Intervención en Savia Salud: ¿problema estructural o gestión insuficiente?

Por: Redacción El Pulso

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El Ministerio de Salud y Protección Social oficializó el jueves 29 de mayo la prórroga por un año más de la intervención administrativa forzosa sobre Savia Salud.

La resolución fue firmada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y extiende la intervención, que comenzó a mediados de 2023, hasta el 16 de junio de 2026. La Superintendencia Nacional de Salud defiende la prolongación de la medida como necesaria para garantizar la prestación del servicio a los usuarios de esta EPS, que atiende a la población más vulnerable y que, al momento de la intervención forzosa, hace dos años, arrastraba enormes pasivos y estaba entre las EPS con mayor cantidad de irregularidades en la prestación de todos los servicios de salud.

Una intervención que no ha cumplido sus objetivos

La intervención de Savia Salud, que ya acumula dos años, se anunció inicialmente para garantizar la prestación del servicio y sanear las finanzas de una EPS con un pasado marcado por irregularidades financieras y administrativas. Sin embargo, el balance de estos dos años muestra un panorama preocupante.

Según los estados financieros entregados por la interventoría a la Contaduría General de la Nación con corte a 2024, la situación financiera de Savia se ha deteriorado aún más. Los pasivos de la EPS aumentaron en un 28,9 %, pasando a superar los $1.3 billones, con un incremento de $280.269 millones respecto al año anterior.

Además, los gastos administrativos crecieron un 17,25 %, pasando de $95.731 millones en 2023 a $112.243 millones en 2024. Esta situación impacta directamente a la red hospitalaria pública, que hasta hace poco mantenía millonarias cuentas por cobrar. Solo a hospitales públicos de Antioquia les adeudan cifras millonarias, como $126.281 millones al Hospital La María y más de $44.000 millones al Hospital San Rafael de Itagüí.

El relevo en la interventoría y las sombras de la gestión

El pasado marzo, la Superintendencia Nacional de Salud nombró al tercer interventor en dos años, Luis Óscar Gálvez Mateus, un funcionario cuya gestión ha estado envuelta en controversias.

Gálvez ha sido investigado en varias ocasiones por la Procuraduría por presuntos malos manejos administrativos, especialmente en el Hospital de Villavicencio. En esos procesos se detectaron irregularidades en la contratación y modificaciones del estatuto interno.

Además, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, denunció públicamente en 2022 que contra Gálvez se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio y por lavado de activos por parte de la Fiscalía, con inmuebles vinculados en Bogotá y Arauca.

Este antecedente añade incertidumbre sobre la capacidad del nuevo interventor para sacar a Savia Salud de su crisis.

Contrastes y opiniones

Ministerio de Salud y Superintendencia: desde estas entidades se sostiene que la intervención es una medida necesaria para proteger a la población más vulnerable, con la esperanza de que esta prórroga permita estabilizar el sistema y mejorar la prestación del servicio. La Superintendencia señala que la intervención podría levantarse anticipadamente si se mejoran los indicadores financieros y operativos.

La decisión del Gobierno nacional de extender hasta junio de 2026 la intervención a la EPS Savia Salud generó voces de rechazo en Antioquia, encabezadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y respaldadas por usuarios que aseguran no ver mejoras en la atención.

El alcalde calificó esa determinación como un “desastre absoluto”, al referirse al actual estado financiero de la EPS, que atiende a 1.600.000 usuarios del régimen subsidiado en el departamento.

“Las condiciones son peores, la cartera de Savia es de $1.3 billones. No ha cambiado con la intervención, es un desastre”, agregó el alcalde Gutiérrez, quien cuestionó los resultados de la medida que ya lleva más de dos años en curso.

Desde el lado de los usuarios, las quejas no han cesado. Muchos aseguran que los problemas estructurales de la EPS siguen intactos.

“No entregan medicamentos a tiempo, como la insulina. Todo sigue igual o peor”, expresó una usuaria del régimen subsidiado.

Según expuso la secretaria de Salud del departamento, Marta Ramírez, lejos de mejorar la situación de la entidad, la medida ha generado un deterioro progresivo en la red de prestación de servicios. La falta de liquidez para pagar a los hospitales ha impactado negativamente en los indicadores de atención, como las consultas médicas y de citología.

Pese a los reiterados llamados de las autoridades regionales, no se ha logrado establecer una mesa de concertación con la Superintendencia para implementar planes efectivos de rescate, según indicó la secretaria.

“Nuevamente hay que decirle al Gobierno nacional que la asfixia que le está generando a las EPS realmente está asfixiando la posibilidad de vida de los pacientes y la posibilidad de que los hospitales mantengan sus puertas abiertas. Eso es insostenible”, dijo la funcionaria.

Metrosalud es una de las entidades más afectadas por esta crisis. La red cerró el año 2024 con pasivos superiores al billón de pesos, mientras que hace apenas dos años estos ascendían a $800.000 millones, según indicó la Secretaría Seccional de Salud. Desde la intervención, los gastos y otros pasivos han aumentado entre un 20 % y un 30 %. Por ello, el alcalde Federico Gutiérrez también mostró su descontento con la medida.

“Es un desastre absoluto que desde que intervino el Gobierno a Savia Salud las condiciones son peores. Para la EPS, la cartera que tienen hoy, por ejemplo, Hospital General, Metrosalud y Hospital Concejo de Medellín, más del 94 % en algunas es cartera que adeuda Savia”, declaró el mandatario.

Esta situación derivó en la restricción del ingreso a centros asistenciales de pacientes afiliados a Savia Salud, debido a la imposibilidad de cubrir pagos de personal y medicamentos, lo que a su vez deteriora la calidad y oportunidad de la atención médica, exponen las autoridades.

El camino por delante

Para junio de 2026, fecha en la que termina la prórroga, la expectativa es que Savia Salud haya mejorado su situación financiera y operativa para garantizar un servicio digno a sus afiliados. Mientras tanto, la sombra de las deudas millonarias, la polémica interventoría y la crisis hospitalaria siguen siendo una preocupación latente.

La EPS que atiende a la población más vulnerable de Antioquia se encuentra en una encrucijada: o logra revertir su crisis o arriesga un colapso que impactaría no solo a sus afiliados, sino a todo el sistema de salud regional.