Para muchos, la Ley
100 es la culpable de los problemas que en materia de salud
enfrentan la mayoría de los colombianos y afirman que
el diseño de la Ley no garantiza el acceso real a los
servicios, propicia la inequidad y genera múltiples deficiencias
en el flujo de los recursos. Asimismo, la señalan como
responsable del deterioro de la red hospitalaria pública,
del detrimento del profesional de la salud y de la caída
en los indicadores de salud pública. Desde esta perspectiva,
la propuesta no es modificar algunos aspectos de la Ley 100,
sino pensar en un nuevo modelo de salud.
Para otros, las dificultades no estriban en el diseño
de la Ley sino en su mala interpretación y aplicación,
por lo cual se aboga para que se corrijan algunos aspectos,
pero conservando la esencia del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, SGSSS.
Lo esencial del proyecto
Éste precisamente es el enfoque del 052, proyecto
en el que la Comisión Séptima del Senado recogió
algunas propuestas del total de 15 proyectos impulsados por
entidades gremiales, centrales obreras, academia, grupos de
interés y diferentes instituciones del sector salud,
durante los dos períodos legislativos del Congreso en
el año 2004.
Entre los aspectos principales del actual pliego de modificaciones
se destaca la eliminación del FOCOS (Fondo Territorial
Colombia para la Salud), la inclusión de una entidad
fiduciaria en el manejo de los recursos del régimen subsidiado,
la meta de tener afiliados a este régimen a 22 millones
de colombianos en el 2006, freno a la integración vertical
patrimonial, y respaldo financiero al aseguramiento y a la red
pública hospitalaria.
Luego de ser aprobado por la Comisión VII del Senado,
el 052 aún requiere 3 debates para convertirse en Ley
de la República: uno en Plenaria del Senado y dos en
la Cámara de Representantes (Comisión VII y Plenaria).
Tras la radicación de la ponencia para segundo debate
el pasado 25 de mayo, el nuevo pliego de modificaciones del
proyecto generó diversos análisis y posiciones
respecto de la reforma en salud que el país necesita.
Desde el Ministerio de la Protección Social, la posición
ha sido clara: lo que se busca es ampliación de cobertura,
por lo que el aseguramiento es el eje principal del proyecto.
Según el viceministro de Salud y Bienestar, Eduardo Alvarado,
“la propuesta actual es bastante equilibrada frente a los
diversos intereses que hay en juego, el proyecto es positivo,
aunque no se puede sacar una propuesta que deje contenta a todas
las partes, pero, seguramente que quedaremos más satisfechos
de lo que estamos ahora”, manifestó recientemente
a un diario nacional (El Tiempo, 18 de junio de 2005).
Es un ajuste funcional y no reforma
estructural
Un decidido respaldo al 052, dieron el Colegio Médico
Colombiano y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas,
entidad que agremia a 33 asociaciones y sociedades científicas
y a 22.000 especialistas.
En un documento de análisis del proyecto, ambas entidades
manifiestan que si bien esta no es una reforma estructural de
la Ley 100, sí es un ajuste funcional que mejora significativamente
en varios aspectos el escenario actual que vive el país.
“Creemos que este proyecto es una oportunidad de ir mejorando
cosas, quedando pendientes aún otras” expresan sus
representantes, quienes en reunión de Junta Directiva
conjunta extraordinaria el 7 de junio, decidieron apoyar el
052, “sin perjuicio de las modificaciones benéficas
que durante el trámite parlamentario puedan lograr”.
Señalan que el proyecto mantiene la confianza en el aseguramiento
como mecanismo para garantizar el derecho a la salud, preserva
instituciones creadas por la Ley 100 y la coexistencia de lo
público y lo privado.
En cuanto a la financiación de los hospitales públicos,
anotan que si bien la contratación de servicios del régimen
subsidiado teóricamente podría incrementar los
recursos de la red hospitalaria en $350.000 millones, en la
práctica no se garantiza la facturación de los
hospitales debido a los mayores costos de transacción
que se generan con la intermediación de aseguradoras,
los problemas de facturación, contratación y mora
en el pago de contratos entre aseguradores y prestadores.
Señalan como positivo la creación de las figuras
del Defensor del paciente y del profesional de la salud, pero
sugieren que en aras de su autonomía, estos no queden
a cargo de las aseguradoras, sino de la Superintendencia Nacional
de Salud.
Facultad Nacional de Salud Pública:
en desacuerdo
Otra es la posición de la Facultad Nacional de
Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que en
Comunicado enviado al Congreso de la República y dado
a conocer a la opinión pública, “expresa
su rechazo al proyecto de ley y los actuales esfuerzos de reordenar
un sistema que ha demostrado sus francas fallas estructurales,
más allá de los problemas evidenciados de su implementación”.
Según la Facultad, el proyecto no aborda los problemas
centrales y estructurales en materia de salud y del sistema
sanitario del país, sino que “muy por el contrario
persiste en su modelo e intenta incluso profundizarlo, avanza
en la protección del enriquecimiento que el sector privado
ha conseguido con los recursos de este preciado bien social
e introduce nuevas fisuras que ni siquiera son sustentables
académicamente”.
Agrega que el 052 profundiza la fragmentación y desarticulación
y se vislumbra mayor inequidad y barreras de acceso a los servicios,
a la vez que se olvida de lo esencial de un Sistema, la Salud
Pública, como preocupación fundamental del Estado.
Finalmente, la Facultad se compromete con sus esfuerzos en concertar
una agenda que concluya con la presentación de una verdadera
reforma estructural e integral, “como la que el país
necesita”.
Propuestas de Cosesam
La Corporación de Secretarios de Salud Municipales,
Cosesam,
y la Federación Colombiana de Municipios -FCM-, celebraron
la eliminación del Focos -fondo que le impedía
a los entes territoriales el manejo de los recursos del régimen
subsidiado- y se manifestaron de acuerdo con la fiducia que
propone el nuevo articulado (artículo 7- literal a),
pero que ésta sea obligatoria solo para los municipios
con baja capacidad administrativa, ya que normalmente los recursos
del sector deberían ser manejados por los Fondos Locales
de Salud, los cuales tienen un estricto control por parte de
las administraciones municipales y organismos de control municipales
y nacionales (Ley 715).
Según el director ejecutivo de Cosesam, Elkin Hernán
Otálvaro, con la generalización del manejo fiduciario
en todos los municipios se crearía una nueva intermediación
con creación de otros costos innecesarios, ya que las
fiducias normalmente cobran sobre la base de los rendimiento
financieros, fundamentales para que los municipios puedan tener
recursos adicionales para los aumentos de cobertura en el aseguramiento.
La corporación también se muestra en desacuerdo
con el porcentaje de los recursos del Siste- ma General de Participaciones
-SGP- destinado al financiamiento del régimen subsidiado,
y explica que el 65% es muy elevado si se tiene en cuenta que
en muchos municipios hay una mayor proporción de personas
sin aseguramiento, cuya atención podría llevar
seguramente a una desfinanciación de las ESE. Por ello
se propone reducir este monto al 55% y disponer de un 35% para
atender población pobre no asegurada. Además,
rechaza la propuesta de destinar el 93% de los recursos de juegos
de suerte y azar para el régimen subsidiado y propone
que su destinación se deje a discrecionalidad de las
Direcciones Territoriales de Salud.
Por último, sugiere Cosesam que se elimine la
posibilidad de que las ESE puedan tener el doble papel de aseguradores
y prestadores (una forma de integración vertical), ya
que esta sería una causal de inhabilidad para los procesos
de vigilancia y control, pues se actuaría como juez y
parte dentro de los procesos.
Que no se quede en buenas intenciones
Para la Contraloría General de la República, la
reforma que se gesta a la Ley 100 tiene buenas intenciones al
querer perfeccionar el mecanismo de aseguramiento, pero no brinda
soluciones estructurales a las numerosas fallas del modelo.
En su más reciente análisis al proyecto de ley
52, el ente de control manifiesta su desacuerdo con la estrategia
de subsidios parciales propuesta para ampliar cobertura, y con
la falta de compromiso del gobierno para lograr la universalidad.
Afirma el contralor Antonio Hernández Gamarra, que el
proyecto se centra en redistribuir las principales fuentes financieras
dando prioridad al régimen subsidiado mediante la transformación
de subsidios de oferta a subsidios a la demanda, factor que
debilitará más la red pública hospitalaria,
pues sus recursos disminuirán en cerca de $750.000 millones.
Para concluir…
¿Cuál es la reforma en salud que necesita
el país, en beneficio de quién o quiénes?
Esa finalmente debe ser la pregunta que debe orientar los próximos
debates del proyecto de ley 052. Queda en las manos del Congreso
anteponer resultados en salud a intereses financieros, pues
en la búsqueda de soluciones, como alguna vez lo anotó
el doctor Román Vega Romero, “el norte debe ser
el derecho a la salud para todos y no el manejo del negocio”
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