Ley de talento humano en salud: ¿Para qué y para quién? Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co La necesidad de una ley que regulara la labor del talento humano en salud se puso en la palestra desde 1994, sólo un año después de implementada la Ley 100. Desde entonces se han tenido proyectos de ley presentados al Congreso de la República que fueron rechazados o retirados, promesa de la ley desde el alto gobierno, discusiones desde la academia, sociedades científicas y gremios, investigaciones de asesores internacionales financiadas con recursos del Programa de Apoyo a la Reforma en Salud -PARS- y varios libros sobre el tema, todo lo cual evidencia la importancia que tomó este asunto “pendiente” en salud. Sin embargo, pocos han planteado la pregunta más simple y que puede esclarecer el fondo de la nueva Ley 1164/07: ¿Una ley para el talento humano en salud, era importante y necesaria para qué y para quién? Antecedentes El primer elemento de análisis es que la reforma de 1993 -Ley 100- no consideró el “quién” la iba a llevar a cabo; por ello desde 1994 el tema es preocupación del gobierno, que contrató varios estudios financiados a través del PARS, los cuales concluyeron que médicos y profesionales de la salud con el perfil “hipocrático” característico del momento, no “casaban” con el modelo que la Ley 100 imponía. Durante 13 años de evolución del problema, para el gobierno y algunos actores del nuevo sistema, se evidenció la necesidad de otra forma de práctica médica, porque el perfil del recurso humano era un obstáculo para profundizar el desarrollo a la reforma y era necesario acompasarlas. La realidad mostraba que profesionales y estudiantes de áreas de la salud eran muy buenos en la parte científica, pero en la parte administrativa no tenían la capacidad de asimilar la cantidad de vericuetos administrativos que conllevaba la reforma, y terminaban perdidos (aún hoy) en los laberintos del sistema, por lo que eran un obstáculo a la normatividad. Otro aspecto: el “quehacer” de esas personas requería una transformación profunda para el óptimo funcionamiento del nuevo sistema, ya que sus actos estaban cimentados sobre el Juramento Hipocrático, o por lo menos se vivían como fruto de una “vocación” que el profesional introyectaba a manera de “Decálogo”, sin que necesitaran normas externas a sus convicciones para regular su conducta. Pero ese pensamiento, romántico para algunos, no se compadece con la concepción liberal de la economía y del modelo de Estado donde lo esencial es la regulación, y los individuos regulados desde la ética no “casan” con el esquema, ya que el libre mercado orienta al sistema, mientras el Estado se limita a establecer mecanismos de control para que la economía fluya sola con 'mano invisible' del mercado, y las menos cortapisas posibles. Al entrar la prestación de servicios de salud en esa lógica de mercancía, la introyección individual de las normas transformadas en comportamientos de los profesionales, debía reemplazarse por controles legales y convirtió en necesidad del sistema la existencia de una ley. Un nuevo quehacer La Ley 1164 que regulará el recurso humano en salud, fue iniciativa del Congreso con el apoyo de algunos gremios de la salud, situación que llamó la atención de varios analistas puesto que fue el gobierno nacional el que durante 6 años hizo las investigaciones y estudios que la soportaban -lo cual ponía el tema en su esfera directa de intereses-, pero de un momento a otro apareció como preocupación del Congreso. Dicho viraje en el origen de la iniciativa, que incluyó a sectores de trabajadores de la salud interesados en un “empresarismo médico” y que terciaron a favor del proyecto, se relaciona con el estudio paralelo de la reforma a la Ley 100 y que terminó como la Ley 1122, ésta sí de iniciativa gubernamental. Esto lleva a pensar al doctor Carlos Giraldo, presidente de Asmedas en Antioquia, que la ley de talento humano funcionó como una especie de 'pago' entregado por el gobierno nacional a los gremios, a cambio de evitar posibles críticas y oposiciones frente a la reforma a la Ley 100: “La mayor contradicción de esta ley, es que se podría encontrar ingenuamente que tiene cosas interesantes luego de las transformaciones que tuvo en los debates, pero la verdad es que las pusieron allí porque no significaba riesgo en términos del desarrollo del sistema actual de seguridad social, incluir asuntos éticos o del desempeño profesional, y pierde su trascendencia ante el carácter avasallante de los factores financieros alrededor del sistema”. Para el doctor Giraldo, la ley afecta el desempeño de los profesionales, al poner en duda su idoneidad pese a la existencia de un título expedido por una universidad y obligarlos a estar demostrando en términos burocráticos su capacidad a través de la recertificación, lo que genera una limitación real para el ejercicio profesional, y que podría conducir incluso, a la cesación del ejercicio. A esto se suma el manto de duda que se siembra sobre el sistema de educación superior, por cuanto la ley iguala a los colegios de profesionales con las universidades, al entregarles la condición de recertificadores: “No se entiende cuándo los colegios adquieren la misma condición de las universidades, y con una advertencia: se supone que la universidad tiene valor moral y autonomía para velar por la mejor formación posible, cosa que no se puede suponer o que es incierta respecto de colegios que incluso apenas se van a constituir”. El presidente de Asmedas en Antioquia señaló cómo la esperanza que tenían algunos trabajadores de la salud frente a la promesa de que la ley cambiaría algunas de sus condiciones laborales con el establecimiento de tarifas mínimas, se vio defraudada al dar la vuelta el concepto y terminar ligadas al valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), situación igual a la actual: “Estar atados a la UPC es seguir ayudando a financiar el sistema de cuenta del trabajo y de los salarios de los profesionales. Y desde el punto de vista gremial, la ley no fue un factor de cohesión sino de escisión, porque quedamos con unos sectores de trabajadores que defienden la ley y que incluso piensan que es un logro para los trabajadores, mientras otros pensamos que son más cortapisas para el ejercicio”.   Más información... 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