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La Defensoría del Pueblo y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, Unicef, presentaron recientemente el informe
La Niñez y sus derechos, Caracterización de las
niñas, niños y adolescentes desvinculados de los
grupos armados ilegales, un análisis cualitativo y cuantitativo
de la experiencia de los niños desvinculados antes, durante
y después del período de reclutamiento. Colombia
es uno de los 30 países en el mundo en los que los niños
se ven afectados por el conflicto armado y se estima que ocupa
el cuarto lugar con mayor número de niños y niñas
en los grupos armados ilegales, cifra que se ha estimado en
11.000 menores.
El estudio realizado tuvo en cuenta las experiencias de 329
de los 525 niños y niñas que se encontraban en
el momento en el Programa de atención a niños,
niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados
irregulares, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La edad promedio del reclutamiento al grupo armado es de 12
años y la distribución por sexo es indicativa
de una prevalencia de la población masculina con el 68%.
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Dentro de los hallazgos más relevantes
de la investigación se puede mencionar que la mitad
de los niños entrevistados experimentó de cerca
episodios de violencia severa como tomas armadas (51,3%),
masacres (46,3%) en sus lugares de residencia, y el 24,8%
mencionó haber sido víctima de desplazamiento
forzado (el menor o alguien de su familia). El 60% afirmó
tener familiares en algún grupo armado ilegal. El 15%
de los niños y el 25,2% de las niñas expresaron
que la violencia y la falta de afecto en sus familias influyeron
como factores para ingresar al grupo armado. La explotación
en trabajo infantil fue una constante en la vida de estos
menores antes del reclutamiento: más del 90% afirmó
haber realizado por lo menos un tipo de actividad productiva
no doméstica y/o doméstica antes del ingreso
al grupo armado.
La mayoría de la población estudiada (83,7%)
mencionó haber ingresado de manera “voluntaria”
al grupo armado. La mayoría de los menores desconocían
en el momento de vincularse al grupo, las implicaciones y
la naturaleza misma de la condición de combatientes.
Entre la multiplicidad de razones aducidas para ingresar al
grupo se destacan las económicas, familiares y las
de identidad. Entre las económicas están la
falta de oportunidades, las necesidades de sustento propio
o de la familia y las promesas de dinero realizadas por los
grupos; y entre las razones de índole familiar, se
observan factores afectivos, como la presencia de un familiar
en las filas y los problemas relacionales en las familias
de origen, tales como la violencia intrafamiliar y sexual.
El método más frecuentemente utilizado para
forzar la entrada de niños, niñas y adolescentes
al grupo armado, es la amenaza contra su familia o contra
el menor. Asimismo, durante el período de reclutamiento,
estos niños debieron cumplir actividades propias de
los grupos armados ilegales como los demás combatientes,
con una amenaza inminente a su vida e integridad.
Los contextos de deprivación económica, la falta
de acceso a servicios de educación, salud, bienestar
y recreación, así como la carencia de redes
afectivas y de protección, entre otras condiciones
de vulnerabilidad, influyen de manera determinante en el ingreso
de esta población a las filas.
Estudios como éste permiten conocer la realidad de
cientos de niños y aproximarse al entendimiento de
los factores que favorecen el reclutamiento ilícito.
Preocupa la continuidad en el reclutamiento de menores por
parte de los grupos armados ilegales y la disminución
en la edad mínima de reclutamiento, temas que demandan
atención urgente. Se requiere la prevención
del reclutamiento forzado y del restablecimiento de derechos
e inclusión social productiva a la población
afectada por este flagelo. Con base en el principio de corresponsabilidad
se pone de relieve un problema que no sólo le atañe
al Estado y a las familias de los niños, sino que también
le concierne a toda la sociedad civil.
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