MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 8    NO 102  MARZO DEL AÑO 2007    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Segundo acto de una tragedia
Liquidada la ESE Rafael Uribe Uribe
Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co
Con un decreto de liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, entonces pendiente de consultas legales y sin recibir sus servidores la mera notificación verbal, el jueves 15 de febrero amanecieron militarizadas las clínicas León XIII de Medellín, Víctor Cárdenas Jaramillo de Bello y Santa María del Rosario en Itagüí, igual que sucedió con las clínicas de la ESE José Prudencio Padilla en la costa atlántica, liquidada el 29 de julio de 2006. Ese día los trabajadores fueron sorprendidos por los nuevos operadores que entraron a despachar sin previo aviso, algunos por las puertas de atrás de esas unidades hospitalarias.

Así se partió en dos la historia de la medicina en Antioquia, donde la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe (ESE RUU), había heredado del Instituto de Seguros Sociales un valioso patrimonio médico y científico representado en algunas de sus clínicas más importantes. De las fachadas cayó el nombre del General y doctor Rafael Uribe Uribe, reconocido precursor del derecho laboral en Colombia; fue él quien primero impulsó en el Congreso la “ayuda social mutua”, origen del actual régimen de seguridad social, quien abogó por las pensiones de vejez y muerte, por cajas de ahorros para atender calamidades apremiantes del trabajador, por ancianatos y por normas sobre trabajo infantil, juvenil y femenino, salud ocupacional y accidentes de trabajo.
El decreto 405 del 14 de febrero/2007 que ordena la liquidación de la ESE, la privó de su visión, según la cual en 2008 estaría “entre las IPS públicas mejor posicionadas en el mercado de la salud, con énfasis en la alta complejidad, vía apalancamiento tecnológico, mejoramiento continuo de los procesos y con enfoque permanente en el usuario”. La presidenta nacional de Asdesalud, Nubia Henao, calificó lo de aquel 15 de febrero como “el segundo genocidio laboral cometido con los trabajadores del ISS, luego de la escisión de 2003”.

Una incierto camino arranca para la inmensa población usuaria de esta ESE que hasta 2005 atendía a Antioquia, Córdoba y Chocó, y en adelante quedará diseminada en distintas instituciones. Resultado lógico en una ESE dependiente de la EPS-ISS, a la cual vendía 95% de los servicios: 338.497 usuarios son del Seguro Social, 54% de ellos adultos mayores de 45 años. La liquidación es la puntada final en el desmantelamiento de la entidad que de un tajo despidió a 1.313 empleados en noviembre del año pasado, que rebajó su contratación con el ISS de $11.587 millones en 2003 a $7.300 millones en 2006.
Respecto de la purga laboral, el Frente Común por la Salud y Seguridad Social que agrupa a 15 organizaciones, denunció que en los despidos “han irrespetado el retén social pues les han suprimido, en forma arbitraria e inhumana, el cargo a madres y padres cabeza de familia, violando su derecho constitucional a la protección especial por el Estado. Trabajadores a quienes les faltaban 3, 4, 6 meses y hasta un año para jubilarse fueron suprimidos inmisericordemente, en contravía a disposiciones de la Corte Constitucional. A más de 342 trabajadores con fuero sindical, fundadores de Sindetsalud, así como algunos dirigentes sindicales, les fue aplicada la supresión en una clara demostración del poder arbitrario que corrompe toda ley”.
Buena gestión en aguas turbulentas
La ESE Rafael Uríbe Uríbe arrancó en junio de 2003 con 4 clínicas y 36 Centros de Atención Ambulatoria (CAA), y el famoso “día D” en febrero pasado (con un desembarco parecido al de Normandía), apenas conservaba 3 clínicas y 6 CAA en el Área Metropolitana de Medellín y Rionegro (oriente cercano). La decadencia se hizo más visible el último año, cuando muchos CAA más parecían bodegas de materiales que casas de salud.

En 2006 las consultas médicas en la ESE RUU bajaron de 193.574 en el primer trimestre a 160.062, debido a la pérdida de la Clínica Santa Gertrudis de Envigado y al cierre de los CAA de Apartadó, Quibdó y Montería, de acuerdo con la rendición final de cuentas. Por la misma razón disminuyeron en ese lapso las consultas de salud oral de 76.416 a 52.051 mientras que los procedimientos médico-quirúrgicos cayeron de 7.989 a 5.976 por déficit de recursos humanos especializados (anestesiólogos, neurocirujano, ortopedistas y cirujanos generales); las urgencias bajaron de 70.217 a 57.750 y el diagnóstico y apoyo terapéutico de 935.229 a 624.330, este último ítem “por falta de oportunidad de abastecimiento de insumos”, según la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Sólo aumentó en ese lapso la internación de 46.484 a 83.096 casos.
Frente al tremendismo de los considerandos que expone el decreto 405 para la supresión de la ESE, cualquiera imaginaría la empresa más ineficiente en la prestación, irracional en la operación financiera y la más irresponsable en su gestión. Dice por ejemplo que “pese al proceso de reestructuración, la ESE ha venido aumentando el desequilibrio financiero y presenta deficiencias en la calidad y en la capacidad resolutiva de los servicios de salud”; sobre el mismo punto considera que no hay “oportunidad, accesibilidad, continuidad e integralidad en la prestación de servicios de salud”. El memorial de agravios continúa con expresiones como “baja disponibilidad de insumos, mantenimiento de instalaciones y equipos, ausencia de procesos estandarizados, falta de políticas de gestión humana y precario sistema de planeación”. Estas cosas se desvirtúan mirando la rendición de cuentas de la ESE a noviembre/2006: es lógico que haya baja disponibilidad de insumos ante la falta de recursos producto de la enorme cartera, casi toda en cabeza del ISS. Las deficiencias de gestión aludidas contrastan con la rendición de cuentas de la ESE que en el capítulo de Gestión de Calidad señala que de los 6 CAA actuales, 5 tenían certificación de habilitación al terminar 2006, sólo pendiente el de Rionegro de una revisita al Almacén; las 3 clínicas preparaban la documentación para ese proceso, y luego se anota: ”Se presentó el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) ante la Dirección Seccional de Salud de Antioquia con un enfoque de riesgos, el cual fue aprobado”.
Entre los indicadores de calidad están un cumplimiento de 85% en la solución de quejas y reclamaciones y la rebaja del tiempo del tele-operador del Contact Center para prestar los servicios, de 3 a 2 minutos entre enero y noviembre de 2006. Entonces resulta difícil de creer la “ausencia de procesos estandarizados, la falta de políticas de gestión humana y precario sistema de planeación”, cuando la rendición de cuentas abunda en resultados concretos en materia de capacitación, optimización y racionalización de recursos humanos que no es del caso especificar. Frente a la consideración de deficiencia en mantenimiento de instalaciones y equipos, el capítulo de Gestión Tecnológica de la Rendición dice que el porcentaje de ejecución en mantenimiento de equipos fue de 96.85% en 2006.
El decreto 405 también considera que la Contraloría General de la República dictaminó que la ESE “no asignó los recursos que requería para estas actividades de manera económica, los objetivos y metas no se lograron de manera eficaz y el sistema de control interno obtuvo una calificación que corresponde al nivel de riesgo alto”, y luego dice que la Revisoría Fiscal determinó que “los estados financieros reflejan pérdidas operacionales acumuladas, donde se observa iliquidez y rentabilidad negativa”. Cabe preguntar: ¿cómo se cuestiona la asignación de recursos en una empresa donde según la Rendición de Cuentas la cartera activa con el ISS llegó a $24.773 millones (85.4% del total de cartera) a noviembre de 2006 y donde la cartera en conciliación es de $15.990 millones, 82% de esta suma como deuda del ISS? ¿De dónde proviene entonces la asfixia financiera cuando el gobierno, para acabar de ajustar, le aplica la eutanasia al deudor principal? Ahora, ¿podrá culparse a la ESE Rafael Uribe Uribe de desequilibrio financiero cuando a pesar de las pérdidas operacionales acumuladas logra pasar de un déficit de $8.878.996.000 en 2005 a una utilidad de $3.832.844.000 en el ejercicio de 2006, “por la gestión en el proceso de facturación y los efectos producto del saneamiento contable”, mientras que las cuentas por pagar a proveedores bajaron 34% y la facturación de servicios subió 8%? Además, ¿cómo logró esta ESE estar al día en sus obligaciones laborales a noviembre de 2006, como lo señala la Rendición de Cuentas?
 
“No hay por qué
alarmarse”, dice el gobierno
En el luctuoso ambiente que vivían las clínicas y CAA de la ESE Rafael Uribe Uribe el pasado 15 de febrero cuando quedaba en vilo la supervivencia de unas 1.200 familias antioqueñas, el vicepresidente de la EPS-ISS, Álvaro Vélez Millán disimuló en Medellín la gravedad de la crisis con anuncios según los cuales no había motivo de alarma. En vez de la liquidación de la ESE, en el boletín oficial apareció el título EPS del iss amplía red de prestadores de servicios de salud en Antioquia. El funcionario declaró en rueda de prensa: “En este proceso de mejoramiento el que debe ganar es el usuario”, y respecto del impacto laboral manifestó: “Los trabajadores de la ESE Rafael Uríbe Uríbe no tienen por qué preocuparse, porque sus derechos laborales no serán vulnerados”. Puntualizó que el ISS dispuso $70.000 millones para las liquidaciones de los servidores de planta. El propio presidente Uribe recalcó ese mismo día: “Tenemos en caja los $70.000 millones para pagarles equitativamente a todos sus funcionarios. Y nadie va a ser defraudado”. El vicepresidente de la EPS-ISS agregó que se destinaron $52.000 millones para financiar los contratos de prestación de los servicios regulares y otros $7.000 millones para evacuar la represa de citas y procedimientos quirúrgicos; aseguró que en 3 meses se contempla superar la represa de 2.605 cirugías en lista de espera.
Para suplir la ESE liquidada, se dispusieron nuevos operadores: la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia para la Clínica León XIII de Medellín (con capacidad de absorber a los 900 servidores), el Hospital Marco Fidel Suárez para la Clínica Víctor Cárdenas Jaramillo de Bello, el Municipio de Envigado para la Clínica Santa Gertrudis de Envigado, el Hospital San Rafael para la Clínica Santa María del Rosario de Itagüí, los hospitales locales y otras entidades públicas y privadas para los CAA de Caldas y Rionegro, al tiempo que se firmó un contrato con Metrosalud para la utilización de sus centros de atención en 8 zonas de Medellín y se dispuso una red de prestadores para la región de Urabá. Todo esto forma parte del plan de contingencia que durará 6 meses.
Vélez Millán advirtió que la atención de los pacientes de alto costo no está en lista de espera, pues actualmente reciben tratamiento 4.497 pacientes de la EPS-ISS con cáncer, 1.685 cardiovasculares, 680 con VIH, 462 con hemodiálisis y 318 con diálisis peritoneal. Sobre el suministro de medicamentos, informó que serán entregados por las clínicas, centros de atención médica y puntos de atención farmacéutica, y agregó que a diciembre 30 de 2006 el ISS pagó $14.000 millones a la red hospitalaria antioqueña.
A pesar de los optimistas anuncios del doctor Álvaro Vélez y de la copiosa publicidad que desplegó la moribunda entidad con la frase “Vale la pena quedarse en la EPS del Seguro Social”, y con argumentos como este: “Apreciado usuario: La EPS-ISS le garantiza la continuidad en la prestación de los servicios de salud con calidad y oportunidad”, muchos se preguntan: ¿sí valdrá la pena quedarse, cuando el doctor Vélez admitió que 62% de las tutelas de salud puestas al Seguro ocurren en Antioquia? En sus últimos meses de vida, la ESE Rafael Uríbe Uríbe se quejó del malestar financiero generado por la gran deuda del ISS, lo que obligó a declarar la emergencia hospitalaria en varias ocasiones, sobre todo por carencia de especialistas. El gerente Carlos Aguilar Rodríguez manifestó pocos días antes de la liquidación: “Sabemos que otras ESE escindidas del ISS ya recibieron estos recursos y no entendemos por qué se da este trato diferencial”. En entrevista concedida al diario El Mundo, concluyó que “respetará, acatará y facilitará las decisiones que el gobierno nacional adopte para superar la crisis de la ESE”.
 
¿Qué sigue?
Singular expectativa reina en la tradicional Clínica León XIII, donde trabajan unos 900 empleados y cuyos servicios asumió la IPS Universitaria, entidad dotada de excelente infraestructura y con el sólido respaldo científico de la Universidad de Antioquia. El director de la IPS, Jaime Poveda Velandia, recalcó la promesa del vicepresidente de la EPS-ISS, Álvaro Vélez, en el sentido de absorber a los servidores de esa unidad hospitalaria, previo análisis de necesidades. Queda por determinar el nuevo tamaño que tendrán las plantas de personal en clínicas y CAA. La IPS Universitaria, explicó Poveda Velandia, hizo alianza con 28 Cooperativas de Trabajo Asociado que agrupan a más de 1.000 empleados, habrá refuerzos en la parte directiva docente, de suministros y mantenimiento, y de especialistas y profesionales generales para habilitar áreas abandonadas.
Muchas inquietudes quedan aún por resolver y muchas deudas por saldar, sobre todo las del Seguro Social, que dicho sea de paso no son sólo las de la cartera activa y en conciliación: está por ejemplo la deuda con la justicia de la EPS-ISS Antioquia, donde el gerente anterior pasó navidad y año nuevo en la cárcel de Yarumito por desacatos a tutelas y tiene 135 días acumulados de condenas por ese concepto.
 
 
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