MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 321 JUNIO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388
En la última década, la Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido y liquidado numerosas Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, afectando a millones de usuarios y dejando a su paso una deuda millonaria que sigue impactando al sistema sanitario.
La Oficina del Defensor del Pueblo advirtió que estas liquidaciones generan incertidumbre en los usuarios, quienes son reubicados en distintas EPS, lo que a menudo genera interrupciones en la atención. El sistema enfrenta, además, una deuda acumulada que supera los $5 billones.
Gerentes hospitalarios señalaron que las EPS generan retrasos en pagos que afectan:
Este panorama impacta especialmente a las zonas rurales y a poblaciones vulnerables, como niños y adultos mayores, incrementando riesgos para su salud.
Consecuencias clínicas y operativas Según Giovanni Jiménez, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la crisis financiera de las EPS limita la capacidad de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) para comprar materiales y pagar su personal, generando:
Las EPS liquidadas en Colombia han dejado una deuda acumulada que supera los $2.7 billones, la mayoría de la cual recae en hospitales y clínicas que actualmente afrontan graves problemas de viabilidad. En el régimen contributivo, las deudas más representativas corresponden a Medimás ($574 mil millones), Coomeva ($457 mil millones) y Cafesalud ($328 mil millones), mientras que en el régimen subsidiado destacan Ecoopsos, Salud Vida y Comfamiliar Huila, con obligaciones que superan los $100 mil millones cada una. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a diciembre de 2023 para el régimen contributivo y a abril de 2024 para el régimen subsidiado, el 100 % de este portafolio está en default.
El sector salud pide al Ministerio de Salud, a la Supersalud y demás entidades de control un seguimiento riguroso, impulsando el mecanismo de giro directo para garantizar la continuidad en la atención. También se propone el cumplimiento de las directrices de la Corte Constitucional, relacionadas con los Presupuestos Máximos y la adecuada definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Juan Carlos Giraldo destacó que, aunque se tienen avances en mecanismos como el giro directo, estos necesitan ajustes urgentes: “Requerimos aumentar el porcentaje mínimo del giro al 90 % y establecer reglas claras para evitar la concentración de recursos en entidades de integración vertical”.
Asimismo, señaló la importancia de avanzar en otros aspectos del plan como “liberar un nuevo tramo de reservas técnicas” y fortalecer la línea de medidas de crédito de Findeter para financiar a las EPS y permitir el pago de la cartera vencida.
“Con el alto riesgo de nuevas liquidaciones de EPS, se necesita proteger a los prestadores de servicios de salud mediante la creación de un Fondo de Garantía, evitando que las acreencias actuales sufran el mismo destino que en procesos pasados”, afirmó Giraldo.
Por otro lado, el gremio insistió en la urgencia de una reforma estructural al sistema. Según este, los artículos contenidos en el proyecto de reforma a la salud que cursa en el Senado serán clave para inyectar liquidez al sector en el corto plazo. “Se requiere un texto robusto que no solo atienda el presente, sino que prepare el camino hacia una transición estructural del modelo de salud”, concluyó el director de la ACHC.
La Ley 100 de 1993 estableció el modelo de EPS con responsabilidades claras en afiliación, registro y recolección para cubrir el Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo, desde 1997 se han registrado advertencias sobre la inestabilidad financiera del sistema, con una notable reducción en el número de aseguradoras entre 1996 y 2002, producto de normativas y procesos administrativos.
La liquidación de varias EPS en Colombia es consecuencia de errores administrativos y problemas financieros, pero también evidencia fallas estructurales en el diseño del sistema de aseguramiento mixto —público y privado— que se ha mostrado vulnerable a crisis recurrentes.
“La liquidación es una medida drástica que refleja no solo fallas administrativas, sino también estructurales en el diseño del sistema”, explica el profesor Giovanni Jiménez.
Mientras algunos representantes de EPS privadas defienden estas intervenciones como necesarias para fortalecer el control y evitar la continuidad de entidades ineficientes, la pregunta sigue abierta: ¿es viable mantener este modelo sin reformas profundas?
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