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Como en botica:
en caso SaludCoop,
Contraloría encontró
de todo
Jorge
Luis Velásquez Valencia - Periodista - elpulso@elhospital.org.co |
| En el caso de la intervenida SaludCoop,
la Contraloría General de la República ha encontrado
de todo. En declaraciones al periodista Yamit Amat (El Tiempo,
agosto 10 de 2013, “SaludCoop fue saqueada por antiguos
propietarios”), la contralora Sandra Morelli reveló
que la Contraloría identificó en la EPS el desvío
de importantes recursos de la salud para la adquisición
de bienes, otros que se fueron a diferentes gastos, otros más
a sociedades en el exterior, otros están en bienes que
nada tienen que ver con la salud y otros que están en
manejo de portafolio de inversiones. |
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Explicó en ese
entonces la contralora, que las directivas de SaludCoop EPS
poco a poco fueron transfiriendo clínicas, laboratorios,
Unidades de Cuidados Intensivos, unidades de rayos X y otros
activos de infraestructura construidos con recursos de la salud,
a la firma SaludCoop IPS, una empresa que en una asamblea de
accionistas -cuya legalidad también cuestiona-, cambió
la composición accionaria, permitiendo el ingreso de
nuevos asociados que hoy son los propietarios de cerca del 80%
de la antigua SaludCoop EPS.
Más de 33 clínicas en
el país pasaron a Saludcoop IPS
Gracias a esas maniobras, en algunos casos facilitadas
por vacíos legales, a la EPS intervenida le corresponderá
cumplir varios fallos de Procuraduría, el Consejo de
Estado, Supersalud, la Corte Constitucional y enfrentar a la
Fiscalía, cuyo titular, Eduardo Montealegre -cuestionado
por la contralora Morelli por un supuesto vínculo contractual
de su esposa y de él mismo con la empresa cuestionada-,
optó por declararse impedido. |
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La no intervención de
todas
las empresas vinculadas con SaludCoop
como grupo empresarial, permitió la negociación
de importantes activos que se extrajeron de
la EPS y que habían sido conseguidos
con recursos de la salud.
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Al interrogante de
por qué la Contraloría no embargó los bienes
de SaludCoop EPS para evitar esa transferencia, explicó
que la limitante que supone la no declaratoria de todas las
empresas vinculadas con SaludCoop como grupo empresarial, llevó
a que la a intervención de Supersalud sobre una sola
empresa -sin controlar los vasos comunicantes-, permitiera la
negociación de las clínicas de Bogotá,
Tunja y Neiva, tres importantes activos titularizados en una
operación realizada a través de Fiduprevisora.
Explicó la contralora: “Esta titularización
implica el pago de los activos a 12 años. Luego de este
período deben ser transferidos a quien paga por ellos.
Fiduprevisora colocó los títulos en el mercado
financiero y todos los títulos fueron adquiridos por
Juan Carlos Ortiz, accionista de Proyectar Valores e Interbolsa,
quien a su turno las negoció con terceros, obteniendo
importantes utilidades en la operación. SaludCoop EPS
terminó pagando no sólo el servicio de las tres
clínicas sino el valor de compra de las mismas, con el
detalle de que, al final, las clínicas serán propiedad
de empresas no intervenidas”. De los activos que tuvo SaludCoop,
en la actualidad la EPS sólo es propietaria del 27%,
por lo que los demás bienes transferidos escaparon al
control oficial en la intervención de Supersalud.
Posibles acciones
La contralora Morelli indicó que al no haber
intervenido todo el grupo empresarial se permitieron esas evasiones,
pero que el Estado podría repetir lo que hizo en el año
2000 con el sector financiero: una toma de posesión,
un saneamiento y luego ponerla en venta, como hizo con el Banco
Cafetero. Y ante el saqueo de algunos de sus antiguos dueños,
los jueces y la Fiscalía podrían utilizar herramientas
que prevé el ordenamiento jurídico, como el levantamiento
del velo corporativo, para establecer a dónde fueron
los recursos destinados al servicio de salud: “Eso haría
mucho más fácil poder incautar esos bienes adquiridos
con recursos de la salud. Para embargar se deben cumplir unos
requisitos de identidad entre el sujeto y el titular de ese
bien que hoy en día no existen”, dijo Morelli. |
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De lo normal y extravagancias
en SaludCoop EPS
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Según
el fallo 1890 de la Contraloría, SaludCoop construyó
y dotó un importante grupo de clínicas y empresas
asociadas a la actividad de la EPS, no con recursos propios
o de sus accionistas, sino dejando de pagar oportunamente servicios
de salud de proveedores y apropiándose parte de recursos
de salud que le ingresaban y registraba como utilidades.
Así, con la bonanza de la EPS, fue configurando una posición
dominante en el sector salud: en 2001 y en asocio con Cafesalud
compró en Chile la EPS Cruz Blanca, en 2003 adquirió
a Cafesalud por 25 millones de dólares; también
inició inversiones en empresas de salud en el exterior,
financiadas con recursos del sistema de salud colombiano. Y
al contar con una gran EPS, que tenía su red propia de
clínicas, SaludCoop constituyó empresas de medicamentos,
administración y prestación de servicios de salud;
asimismo, patrocinó equipos de fútbol (La Equidad)
y torneos de baloncesto (Copa SaludCoop), construyó colegios,
canchas de golf y condominios campestres (como Villa Valeria).
También se encontraron gastos extravagantes en carros
de alta gama y viajes a encuentros internacionales de salud,
educación y cooperativismo, con dineros de la EPS que
según Contraloría pertenecían a recursos
de salud; se hallaron pruebas de viajes de ejecutivos de la
EPS a Portugal y a Singapur, en algunos con sus cónyuges
(en la reunión en Singapur se decidió comprar
la torre 3 del Centro Empresarial Paralelo 108 en Bogotá).
Asimismo, dice Contraloría, sólo entre 2005 y
2010 se pagaron $6.000 millones en bonificaciones a los directivos
(de ellos, $3.541 millones a Palacino).
Y la Contraloría también señala que para
enfrentar investigación de Supersalud en 2004, que le
prohibía usar recursos de la salud para otros fines,
SaludCoop contrató un ejército de renombrados
abogados como José Joaquín Bernal, Marcela Monroy,
Jaime Lombana, Hernán Jiménez y el actual fiscal,
Eduardo Montealegre. Con ellos y varios congresistas presentaron
un informe ante el Ministerio de Salud, el presidente Uribe
y varios ministros. Tras esa gestión, dice Contraloría,
se diseñó un plan de actividades que diluyó
el caso. |
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| Procuraduría también falló,
¿y la Fiscalía qué? |
En fallo de primera instancia en octubre de
2012, la Procuraduría General de la Nación sancionó
con multa de 100 salarios mínimos (más de $56
millones), e inhabilidad de 18 años para ejercer función
pública o contratar con el Estado, a Carlos Palacino,
representante legal de Saludcoop EPS, y con 50 salarios mínimos
legales a 11 miembros del Consejo de Administración,
por irregularidades en recobros a Fosyga y porque Palacino inobservó
normas obligatorias y adecuó su comportamiento a los
tipos penales de estafa e incremento patrimonial a favor de
terceros (la EPS Saludcoop).
Fiscalía: pendiente de fallar en caso SaludCoop
En su “Radiografía del caso SaludCoop en la Fiscalía”
(noviembre 19/13), El Espectador publicó los principales
avances judiciales contra Palacino y SaludCoop. Está
pendiente un proceso por presunto enriquecimiento ilícito
de Palacino y el excurador de Bogotá, Jaime Eduardo Barrero,
si se apropiaron de millonarios recursos del sistema de salud
para invertirlos en bienes y sociedades personales donde los
socios mayoritarios son sus hijos, quienes por su corta edad
no pueden justificar esos dineros en sus patrimonios.
Otro proceso indagará 10.157 falsos recobros al Fosyga
por $27.836 millones, con base en instrucciones de los directivos
para elaborar cheques y manipular la contabilidad para no mostrar
la insolvencia de la EPS. Un tercer proceso busca establecer
el desvío de recursos de la salud entre 2004 y 2010 a
inversiones privadas en firmas del grupo empresarial o venta
de clínicas a terceros por precios irrisorios luego de
ser construidas con dichos recursos. Y un cuarto proceso indaga
el origen de recursos usados por Saludcoop para invertir más
de $20.000 millones y ser acreedor de la Ciudadela Salud y del
Hospital Internacional de Alta Tecnología (HIAT) en Sopó,
pues utilizó un crédito que derivó en hipoteca
abierta sin límite de cuantía sobre un terreno
declarado zona franca, “lo que generó una demanda
ejecutiva y la imposibilidad de construir el hospital mencionado”.
Después de años de investigación, Procuraduría
y Contraloría determinaron responsabilidades en el caso
de SaludCoop EPS y Palacino, y enviaron copia de sus hallazgos
a la Fiscalía, donde también llegaron otras denuncias,
pero ésta aún no falla. |
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