En Colombia, los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos en la Constitución con el principal fin de garantizar la autonomía sobre el propio cuerpo, el ejercicio libre y sin violencias de la sexualidad y la toma de decisiones informadas en la reproducción. Es por esto que el Ministerio de Salud y Protección Social reconoce la sexualidad como una prioridad en el bienestar físico, mental y social para todas las personas, sin distinción de género, etnia, religión o condición socioeconómica.

Para garantizar de manera efectiva estos derechos, se requieren mínimos: el acceso a información clara sobre la sexualidad, la prevención de las violencias de género, la promoción de la salud materna, el acceso a anticonceptivos, la prevención de las infecciones de transmisión sexual y la garantía de una interrupción voluntaria del embarazo segura.

Desafíos

Sin embargo, el país aún enfrenta desafíos estructurales. Tal es el caso de la prevención del embarazo adolescente, la atención integral en salud sexual y reproductiva y la reducción de las profundas desigualdades que atraviesan estos derechos, siendo especialmente las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad las que ameritan un mayor énfasis.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, según cifras del DANE, en 2025 un total de 1.630 niñas entre los 10 y 14 años se convirtieron en madres, una cifra que equivale a cerca del 15 % del total de partos registrados en el país. Y aunque este indicador ha mostrado una leve disminución con el paso de los años, su magnitud sigue revelando profundas brechas sociales y territoriales que impactan la vida de miles de adolescentes, perpetuando ciclos de pobreza, exclusión y precariedad laboral a largo plazo.

El panorama resulta aún más preocupante si se considera que en Colombia las relaciones sexuales con menores de 14 años constituyen un delito, lo que revela que cada uno de estos embarazos corresponde a una menor víctima y pone en evidencia a un Estado que no logró protegerla ni garantizarle sus derechos.

Anticoncepción y brechas

Según la Organización Panamericana de la Salud, acceder a métodos anticonceptivos modernos, seguros y confiables, refuerza varios derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, a la libertad, a la opinión y expresión.

En cuanto a métodos de anticoncepción permanente, de acuerdo con cifras entregadas por Profamilia, en 2025 esta institución realizó 15.657 vasectomías, de las cuales 8.601 correspondieron a procedimientos efectuados en las regionales de Antioquia y los Santanderes. De igual manera, en 2024 la institución realizó 49.995 ligaduras de trompas.

Estos datos develan una brecha de género que persiste en el país, puesto que estos métodos de control de la fertilidad siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Aunque la vasectomía es un procedimiento más simple y menos invasivo, su adopción continúa siendo significativamente menor.

Los anticonceptivos son eficaces en la reducción de la mortalidad materna, dado que previenen embarazos de alto riesgo, especialmente en mujeres con alta paridad (es decir, con numerosas gestaciones) o en aquellas cuyo embarazo terminó en un aborto inseguro.

Además, métodos de barrera como el condón (masculino y femenino) previenen enfermedades de transmisión sexual al ofrecer la máxima protección (más del 90 %) contra el VIH, el virus de la hepatitis B y la gonorrea, salvaguardando la salud pública.

Darly Peña Romero, coordinadora nacional de Jóvenes de Profamilia, afirmó que, aunque en menor medida, aún persisten barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, pese a tratarse de un derecho constitucional y respaldado por políticas públicas. Entre las principales dificultades señaló las desigualdades territoriales, especialmente en zonas rurales y dispersas, donde la capacidad para ofrecer servicios integrales sigue siendo limitada.

Asimismo, el desconocimiento sobre los derechos y la oferta de servicios disponibles, junto con vacíos en la educación integral para la sexualidad, afecta la toma de decisiones informadas. Esto propicia desinformación y mitos que incrementan las prácticas de riesgo, como el no uso de métodos anticonceptivos o de los servicios disponibles.

Frente a estos retos, iniciativas como Zona Joven de Profamilia buscan facilitar el acceso a información clara y a atención confidencial a través de distintos canales, entre ellos la Línea Zona Joven. Este programa está orientado a brindar orientación gratuita, confidencial y amigable sobre salud sexual, reproductiva y anticoncepción en Colombia. Su principal canal de atención es en WhatsApp (318 531 0121, opción 2), disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el apoyo de inteligencia artificial y personal experto, lo que facilita un acceso oportuno a información segura y confiable.

Interrupción voluntaria del embarazo

La Organización Mundial de la Salud estima en el mundo, entre el 4,7 % y el 13,2 % de las muertes maternas registradas cada año están asociadas a abortos inseguros. La brecha entre regiones es marcada: mientras en los países desarrollados se registran cerca de 30 muertes por cada 100.000 abortos inseguros, en las regiones en desarrollo la cifra asciende hasta 220 defunciones por cada 100.000 procedimientos.

En Colombia se han aprobado normas directamente relacionadas con la gestación, es por esto que la interrupción del embarazo está despenalizada hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. A partir de ese momento, la interrupción del embarazo es legal únicamente cuando exista riesgo para la vida o la salud de la madre, graves malformaciones del feto que hagan inviable su vida, o cuando el embarazo sea producto de violencia sexual, incesto o inseminación no consentida, debidamente denunciados.

Además, la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud estableció que la interrupción voluntaria del embarazo es un servicio de salud esencial, urgente y gratuito, que debe ser garantizado de manera inmediata, integral y segura por todas las entidades del sistema, sin discriminación por afiliación, origen étnico, condición migratoria, nivel socioeconómico, discapacidad o nivel educativo.