Eliminan autorizaciones tramitadas por pacientes con cáncer, VIH, enfermedades crónicas y urgencias: ¿avance estructural o reto operativo?

Por: Andrea Ochoa Restrepo

elpulso@sanvicentefundacion.com

Una de las barreras más persistentes —y frustrantes— en el acceso a los servicios de salud en Colombia es la tramitación de autorizaciones por parte de los propios pacientes. Esta situación, ampliamente documentada y denunciada por usuarios, expertos y organismos de control, ha sido objeto de múltiples promesas de transformación. Pero ahora, con la expedición de la Circular Conjunta Externa No. 019 de 2025, la medida aplica especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, condiciones de alto costo, cáncer (infantil y de adultos), VIH/Sida, urgencias médicas y aquellos incluidos en las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) o eventos priorizados por el sistema.

“Eso no puede seguir ocurriendo en un sistema que se precia de ser humano”, sentenció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al recordar casos dramáticos como el de un paciente que esperó cuatro días en urgencias por una autorización.

La norma es clara: la responsabilidad recae exclusivamente en las Entidades Responsables de Pago (ERP), prestadores de servicios y proveedores de tecnologías. Se trata de una medida que redefine el modelo operativo del sistema al pasar de una lógica de “autorización previa” a una de auditoría posterior, que exige mayor capacidad de respuesta, interoperabilidad y transparencia entre EPS e IPS.

Un respaldo normativo que ya existía, pero que no se cumplía

La circular se fundamenta en un marco legal que lleva más de una década construyéndose. Normas como el Decreto 019 de 2012, el Decreto 2106 de 2019, la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) y legislaciones específicas para enfermedades como cáncer o VIH/SIDA, ya establecían principios similares. Sin embargo, en la práctica muchas EPS continuaban exigiendo autorizaciones para trámites recurrentes, incluyendo tratamientos permanentes.

v ¿Qué cambia entonces con esta nueva circular? La respuesta está en la fuerza vinculante de la medida y su carácter sancionatorio. Las entidades que incumplan podrán enfrentar sanciones disciplinarias, fiscales o incluso penales, lo que marca un nuevo nivel de presión para que la orientación normativa se convierta en realidad.

¿Y las EPS qué dicen? Posturas dispares

Desde el lado de las aseguradoras, las reacciones han sido dispares. Gestarsalud, gremio que agrupa a EPS del régimen subsidiado, respaldó la medida e incluso reveló que varias entidades ya han comenzado a operar bajo modelos que prescinden de autorizaciones para enfermedades de alto costo.

“Coincidimos en que suprimir estas autorizaciones es fundamental para mejorar el acceso a la atención médica”, afirmó Gestarsalud. “Para patologías crónicas, la exigencia de autorizaciones representa una barrera innecesaria”.

En contraste, ACEMI, gremio de las EPS del régimen contributivo, evitó pronunciarse oficialmente, lo que podría reflejar tensiones internas, dudas operativas o preocupaciones por los efectos financieros y contractuales de la implementación.

Las IPS y hospitales: entre el alivio y la alerta

Desde el punto de vista de los prestadores, el mensaje es de cautela. En otras palabras: la eliminación de trámites no puede convertirse en aumento de cuentas por cobrar o en litigios contractuales por servicios prestados que no fueron auditados a tiempo. La clave estará en la capacidad del sistema para generar confianza y trazabilidad entre actores.

¿Una medida centrada en los pacientes?

El superintendente Helver Giovanni Rubiano García fue enfático: esta medida se enfoca en proteger a los usuarios más vulnerables del sistema, especialmente aquellos con enfermedades prolongadas o crónicas. Solo en el caso de la Nueva EPS, los medicamentos para este grupo representan un gasto mensual de más de $110.000 millones, con un acumulado anual que supera el billón de pesos.

Esto revela el alto impacto financiero que representa esta población, pero también el imperativo ético de que su atención no dependa de trámites burocráticos repetitivos que pueden poner en riesgo su salud.

No obstante, la experiencia de los pacientes sigue evidenciando que los trámites y autorizaciones continúan siendo un gran obstáculo. La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana), por ejemplo, alertó sobre un aumento significativo en las barreras de acceso para pacientes con cáncer. Según su estudio, realizado a través del programa de Solución y Evidencia de Barreras de Acceso en Salud (SEBAS), estas barreras han aumentado en un 49,5 % respecto a 2023, con quejas frecuentes por la demora en autorizaciones, la inoportuna entrega de medicamentos y la asignación tardía de citas médicas.

“Terminación de convenios con IPS, cierre de servicios, desabastecimiento de medicamentos, demora en la renovación de registros sanitarios por parte de Invima, burocracia, negación de viáticos de transporte y alojamiento, y vencimiento de órdenes médicas, son los problemas más frecuentes a los que se están enfrentando los pacientes con cáncer, en un sistema de salud en crisis que se deteriora ante los ojos de todos”, mencionó Yolima Méndez, directora de la fundación.

En 2024, el promedio de días de espera para la entrega de medicamentos fue de 43.3 días desde la prescripción, mientras que el acceso a autorizaciones demoró en promedio 31 días. Helena*, paciente diagnosticada con leucemia crónica en 2019, expresó:

“Debo tomar un medicamento diario de por vida, pero desde 2023 he tenido demoras de semanas y hasta meses en su dispensación, lo que me ha traído complicaciones.”

Este tipo de testimonios ilustran la realidad de quienes, aun con enfermedades graves y crónicas, deben enfrentar obstáculos burocráticos que deterioran su calidad de vida y ponen en riesgo su salud.

¿Y ahora qué? Implementación, vigilancia y resultados

Aunque la circular fija tiempos claros (máximo cinco días calendario para la gestión, dos días hábiles para poblaciones vulnerables), la experiencia en Colombia indica que las normas no bastan si no hay una institucionalidad capaz de implementarlas, vigilarlas y sancionar su incumplimiento. Esto es especialmente crítico en regiones con baja capacidad técnica o institucional, donde los pacientes ya enfrentan enormes barreras de acceso.

Las entidades territoriales tendrán un papel clave, pero el reto es mayúsculo. La Superintendencia deberá pasar de la pedagogía a la inspección.

*se cambia el nombre para proteger la entidad de la fuente y del paciente.