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En conmemoración de los 20 años de la Constitución
Política de Colombia, se realizó un acto académico
con el tema “¿La salud, negocio o derecho fundamental?”,
en el Hospital General de Medellín, el pasado 24 de
junio. Allí se hizo un amplio análisis del papel
de la acción de tutela en la reivindicación
del derecho a la salud, dos investigaciones mostraron los
altos costos de este medio legal y se enfatizó la necesidad
de reconocer y defender el concepto de la salud como derecho
fundamental. Los analistas demostraron como la tutela es desde
la Constitución del 91, el mecanismo por excelencia
para hacer valer el derecho a la salud de los usuarios -pese
a sus millonarios costos-, y concluyeron que esta acción
legal debe permanecer en el tiempo, aún si se reformara
el sistema de salud.
“La tutela es la joya de la
Corona de la Constitución”
“En este país, quien ha sostenido la vigencia
y el goce efectivo de los derechos fundamentales es el tribunal
constitucional, con todo y sus limitaciones”, afirmó
Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva la
Ciudadanía, al referirse a la acción de tutela,
a la que han acudido casi 3 millones de ciudadanos. “El
Estado tiene que invertir muchísimos recursos en el
trámite de las tutelas, pero es el único instrumento
con que cuentan los colombianos para hacer valer sus derechos.
Es el instrumento para reivindicar derechos y como tal seguirá
existiendo: es la joya de la Corona de la Constitución
de 1991”. Más advirtió: “La Corte
Constitucional interpreta el derecho fundamental a la salud
desde la perspectiva de la Ley 100, considerando que estaba
bajo los parámetros de la Constitución, y luego
con la Sentencia T-760 concede el carácter de derecho
fundamental a la salud independientemente del derecho a la
vida, lo que es una contradicción”.
“Necesitamos Habeas Salud”
El abogado Jaime Gañán, docente de la
Universidad de Antioquia, señaló que “a
veces el costo de la tutela es más grande que el servicio
que se negó, en una increíble forma de contención
de costos de las EPS. Costos tan dramáticos, pagados
con los dineros de impuestos generales de contribuyentes,
y a veces ni la tutela es efectiva para hacer valer los derechos.
Por eso necesitamos mecanismos como el Habeas Salud que permita
en forma inmediata, defender el derecho”. Destacó
un dato importante: “La negación de atenciones
de citas médicas del último informe de la Defensoría
del Pueblo, oscila entre 85 y 95% de negativas, es decir,
negación al acto médico para continuar todo
el proceso”.
Jairo Herrán, personero de Medellín, afirmó:
“En las tutelas que manejamos desde la Personería,
se observa que se vulneran en mayor número los derechos
del régimen subsidiado, práctica perversa que
uno cree que se da por alguna dificultad administrativa, pero
después llega al convencimiento de que es una práctica
recurrente con toda la intención del caso. Así
las EPS van regulándose a su favor, a costa de los
usuarios”.
Volver a un asegurador estatal
“Sin cambios constitucionales se puede hacer
que el servicio de salud sea una obligación estatal.
El Estado Social de Derecho es poner las instituciones al
servicio del ciudadano dijo el exconstituyente y gobernador
de Nariño, Antonio Navarro Wolf. Señaló
que “la regla fiscal puede conducir a que tengamos las
instituciones al servicio del poder, eso sí sería
una modificación sustancial al espíritu de la
Constitución; y si bien entendemos que a veces hay
abusos en tutelas y se documentan cosas inaceptables, como
un tratamiento de belleza por tutela o una prótesis
en las nalgas o yo no sé que cantidad de cosas, no
debemos detenernos en esos asuntos menores con referencia
al tema conceptual”.
“El derecho de los servicios es un derecho fundamental.
¿Qué más fundamental que el derecho a
seguir vivo? Está más relacionado con la vida
que cualquier otro derecho. La Corte Constitucional con la
interpretación de ampliación de esos derechos
fundamentales a elementos como salud, acertó plenamente
en el espíritu de la Constitución”. Finalmente
afirmó: “Hay que simplificar el sistema de salud
y llevarlo a una sola aseguradora pública”.
Tutelas deberán ser casos
excepcionales
Álvaro Cardona, decano de la Facultad Nacional
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, enfatiza
que “hay torrentes de tutelas con altos costos y el Estado
debe garantizar ese caudal más los costos adicionales,
por ser tan complaciente con el sector privado. Las tutelas
no deben desaparecer de la Constitución, pero deberán
ser casos excepcionales, como ocurre en cualquier sistema
que tiene algún fallo ocasional”.
Y se refirió a la investigación sobre altos
costos no sólo por la prestación de servicios
tutelados en que tiene que incurrir el Estado, sino también
por los costos en el proceso judicial: “Tenemos razón
cuando hemos dicho que hay que repensar esto globalmente y
que al Ministro le dejamos nuevamente el mensaje de que por
favor actúe, porque lleva un año en el Ministerio
y sus actuaciones no van en la dirección correcta,
especialmente en relación con el cumplimiento de ese
reclamo ciudadano y de una solución consistente con
la gran crisis del sector salud, en la que no vemos alternativas
de solución claras”.
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