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Persiste estado de
cosas
inconstitucional para los desplazados
Yuly
Atehortúa Mira - Periodista - elpulso@elhospital.org.co
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millones de personas bien podrían ocupar el territorio
de Medellín o Bogotá. Según informes recién
presentados a la Corte Constitucional, ese número de
mujeres, hombres y niños desplazados, llegaron a su situación
más crítica por falta de alimentos, trabajo, salud,
vivienda y tierra donde volver a empezar. Después de
4 años de la Sentencia 025, persiste el estado de cosas
inconstitucional. |
| Imagínese
por un momento que un día cualquiera llegaran a su casa
y le ordenaran salir de inmediato con su familia. Dejar las
cosas por las que tanto ha luchado, el trabajo con el que se
da la vida que puede, el carro, los amigos o… lo matan. |
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Imagínese
que después de vagar por meses, tocar puertas apremiado
por ese vacío doloroso en el estómago que anuncia
hambre, llegue a un lugar en el que quizás podría
quedarse y empezar de nuevo. Y lo vuelvan a sacar, con sueños
y todo. Imagínese que un día mire para atrás
y en esas hayan pasado 5, 10 años de su vida, y no
tenga nada…
No es muy reconfortante verse dentro de ese escenario. Para
los 4 millones de personas desplazadas por el conflicto armado
interno y que intentan sobrevivir en Colombia, es simplemente
su realidad. Ellos, a diferencia de usted o yo, la vienen
resistiendo a diario y quién sabe hasta cuando: el
pasado 4 de febrero, la Encuesta Nacional de Verificación
encargada por la Comisión de Seguimiento a la Política
Pública sobre el Desplazamiento al Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, y presentada
a la Corte Constitucional, concluyó que las condiciones
de vida de los desplazados atravesaban por una situación
“crítica”, en derechos tan cruciales para
la vida como la alimentación, la salud, la vivienda
y los ingresos.
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El informe mostraba lo que ya sabemos
pero no alcanzamos a imaginar: casi 4 millones de niños,
mujeres y hombres están muriendo de hambre porque no
tienen qué comer ni con qué comprar, o de enfermedades
asociadas al hacinamiento por compartir casa con una o más
familias y dormir con mínimo 3 personas en cada cuarto.
Y no cuentan con empleos dignos que les den los recursos necesarios
para darle vuelta a la hoja; de hecho, la mayoría de
las mujeres (33,9%), ocupadas como empleadas domésticas,
y la mayoría de los hombres (20,2%), como jornaleros,
apenas pueden sostener familias de hasta 5 personas. Las mujeres,
que son cabezas del 45.2% del total de hogares desplazados,
tienen una tasa mayor de desempleo del 13,4% frente al 6,8%
de los hombres.
Además, solo un 23,9% de la población ocupada
trabaja jornadas legales (40 a 48 hr/sem) mientras el 50,7%
tiene que trabajar más de 60 horas semanales. De ellos,
sólo el 11,1% está afiliado a una ARP, el 12,4%
a una EPS y el 9,3% a Pensiones, mientras que apenas el 1%
de los independientes tienen seguridad social.
Como si fuera poco, el Informe a la Corte revela que “es
crítico también el grado de realización
de derechos como la atención inmediata en salud, la
ayuda humanitaria de emergencia, la protección de bienes
abandonados y la reparación, para la cual además
existe un alto grado de desconocimiento”. Paralelo a
esta Encuesta, el gobierno también entregó su
informe sobre el tema a la Corte Constitucional, para rendirle
cuentas sobre los avances gubernamentales en el cumplimiento
de los derechos violados a los colombianos desplazados, luego
que el alto tribunal emitiera la Sentencia 025 de 2004 en
la cual declaró un estado de cosas inconstitucional
en la situación del desplazamiento.
Sin tierras no puede haber
retorno
A una semana de presentarse
el informe del gobierno a la Corte, en el que argumentaba
que el Estado no tenía recursos para brindar solución
de vivienda a todas las familias desplazadas, se conoció
la intención del ministro de Hacienda, Andrés
Felipe Arias, de entregar 17.000 hectáreas del lote
Carimagua en el Meta, a inversionistas privados con fines
de explotación. Como esas tierras fueron destinadas
a 500 familias desplazadas en un fallo judicial en 2005, tuvo
que intervenir el Defensor del Pueblo afirmando que sólo
los desplazados podían habitarlas.
Este caso muestra como la política estatal de tierras
en relación con los desplazados -solo se entrega lotes
a quienes tengan capacidad para producir- es evidentemente
violatoria de los derechos humanos, aún incluso después
de suscribir la Carta de Derechos de los Desplazados, en la
que afirma que son sujetos de especial protección por
el Estado.
Para Marco Romero, presidente de la Consultoría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), con tales
argumentos se descarta prácticamente a todos los desplazados,
que en un 98% están en condiciones de pobreza. Para
él, “es absolutamente contraproducente la doctrina
del ministro Arias, porque va contra cualquier posibilidad
de que los desplazados alguna vez tengan un proyecto productivo”.
Pero además, la ausencia de tierras se constituye en
el principal impedimento para que los desplazados retornen
a sus lugares de origen; en muchas ocasiones, los desplazados
consiguen la cooperación internacional, los gobiernos
locales apoyan los proyectos productivos, pero la obstaculización
del proyecto siempre es la obtención de la tierra.
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Algunos resultados de la
Encuesta
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La
Encuesta evaluó la situación de desplazamiento
entre 1999 y 2007. De 6.600 hogares consultados, el 45,5% atribuye
el desplazamiento a amenazas directas, el 17% a asesinatos,
y el 10,7% a combates, especialmente en zonas rurales.
El 37% de la población desplazada (según el gobierno
2.3 millones de personas y más de 4 millones según
Codhes), señala como presunto autor responsable del desplazamiento
a los paramilitares, el 29,8% a las Farc y el 3,0% al Eln.
Hay un impacto étnico del desplazamiento: 3,7% de la
población se autoreconoce como indígena y un 21,2%
como negra o afrocolombiana.
Un 54,3% de la población desplazada es menor de 20 años.
El 45,2% de las personas en edad laboral está ocupada
y un 4,8% desocupada, lo que implica una tasa de desempleo del
9,6% (vs. ocupación del 53,9% y desempleo del 11,0% para
la población colombiana a noviembre de 2007). El 34,2%
de los ocupados trabaja como obrero, el 13,8% como empleado
doméstico, el 13,2% como jornalero, el 37,4% como independiente,
y el 1,3% como trabajador sin remuneración. |
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Volver… ¿Cómo?
Un impedimento anexo es la
seguridad: no existen condiciones para volver a las tierras.
Según la Encuesta, un 69,2% de la población
no desea o no puede retornar por la persistencia de las causas
que motivaron su salida forzada, el 76,4% desea permanecer
en el lugar actual, el 9,4% reubicarse o salir del país,
y solo el 3,1% retornar (aunque el gobierno afirma que se
han dado 500.000 retornos, no informó de las condiciones
en que se hicieron). “En general la gran mayoría
de desplazados encuestados prefiere quedarse en las ciudades,
porque no cree que hayan cambiado las condiciones de seguridad
en la región y no hay proyectos productivos que soporten
el retorno”, sostuvo Romero.
La Corporación Viva la Ciudadanía es consecuente
en que la continuidad del desplazamiento en muchas regiones
evidencia fallas en la política de seguridad, poco
efectiva en materia de derechos humanos y Derecho Internacional
Humanitario. Por otra parte, para Romero, el gobierno refuerza
su discurso con el desconocimiento de la obligación
de reparar a los desplazados, mientras promueve un proyecto
de reparación administrativa, presentado a instancias
de la Comisión de Reparación y Reconciliación,
para reparar a las víctimas del conflicto y de minas
antipersonales antes que ocurra una demanda judicial, pero
que no incluye a los desplazados.
En otras palabras: no hay tierras, no hay condiciones y tampoco
hay recursos para los desplazados. O por lo menos eso asegura
el gobierno.
El Codhes reconoce que el gobierno Uribe ha asignado más
recursos que cualquier otro por obra de la Sentencia 025,
que le exigió incluir un plan financiero en el Plan
de Desarrollo. No obstante, las destinaciones no se compadecen
con las necesidades: hay 500.000 familias y más del
50% carecen de una casa digna, mientras el gobierno proyecta
entregar 40.000 subsidios de vivienda en los próximos
4 años. Además, los recursos asignados a desplazados,
se recortan de los destinados a población pobre: esta
redistribución por lo bajo solo trae más exclusión
y mayores necesidades insatisfechas.
Según Romero, es urgente un mayor esfuerzo del gobierno
para obtener los recursos que se necesitan vía distribución
del ingreso, teniendo en cuenta que el gobierno dice que la
economía está creciendo al 7% y que la capacidad
tributaria y de recaudo aumentó. “En 2007 se ordenó
al Fosyga desembolsar $1.2 billones de recursos invertidos
en TES, hay recursos del ICBF invertidos en TES. Eso prueba
que el tema no es recursos, sino falta de voluntad política
y de una decisión de actuar como Estado de Derecho”,
concluyó.
Avances…pocos
En general muchos datos del
informe estatal y del contrainforme de las ONG coincidieron.
El gobierno reconoció ante la Corte que los temas en
que hay más atraso para el cumplimiento de la Sentencia
025 son los relacionados con vivienda, tierra y fuente de
ingresos para generar proyectos productivos, variables de
las que precisamente depende la situación socioeconómica
de las personas. De hecho, los informes arrojan datos de 98%
de personas por debajo de línea de pobreza y 78% bajo
la línea de indigencia.
Se mostraron avances en el acceso a la salud, con mayor la
afiliación al régimen subsidiado, pero se detectó
un altísimo número de casos de desnutrición
infantil, muchos sin recibir tratamiento médico, y
casos de personas con discapacidad física o mental
en 17.5% de los hogares, atribuidos a minas antipersona y
acciones de violencia que generan traumas físicos y
psicológicos.
En educación mejoró el acceso, el 82% de desplazados
están en el sistema educativo, pero la Encuesta reveló
el “entorno de discriminación que tienen que vivir
niños y niñas en situación de desplazamiento”,
así como elevadas tasas de extraedad y deserción.
Persiste estado de cosas inconstitucional
A partir de la sentencia T-025,
la Corte Constitucional ordenó al gobierno garantizar
el cumplimiento de los derechos negados a la población
desplazada, adoptar indicadores de obligatorio cumplimiento
y presentar informes sobre sus acciones al respecto. La Comisión
de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento
fue designada para verificar si se cumplen o no los indicadores.
Si bien la Corte Constitucional reconoce temas en los que
hay avance, anunció que si hay incumplimiento del Estado
se pueden dar incidentes de desacato en el alto gobierno.
“A raíz de la sentencia 025, la Corte hizo audiencias
de evaluación en 2006 y 2007, y en ellas dio otras
fórmulas para el cumplimiento, pero ya estamos en etapa
de cierre porque si el estado de cosas inconstitucional se
vuelve permanente, no tienen sentido estas figuras. Si el
gobierno argumenta que los problemas son tan complejos y estructurales
que no se puede cumplir, hay que interponer incidentes de
desacato”, sostuvo Romero.
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