MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 6    NO 76    ENERO DEL AÑO 2005    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Se producen profesionales
pero no se produce investigación

Conrado Gómez Vélez Especialista en salud pública y en evaluación social de proyectos. Magíster en ciencias políticas - elpulso@elhospital.org.co
Debe recordarse cómo en el mes de julio del año anterior, gracias a una publicación del periódico El Tiempo, se conoció que ninguna de las universidades colombianas quedó entre las primeras quinientas del mundo, según estudio del Instituto de Investigaciones sobre Educación Superior de Shangai (China), realizado por solicitud de la Unión Europea. Aunque esta cuestión ya no es noticia sino martirio, lo que no puede pasar inadvertido son las explicaciones públicas de los funcionarios y de algunos rectores para desestimar el informe, argumentando que éste se construyó con indicadores equivocados, como la exigencia de publicaciones en revistas norteamericanas en donde sólo pueden publicar norteamericanos, excusas que además de incorrectas son inaceptables, porque inducen un conformismo engañoso.
Mientras tanto y de otra parte, se aproxima el Tratado de Libre Comercio (TLC). Su cercanía cunde el miedo en un sector educativo temeroso de lo que pase con sus finanzas, a medida que las universidades norteamericanas vengan a tomar una parte de ese negocio. Y digo negocio sin ambages, porque el efecto fundamental que han tenido las leyes mas recientes como la Ley 30, es la proliferación de programas educativos de postgrado de gran rentabilidad, que gradúan especialistas pero prácticamente no producen conocimiento científico. Ofertas que florecen sin el respaldo de grupos experimentados de innovación o producción del saber, bajo la modalidad de "especialización" y con profesores de cátedra, sin inversión en investigación o en la formación de académicos, y en muchos casos, a cargo de “especialistas” pero sin la participación de doctores o magíster.
Esa “flexibilidad” también le permite incursionar a institutos o escuelas que no son universidades, en temas como epidemiología, salud pública, salud ocupacional o administración hospitalaria, careciendo de experiencia en investigación, separados del sector productivo de la salud en el ámbito nacional o internacional. Programas que, por lo tanto, no tienen líneas de investigación ni equipos experimentados de investigadores para iniciar a sus estudiantes en la materia, que no participan en las convocatorias de Colciencias o en las asesorías que solicita el Ministerio de la Protección Social, que no tienen revistas y que no publican nada ni participan en las decisiones de política. Nada de nada, porque ni siquiera pueden exigirle a sus alumnos que hagan tesis de grado. Además, no saben quienes toman esas opciones, que en el exterior las especialidades son consideradas cursos y que para participar en un grupo internacional lo mínimo que hay que tener es un título de maestría.
Urge, ante el tratado bilateral con Estados Unidos, que las universidades fijen un plan de competitividad y fortalecimiento, para que los recursos que aportan los estudiantes no sólo se reinviertan en edificios...
De esa pobreza, lo que pasó en diez años de Ley 30 sacándole a la jeringa, es que muy pocas instituciones se convirtieron en universidades y consolidaron grupos serios de investigación: el resto reinvirtieron sus utilidades en edificios o en sedes por todo el país, para extender esa modalidad de negocio. No obstante, el sector no está debidamente preparado para la globalización ni el TLC, y ahora simplemente quieren que los saquen del tema.
Se constituye así un componente educativo sumamente pobre, que produce profesionales pero que básicamente no produce conocimiento, ni patentes, y que no es competitivo en innovación, ni en publicaciones, ni en premios internacionales. Un concepto deformado, basado en el perfil del "especialista", dirigido al dominio de técnicas, rutinas y destrezas operativas, pero que no tiene como finalidad ni la investigación ni la enseñanza. Modalidad que es preferida por factores culturales y también por razones económicas, considerando que con una especialización se alcanza un salario equivalente en nuestro medio, no se justifica embarcarse en una maestría o un doctorado a menos que sea por gusto personal. Y por otro lado, la desprofesionalización que propicia la Ley 100/93 sobre el sector, ha llevado a que muchos prefieran invertir sus ahorros en un negocio distinto, que en corto plazo generará mayor beneficio y respaldo laboral.
Aunque hay un grupo selecto de universidades que dan ejemplo, prevalece un concepto universitario recortado que no ve su papel en la creación de conocimiento autóctono, que se conforma con tomarlo prestado de otros países, dejándonos en una posición precaria de importadores del saber. Según ese esquema, una “línea de investigación” es un asunto teórico que la universidad puede ahorrarse, cualquier cosa menos un grupo de profesionales investigando en un tema específico, articulado al sector científico y productivo, publicando y difundiendo conocimiento. Esta pobreza no tiene excusa ni defensa. Mucho menos cuando observamos lo que viene pasando con los hospitales universitarios, forzados a convertirse en hospitales generales, en prestadores de servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que como se sabe están limitados a tecnología media que excluye la innovación y la investigación.
Lo que sucedió con el Hospital Ramón González Valencia de Bucaramanga no puede ser visto con indiferencia: su situación tiene que llamar la atención también sobre el punto de ser universitario. No podemos aceptar que a futuro los profesionales de la salud se produzcan copiosamente, pero sin capacidad de investigar ni entender las medidas más mínimas de estadística, de metodología o que deban graduarse sin campos de práctica. No podemos admitir que la figura del hospital universitario como centro de formación de profesionales y de investigación no tenga cabida ni un lugar especial, en el esquema de salud colombiano.
El TLC y el resultado de esta lista de Shangai deben motivar un análisis descarnado de la situación educativa en salud, que se concrete en medidas perentorias para mejorar la competitividad. ¿Se puede pensar que los colombianos no publicamos artículos ni producimos patentes simplemente porque no nos apetece, o que eso no tiene tanta importancia y que los que se equivocan son los chinos que hicieron ese informe? El desprecio que destilaron las declaraciones de algunos, demostró una mínima consideración por la innovación que no se puede aprobar: los colombianos somos los equivocados en este asunto.
Urge, ante el tratado bilateral con Estados Unidos, que las universidades fijen un plan de competitividad y fortalecimiento, para que los recursos que aportan los estudiantes no sólo se reinviertan en edificios, sino que con estos se les asegure el acompañamiento de profesores experimentados y activos en investigación y la formación de verdaderas industrias de conocimiento, que hoy sólo un número mínimo de universidades puede mostrar. Este plan debe incluir a) mayores exigencias en la proporción de profesores de planta, b) facilidades de capacitación para los profesores que siendo especialistas logren complementar esos cursos y validarlos como maestrías, c) reducir y eliminar a medio plazo el número de profesores que no tiene postgrado, d) fomentar las becas para doctorados y maestrías, e) exigir programas permanentes de capacitación de docentes, e) impulsar y acreditar grupos de investigación, f) exigir una producción mínima de conocimiento en cuanto a publicaciones, g) promover las publicaciones científicas colombianas, h) generar mecanismos de publicidad que permitan a los aspirantes evaluar adecuadamente las universidades en donde desean estudiar, i) establecer una diferencia más clara entre lo que es una especialidad y una maestría.
Este giro de los hechos muestra de nuevo que se requiere una reorganización cuidadosa de la universidad, que no debe balancearse como viene haciendo, principalmente en la graduación de especialistas y en la flexibilización laboral. En este sentido, la estabilidad de los investigadores es hoy justamente la ventaja de la universidad pública. El país tiene que poner sus ojos en formar por lo menos magíster y también doctores. Para la universidad privada, esa es también una señal muy clara de cómo crecer y fortalecerse, a medida que surja una demanda cada vez mayor de estos programas, con un verdadero acompañamiento de grupos de producción de conocimiento que hagan del saber un asunto propio y no solamente aprendido de memoria.

 



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