alimentos. De hecho, en el país cada año se pierden y se desperdician 9.76 millones de toneladas de comida, de las cuales 6.1 millones son frutas y verduras, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
“El principal problema en Colombia cuando hablamos de seguridad alimentaria no es falta de producción o que no tengamos alimentos disponibles, sino falta de ingresos y capacidad de compra, para que todos podamos comer dignamente. No hace falta más comida, el problema está en la deficiencia de distribución a todas las poblaciones. El problema principal no es deficiencia en el consumo de calorías, sino la falta de una dieta más diversa y nutritiva” nos cuenta la investigadora Sara Rankin Cortázar, investigadora asociada de la Alianza Bioversity y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.
“Es necesario una mirada como sistemas alimentarios, con todas sus dimensiones”, observa Rankin, y explica que los retos en cuestiones alimentarias en el país no se pueden reducir a producir o importar más alimentos; “necesitamos empezar a expandir el acceso de toda la población a una dieta saludable, que sean físicamente disponible y costeables para la población de bajos ingresos, acompañada de educación nutricional”.
Para Diana Gabriela Andrade, Magister en Salud pública y docente del programa de nutrición y dietética de la Universidad Mariana de Pasto, "si es posible afirmarque a nivel nacional se está afrontando una crisis asociada a la gran cantidad de colombianos que padecen hambre y que, acorde con los datos de investigaciones actuales, supera el 70 % en las ciudades, situación que puede ser más crítica y cruda en los entornos rurales y zonas dispersas, que históricamente han sido azotadas por las condiciones de inequidad y vulnerabilidad”.
Desde su análisis, “esta crisis no solo se asocia a aspectos nutricionales, por el contrario, es posible afirmar que nuestro sistema alimentario se encuentra enfermo, y, por lo tanto, hay condiciones desfavorables en todos los eslabones de la cadena de producción, comercialización y consumo de los alimentos; además es preciso reconocer la influencia de los aspectos políticos, sociales y culturales que inciden en la gravedad y urgencia de la problemática”.
“Es necesario considerar, recalca Diana Gabriela Andrade, que no solo se trata de unas cifras alarmantes de hogares que no tienen los medios para alcanzar una alimentación digna, sino también en el impacto en el desarrollo económico del país, puesto que no podremos avanzar como nación hasta que estas problemáticas sean superadas”.
El nuevo Gobierno ha hablado de trabajar por una soberanía alimentaria y la posibilidad de destinar 30 millones de hectáreas al agro, todo un desafío frente a las 5.3 millones de hectáreas que son cultivadas en la actualidad, de las cuales se cosecharon 4.9 en 2021, con una producción de 34.4 millones de toneladas de alimentos, según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.
Aumentar la producción de alimentos es una alternativa adecuada, observa la doctora Diana Gabriela Andrade, “pero sus impactos deben analizarse acorde a las necesidades en todo el sistema alimentario, para no generar efectos inesperados en el medio ambiente, y hacerlo de forma integral, de tal forma que no solo hablemos de producción, sino también de acceso, consumo, soberanía alimentaria, entre otros, que permitan mejorar las condiciones de vida de la población”.
Por su parte, Sara Rankin Cortázar coincide en que aumentar la capacidad de producción es una excelente noticia, pero no sirve de mucho si la gente no tiene dinero con qué comprar alimentos, o si el precio de los alimentos se incrementa al ser producido nacionalmente, “esto nos lleva a la necesidad de conectar los diferentes eslabones y retos que tiene el sistema alimentario del país desde una perspectiva holística, intersectorial y con amplia participación de todas las organizaciones sociales”.
En esta búsqueda de la soberanía alimentaria, generar innovaciones para el agro que permitan eliminar progresivamente la dependencia de insumos suena a una posibilidad que, desde la óptica de Rankin, si bien puede trabajarse, implicaría tiempo y recursos para que el campesino migre del uso de insumos químicos a un enfoque agroecológico y sostenible con el medio ambiente.
“Es un proceso de transición que el país debe ir pensando. En el corto y mediano plazo se requiere apoyo y subsidios para que el campesino acceda a los insumos”, agrega.
Según la doctora Diana Gabriela Andrade, “es prioritario desarrollar acciones que permitan el cumplimiento del derecho a elegir nuestros propios alimentos. Siendo Colombia un país tan rico en recursos naturales, debe plantearse los medios y los fines para lograrlo sin generar un impacto medioambiental adverso”.
“Podríamos partir del análisis de las medidas y normativas vigentes para potenciar lo nuestro, como el rescate y uso de las semillas de cada territorio, que además otorga una mayor identidad y pertenencia regional y que se han ido perdiendo por el uso de semillas certificadas”, concluye.
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