MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 321 JUNIO DEL AÑO 2025 ISNN 0124-4388
En medio de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano, el debate sobre la creación de un fondo de garantías para el sector cobra fuerza en el Congreso y entre los gremios. Este es un proceso que simplificaría la cancelación de las obligaciones financieras de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), garantizando la estabilidad financiera de hospitales, clínicas y proveedores, y asegurando la continuidad de la atención a los pacientes.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), junto con otros participantes del sector, ha propuesto la formación de un fondo de garantías de salud. El propósito principal de este instrumento financiero sería cubrir los compromisos pendientes de las EPS en proceso de liquidación, en particular las deudas acumuladas con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los proveedores. La propuesta tiene como objetivo prevenir que la insolvencia de las aseguradoras perjudique la continuidad de la atención, la cadena de abastecimiento de materiales médicos y, finalmente, a los usuarios del sistema sanitario.
Este fondo se inspira en patrones como el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) en la industria bancaria, que protege a los depositantes y la estabilidad del sistema frente a la insolvencia de bancos y entidades financieras. En el sector de la salud, un fondo similar ayudaría a mantener la liquidez de los proveedores y proteger la red hospitalaria.
El fondo de garantías sanitarias se financiaría a partir de diversas fuentes: contribuciones del Gobierno nacional, un porcentaje de las cotizaciones de los miembros del sistema sanitario y, potencialmente, un porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, las EPS y las aseguradoras podrían estar obligadas a realizar contribuciones al fondo como parte de sus obligaciones de responsabilidad financiera.
La Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) manifestó que estaría en capacidad de administrar este fondo, siempre y cuando exista una definición legal clara y se aseguren recursos sostenibles para su operación. Según la entidad, se requiere que el Congreso y el Gobierno definan la estructura normativa y las fuentes de financiación para garantizar la operatividad y sostenibilidad del fondo.
En el Congreso de la República, en 2023 y 2024 se presentaron proyectos de ley que contemplan la creación de este fondo de garantías, administrado por la ADRES. Según los borradores conocidos, este fondo serviría para pagar las deudas de las EPS en liquidación con las IPS y proveedores, con un orden de prelación que priorice a los prestadores y al talento humano en salud.
Los gremios de prestadores, como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), insisten en la necesidad de que el fondo sea robusto y de fácil acceso, con reglas claras de uso que eviten procesos judiciales largos y desgastantes para las IPS. “No podemos permitir que las deudas de las EPS liquidadas terminen asfixiando a los hospitales y clínicas”, señaló recientemente la ACHC en una comunicación al Ministerio de Salud. Según la asociación, el fondo debe contar con una participación significativa del Gobierno nacional en su financiación para no cargar todo el peso sobre las cotizaciones de los usuarios ni sobre las propias IPS.
Desde la perspectiva de las EPS y las aseguradoras, ciertos actores han demostrado resistencia a instaurar un fondo de garantías que necesite aumentar sus aportaciones, aunque reconocen que un sistema correctamente diseñado podría ayudar a proteger la cadena de abastecimiento de servicios y fomentar una mayor confianza en los proveedores. “Un fondo puede tener beneficios si se diseña adecuadamente, pero es clave evitar sobrecargar a las EPS con más obligaciones sin solucionar el problema estructural de desfinanciamiento”, advirtió un vocero del sector.
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