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En el enfoque memorístico, por el contrario, prima
la repetición de fórmulas y conceptos, en un
cronograma de materias, como rellenando un chorizo. Siempre
que los estudiantes cumplan el cronograma y pasen los exámenes,
la capacidad de solucionar los problemas propios de cada profesión
pasa a segundo lugar. Es un sistema que deforma al mismo tiempo
que forma: los estudiantes aprenden técnicas y estrategias
para pasar las pruebas, pero no necesariamente para resolver
los retos de su profesión. Por eso se ven tantos profesionales
que no saben leer ni redactar, ó que aprobaron matemáticas
y estadística pero que no las entienden, ó que
perdieron el interés ó el gusto por materias
que aprobaron.
Sin embargo, existe un círculo vicioso que atrapa la
educación superior en el método trasmisionista.
Los profesores enseñan de memoria porque así
aprendieron, y es lo que saben hacer. Consideran que memorizar
es más eficiente: al estudiante se le pueden descargar
tableros llenos y éste se los tiene que “aprender”
si quiere aprobar. Consideran el aprendiz como una hoja en
blanco, que no puede entrar en desacuerdo. “De memoria”,
los profesores pueden cumplir con programas y cronogramas
sin esfuerzo, cosa que sería muy difícil con
otra pedagogía, como la del descubrimiento. Los estudiantes
“se tardan mucho descubriendo o se distraen descubriendo
otras cosas”, dicen algunos profesores, es decir, “pierden
el tiempo”. ¿Por qué las universidades
tienen profesores así? Porque la mayoría son
de cátedra, dan su clase y se van, el 75% en las privadas
y el 45% en las públicas. La mayoría apenas
tiene pregrado ó especialización, muy pocos
maestría, y casi ninguno doctorado; excepto que usted
se dirija a una universidad muy costosa.
El tercer problema es la pérdida de autonomía
y competencia de los profesionales para decidir y actuar como
tales, detrimento que se le viene atribuyendo al modelo de
atención gestionada del aseguramiento. Independientemente
de que se comparta ó no ese punto, la petición
de un ejercicio profesional autónomo es un clamor.
No hay que olvidar que la Ley 1164 comenzó como alternativa
al polémico proyecto de ley 017, que el gobierno retiró.
En aquel momento, como ahora, muchos anhelaban para su especialidad
una ley que resguardara su ejercicio, como la Ley 5ª
de anestesia.
Lo que trajo la Ley 1164
Frente a los problemas expuestos, el legislativo desarrolló
en la Ley 1164 instrumentos como el Consejo Nacional de Talento
Humano que estará capacitado para conocer y estudiar
cada área profesional con sendos comités; este
Consejo asesorará sobre la pertinencia de los programas
educativos. No obstante, la Corte en el examen de objeciones,
restringió sus funciones a un nivel asesor.
En segundo lugar se estableció el Observatorio del
Talento Humano, encargado de difundir y promover la información
objetiva de manera amplia, de modo que los aspirantes a programas
educativos y sus familias puedan decidir con objetividad.
En materia de calidad se creó la recertificación
profesional, que es todo un debate, no porque la medida sea
cuestionable, sino porque la estructura fijada para hacerla
realidad generó una oposición muy fuerte.
La Ley otorgó a los Colegios Profesionales un papel
relevante para la recertificación, pero estas organizaciones
aún no están plenamente desarrolladas, dejándole
al sector educativo un enorme malestar, que es el de imaginar
que sus egresados serán evaluados por terceros. No
debe perderse de vista que el sector educativo es el que más
sabe de su negocio, y podría verse valorado por organizaciones
que no tienen la misma experiencia. Sin embargo, la recertificación
tiene aspectos positivos: la participación de un actor
diferente a educación puede superar el bajo impacto
de sus autoevaluaciones, que hasta ahora no conducen a un
control decidido de pertinencia, ni a inversiones suficientes
para mejorar la calidad.
Por otro lado, no es un secreto que la recertificación
generará oportunidades económicas, técnicas
y políticas, y sobre ellas se desató una competencia
abierta. Están en discusión los beneficios de
la capacitación y el re-entrenamiento, el producido
de la recertificación en sí misma, el prestigio
y el desarrollo institucional que promete el proceso, y por
último, el poder que genera evaluar los profesionales
y a las universidades indirectamente.
Interrogantes
Sin embargo, los interrogantes son muchos. Evaluar
profesionales es complejo y diferente, por ejemplo, de examinar
bachilleres. Las pruebas que se vienen haciendo por competencias
profesionales, ECAES, no son comparativas como las pruebas
de Estado (secundaria) ni permiten hacer escalafones.
En el caso de las profesiones no existe un modelo teórico
práctico, ideal, que establezca cómo debe ser
cada profesional. ¿Cómo es el médico
ó la enfermera ideal? Cada universidad tiene su propuesta,
que en esencia es única. Y por ende, ¿cómo
se evaluarán egresados de programas distintos con justicia?
¿Se forman igual personas de estrato II y III, hijos
de padres bachilleres, que personas de estrato VI que estudiaron
en colegio bilingüe, tienen computador en casa, portátil
en el auto y padres profesionales ó empresarios? ¿Cuál
será el rasero para evaluar? Obsérvese que esta
condición puede derivar en inequidades. La educación
es elitista. Cierto: es de excelencia, hay exámenes,
es por mérito y todo esto, pero también deben
existir oportunidades para los más pobres ó
por ejemplo, para quienes tuvieron un bachillerato de menor
calidad. Podría suceder por ejemplo, que para recertificar
se adopte un perfil favorable a egresados de universidades
de estratos altos, pero eso se convertirá en una barrera
de acceso a la educación superior para aquellos de
menores ingresos, ó lo que es peor, un impedimento
para que ejerzan sus profesiones después de haber hecho
un esfuerzo tan enorme como el que se requiere para graduarse.
Si todo esto llevara a un control de cupos, ¿por dónde
se los reduciría?
En suma: un proceso de recertificación mal llevado
podría exponer a los profesionales de ciertas universidades
a evaluaciones injustas, al mismo tiempo que podrían
favorecerse propuestas pedagógicas determinadas. Imaginémonos
cuales son las competencias que debe tener un médico
ó una enfermera. Unas universidades hacen énfasis
en la clínica, otras en la investigación, otras
en el trabajo comunitario. ¿Qué es mejor? Y
los profesionales que se formaron hace 20 años, ¿cómo
van a ser comparados?
Es decir: la recertificación puede generar un sistema
de evaluación que mejore la calidad de la educación
y la atención de los colombianos, pero no es algo tan
fácil de hacer como parece. ¿Quién va
a hacer la tarea? Las universidades, los colegios y el gobierno
van a estar, pero, ¿en qué condiciones? Es el
debate actual, y como puede verse, es de hondo calado, pero
en todo caso debe quedar claro que tenemos que superar el
sistema educativo masificado y absolutamente desbordado que
se impulsó para aumentar coberturas. Hoy más
que nunca, ante un mundo globalizado y cada vez más
competitivo, la calidad es un imperativo, y ese es el principio
que debe inspirar la reglamentación de la Ley 1164.
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