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Acciones del gobierno:
meros formalismos: Procuraduría
Olga
Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co
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La Procuraduría
General de la Nación considera que las medidas adoptadas
por el gobierno nacional, todavía continúan sin
garantizar el acceso equitativo y oportuno de los ciudadanos
a los diferentes servicios de salud, en forma oportuna, eficaz,
de calidad y con dignidad. Las decisiones adoptadas sólo
pasan a ser formalismos y no se cumple con todo lo ordenado
por el Tribunal Constitucional; las reiteradas quejas
se manifiestan en una constante transgresión de los derechos
fundamentales de acceder a la salud y que por las demandas del
servicio terminan en acciones de tutela. Así se
pronunció el Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez, en la audiencia de la Corte.
Defendió una reforma estructural: El mayor obstáculo,
es que no se revisa el modelo de salud en sus estructuras. La
problemática del SGSSS obedece a fallas estructurales,
y si la norma no tiene vocación de aplicabilidad y desarrollo,
con mayor razón se debe aplicar una reforma estructural
al sistema, concibiéndola más equitativa a partir
de la lógica de derechos fundamentales y referencias
jurisprudenciales, y no de la eficiencia económica.
Respecto de las medidas necesarias para superar definitivamente
la problemática que aqueja el sistema de salud, indicó
que se debe generar un proceso de cambio que elimine barreras
de acceso y garantice efectivamente los derechos fundamentales
de la población, basado en principios constitucionales
y postulados éticos, antes que la importancia dada al
sector privado, leyes del mercado e interés de los actores.
Reiteró recomendaciones, como disminuir el número
de intermediarios que puedan actuar como barreras para la atención
integral y con calidad a pacientes y el buen desempeño
laboral del personal de salud, generar mecanismos para blindar
instituciones estatales del clientelismo y efectos negativos,
y establecer políticas de compromiso de actores públicos
y privados con los valores públicos que deben regir las
decisiones y acciones en salud.
En materia disciplinaria, la conducta investigada más
recurrente es el mal manejo de recursos en el sector salud y
la no contratación oportuna de prestación de servicios
a la población del régimen subsidiado. Iniciaron
investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos
y gestores privados que administran recursos del erario o ejercen
funciones públicas, en eventos no ajustados a la norma:
35 investigaciones contra EPS, 128 contra funcionarios de entes
territoriales y 51 contra Empresas Sociales del Estado.
La Procuraduría desarrolló con la colaboración
de entes territoriales y EPS, mesas de trabajo que facilitaron
movilizar cuantiosos recursos a favor de prestadores de servicios
que superan $600.000 millones y la liquidación efectiva
del 80% de contratos que debían haberse finiquitado hace
una década, y que involucraban importantes recursos contratados
y sin liquidar por más de $11 billones, de 22 departamentos.
Finalmente, la Procuraduría reveló que inició
indagación preliminar por presuntas irregularidades administrativas
al Ministerio de la Protección Social, sobre administración
del Fosyga, especialmente respecto del trámite de recobros
por EPS. |
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