El Decreto 572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, desató una ola de rechazo y preocupación entre los actores del sistema de salud colombiano. La norma introduce modificaciones en las reglas de retención en la fuente y autorretenciones que, lejos de ser un mero ajuste tributario, impactan de manera directa y severa la ya delicada economía del sector salud, con potenciales efectos negativos para millones de colombianos.

Impacto económico en el sistema de salud: un escenario ya crítico

El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis financiera profunda y prolongada. La Corte Constitucional declaró la desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las EPS acumulan niveles históricos de cartera vencida y la reciente modificación en los giros hacia las redes hospitalarias agrava la situación. En este contexto, el Decreto 572 obliga a las entidades del sector —que ya operan en condiciones “agónicas”— a anticipar mayores pagos al Estado, reduciendo aún más el flujo de caja disponible para lo esencial.

Esto se traduce en efectos inmediatos sobre la operación diaria: inversión en tecnología, pago a proveedores y remuneración oportuna al talento humano en salud se ven afectados. En palabras del movimiento “Todos por la Salud”, esta medida “no es solo un asunto fiscal, sino un ataque al derecho fundamental a la salud y a la vida de millones de colombianos”.

La aplicación de las nuevas tarifas, especialmente el aumento de 1,10 % a 3,50 % para actividades de hospitales, clínicas con internación (CIIU 8610), y actividades de apoyo diagnóstico y terapéutico (8691, 8692), así como atención residencial para pacientes con condiciones mentales (8720), implica que las IPS y EPS deban realizar pagos anticipados significativamente mayores.

Esta realidad se agrava en un contexto donde el flujo de caja es limitado debido a problemas estructurales, como el atraso histórico en el pago de cartera que, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), supera los 20 billones de pesos. Este retraso afecta la operación diaria de las instituciones, generando dificultades para cubrir gastos en personal, insumos médicos y mantenimiento, e incrementa el riesgo de desabastecimiento y deterioro en la calidad del servicio.

Además, el incremento en las tarifas para las EPS puede reducir su liquidez, lo que se traduciría en mayores retrasos en los giros a las IPS, perpetuando el círculo vicioso de la crisis financiera en el sector salud.

En respuesta, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas envió una carta formal el 29 de mayo de 2025 al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que manifiesta que:

“El Decreto 572 de 2025, al margen de los recaudos que se pretendan obtener, debe tener en cuenta que las IPS no tienen el flujo de caja ni la liquidez suficiente que les permita cumplir con el pago anticipado de las retenciones y del impuesto de renta ni el incremento en tarifa alguna”.

La misiva señala, además, que “resulta, por decir lo menos, inoportuno e inequitativo que se les equipare a otros sectores o empresas productivas del país”, y destaca que las IPS “se esfuerzan por mantener su operación, algunas en puntos máximos de producción de servicios, sin que pueda afirmarse por ello que reciben los ingresos en la misma medida de su esfuerzo”.

La ACHC hace un llamado para que el Ministerio de Salud, en conjunto con Hacienda, corrija la medida excluyendo a las IPS y EPS de estos recaudos tributarios anticipados y del ajuste de tarifa, permitiendo que “continúen en las condiciones actuales”.

“El sistema de salud enfrenta, ya por varios meses, una complicada situación de liquidez. Las demoras en los pagos, la acumulación de la deuda entre aseguradores y prestadores, motivada esencialmente en la insuficiencia de los recursos de la salud, ha generado una situación crítica”, dice Ana María Vesga, directora de ACEMI, el gremio de las EPS del régimen contributivo.

“La reciente medida del Ministerio de Hacienda, que obliga a anticipar retención de la fuente sobre ciertos servicios particulares de las atenciones de prestación, generará una mayor dificultad y esfuerzo en estos prestadores, que terminará reflejándose en mayores dificultades de atención, prestación y mayores barreras para miles y millones de pacientes que hoy están viendo ya afectada su atención en salud”.

Modificaciones clave y repercusiones amplias

Entre los cambios más relevantes, el decreto aumenta las tarifas de autorretención y disminuye los umbrales para aplicar retenciones en compras y servicios, pasando de 27 UVT ($1.244.573) a 10 UVT ($497.990) en compras, y de 4 UVT ($199.196) a 2 UVT ($99.598) en servicios. Este ajuste hace que muchas personas y empresas deban pagar anticipadamente más impuestos de los que realmente deben, generando una carga financiera adicional.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que esta situación obliga a iniciar “trámites complejos para recuperar esos saldos” y que, por “desconfianza o miedo”, muchos contribuyentes prefieren no pedir devolución, dejando en manos del Estado recursos que no le corresponden en ese momento. El decreto impacta de manera regresiva, afectando especialmente a personas naturales y pequeños negocios con menor capacidad de respuesta ante el sistema tributario, aumentando la desigualdad fiscal.

Efectos indirectos y consecuencias sociales

Además de la presión sobre el sector salud, la reducción en saldos disponibles frena la ejecución de obras por impuestos, perjudicando la financiación de proyectos sociales esenciales como colegios, vías y dotaciones para comunidades vulnerables. En un contexto económico debilitado, el Gobierno intenta cuadrar caja para enfrentar un hueco fiscal superior a $40 billones, con la meta de recaudar $6.5 billones por adelantado en 2025.

v No obstante, expertos advierten que esta presión fiscal puede dañar la inversión y frenar la recuperación económica. En palabras de Felipe Córdoba, excontralor, el decreto es una “bofetada a los colombianos”, pues “en vez de ajustar su gasto, el Estado carga más a la clase trabajadora”. Por su parte, José Ignacio López, presidente de ANIF, señala que no existe “justificación económica ni jurídica para este ajuste”, calificándolo como una “reforma tributaria escondida” que solo busca un alivio temporal para 2025, pero a costa de perjudicar las finanzas públicas en 2026.

Conclusión: un llamado urgente a repensar la política fiscal

El Decreto 572 de 2025 representa un serio desafío para la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia, que ya se encuentra al borde del colapso financiero. Agrava la crisis y pone en riesgo el acceso oportuno y de calidad a los servicios para los pacientes, a la vez que crea una carga fiscal que complica la vida de pequeños empresarios y ciudadanos, aumentando la desigualdad y entorpeciendo la inversión social.

La demanda de derogatoria del decreto por parte del movimiento “Todos por la Salud”, junto con las críticas fundamentadas de expertos y gremios, debe ser atendida como un llamado urgente a reconsiderar la política fiscal del país. No se trata solo de números y cuentas, sino de garantizar el derecho fundamental a la salud sin sacrificarlo en aras de un equilibrio fiscal de corto plazo.