MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 290 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Varias han sido las EPS que han sido liquidadas durante los últimos 3 años por incumplimiento en sus servicios, situación financiera y calidad en la atención. La liquidación de estas ha sido independiente a los Gobiernos de turno. En el caso del actual Gobierno, la primera EPS liquidada fue Comfamiliar Huila, así lo afirmo el nuevo superintendente de Salud, Ulahi Beltrán López. Según dijo el funcionario, esta decisión se tomó para garantizar el derecho a los servicios de salud oportunos y de calidad que tienen 541 mil ciudadanos de Huila y Boyacá.
Hasta el momento, la Superintendencia Nacional de Salud ha ordenado la liquidación de otros dos programas de salud que venían funcionando en el país a través de cajas de compesación. Las EPS Convida y Comfaguajira (que recibió la notificación hace pocos días).
En las investigaciones que realizó la Superintendencia, los indicadores financieros han sido uno de los determinantes para acabar con la operación de estas entidades. Entre las tres administradoras se suma una deuda superior a los 700 mil millones de pesos, que corresponden a cuentas por pagar a las clínicas y hospitales que hacían parte de su red de prestación de servicios.
Las quejas que tenía la EPS Comfamiliar Huila superaban las 41 000, “las quejas estaban relacionadas con demoras para acceder a consulta de medicina especializada, la falta de oportunidad en la programación de cirugías o exámenes de laboratorio y la falta de suministro oportuno y completo de los medicamentos”, afirmó la entidad en el comunicado emitido.
Adicional, se menciona que la EPS dificultaba el acceso a servicios de alto costo, como quimioterapias y radioterapias, para cáncer y les ponía barreras a los pacientes infectados por VIH o a aquellos que requerían reemplazos articulares.
Para sumarle a dichos incumplimientos, la EPS también venía con afectaciones monetarias, según expuso Beltrán. “Es una decisión que se toma luego de evidenciarse la crítica situación de esta caja, de tal modo, que el componente financiero demuestra la inviabilidad de su funcionamiento e igualmente no permite garantizar una prestación de servicio digna a los afiliados de la entidad que suman cerca de 541 000”.
Según el documento emitido por la Superintendencia de Salud, entre enero y mayo los afiliados elevaron 749 acciones de tutela y la cartera de la EPS era de $390 000 millones.
En el monitoreo a los indicadores, la Supersalud encontró que durante la mayor parte de los últimos cuatro años la EPS incumplió con las condiciones financieras y de solvencia y mantuvo esa tendencia hasta ahora, pues en el corte de mayo de 2022 tenía un patrimonio negativo de $375 701 millones, así como un negativo de $171 217 millones en el capital mínimo y de $133 312 millones en el patrimonio adecuado. Esto entonces deja como saldo un alto riesgo de insolvencia, toda vez que mantiene un nivel de endeudamiento de 11.3 sobre los activos y su pasivo es de $412 299 millones, un 76,8 % superior al valor reportado a diciembre de 2018.
En cuanto a la EPS Convida, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación tras evidenciar que los fallos en su gestión ponían en riesgo a sus 478 399 afiliados del departamento de Cundinamarca. Esta decisión es la segunda proferida por el ente de control en menos de 25 días de labores oficiales.
“La situación a la que llegó Convida es un ejemplo más de cómo se ha desvirtuado el rol de protección de la salud por parte de estas entidades que manejan los recursos públicos; colocando en grave riesgo la salud y vida de los ciudadanos, quienes son los verdaderos dueños del sistema”, aseguró el superintendente, Ulahy Beltrán.
Cabe mencionar que la EPS Convida fue objeto de diferentes medidas especiales, incluyendo medidas de vigilancia especial aplicada desde el 31 de marzo de 2017 y prorrogada durante más de 5 años; es decir, más de 10 veces. Para el cierre de la entidad se implementará la intervención forzosa y la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios.
En el caso de la intervención para liquidar la EPS Comfaguajira, debido a la gravedad de los indicadores de atención, la medida de control se efectuará durante los próximos dos años, para garantizar los servicios hasta que el Minsalud realice el proceso de asignación y traslado de clientes.
La entidad se encontraba bajo medida de vigilancia y seguridad especial desde el 4 de marzo del año 2020, debido a que, al parecer, evidenciaba un deterioro en sus indicadores financieros, jurídicos, administrativos y asistenciales.
Además de esto, Comfaguajira registra un índice de endeudamiento del 1,87 con unas deudas que ascienden a $56 067 millones, de los cuales el 57 % son cuentas por pagar a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud.
De otro lado, la Superintendencia reveló la cifra de endeudamiento de las EPS con las IPS de todo el país: alcanzó los 16.6 billones de pesos. Al inicio de año, esta cifra estaba alrededor de los 12 billones de pesos.
De acuerdo a la información que ha reportado la Supersalud, aún están bajo algún tipo de medida de vigilancia especial al menos otras 13 EPS. En el proceso de empalme del gobierno nacional, se había indicado que eran 16 las administradoras de recursos de salud las que estaban siendo objeto estricto seguimiento por parte del ente de control.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, adoptar medidas especiales para garantizar ininterrumpidamente la prestación de servicios de salud a los usuarios de las EPS Comfamiliar Huila y Convida respecto de las cuales ha ordenado su liquidación.
“Ante las decisiones de intervención forzosa administrativa para liquidar las dos EPS, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad requirió a la Supersalud, para que informe el plan de mitigación de los riesgos asociados a la garantía del derecho fundamental a la salud y a la vida de los afiliados; cómo se aseguró que las EPS a las que fueron trasladados masivamente, cuenten con la red de servicios médicos mínima necesaria y cómo se midió el impacto sobre la red”, manifestó el Ministerio Público.
Como parte de las acciones de seguimiento a la normalización de la atención de los usuarios que fueron objeto de traslado luego de la orden de liquidación del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila, la Superintendencia Nacional de Salud desarrolló un ciclo de jornadas de atención y seguimiento a la formalización del proceso priorizando la red pública hospitalaria en este departamento.
“Nuestro compromiso es con el ciudadano y su derecho a recibir una atención oportuna e integral en salud, por eso continuaremos realizando un seguimiento permanente a la atención que les brinden a sus afiliados”, aseguró el superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López.
En total fueron recibidas y gestionadas ante las distintas administradoras de recursos, 117 peticiones, quejas, reclamos y denuncias concentradas en: Nueva EPS, Sanitas y Salud Total.
“Daremos cumplimiento a la respuesta eficiente en los casos que se identifique vulneración, barreras administrativas y fallas en el proceso de atención, adicionalmente, haremos un estricto seguimiento a los canales de atención dispuestos para la ciudadanía presencial y virtuales”, agregó Beltrán López.
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