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Congreso decidirá
viraje en manejo de la discapacidad
Juan
Carlos Arboleda Zapata - Periodista - elpulso@elhospital.org.co |
El concepto de discapacidad
manejado en Colombia durante años, proviene de la clasificación
de las “consecuencias de la enfermedad” presentada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1980,
que define discapacidad como toda pérdida o anormalidad
de una estructura o función psicológica, fisiológica
o anatómica. El concepto evolucionó y ahora la
OMS habla de la discapacidad como resultado de las interacciones
entre las condiciones individuales de la persona y las características
de su entorno físico y social. Por ello, la discapacidad
es vista hoy no como consecuencia de la enfermedad sino como
una desarmonía con el entorno, en la que tanto la persona
como el medio que la rodea (entendido como sociedad), son responsables
de atenuarla o compensarla, involucrando lo social, lo político,
lo económico y lo cultural.
Con base en la evolución del concepto de discapacidad
y de su manejo, se presentaron a consideración del Congreso
de la República dos proyectos de ley: el 063 para discapacidad
cognitiva, y el 253 para crear el Sistema Nacional de Discapacidad.
Ambos están en trámite y recibieron concepto negativo
del Ministerio de la Protección
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Social, opinión que si bien no obliga al Congreso,
si permite prever una fuerte oposición de la bancada
oficialista gracias al lobby que se espera ejerza el Ministerio,
según opinión del ponente de ambos proyectos,
el representante a la Cámara Venus Albeiro Silva Gómez.
El concepto negativo del Ministerio se fundamenta en la falta
de los recursos económicos que se requerirían
para la implementación; sin embargo, el representante
Silva Gómez afirma que para enfrentar el problema que
tienen los discapacitados, el gobierno tiene que sacar recursos
y aportes para crear una política nacional, como parte
de sus obligaciones dentro del Estado Social de Derecho: “Dicen
que no se puede crear una ley si no se crean los recursos,
nosotros decimos que el Estado ya tiene los recursos para
atender la población discapacitada pero lo hace sin
un proceso ni coordinación. Cada entidad por su parte
crea programas y ejecuta recursos porque no hay una política
ni una ley, se hace un trabajo aislado, y se quiere que sea
un trabajo colectivo y en desarrollo”.
La percepción de una falta de coordinación en
las acciones frente a la discapacidad, no es exclusiva del
ponente; el doctor Silvio Cárdenas Concha, director
ejecutivo de la Fundación Saldarriaga Concha, que realizó
una investigación sobre la calidad del manejo de la
discapacidad (Estudio nacional de necesidades, oferta y demanda
de servicios de rehabilitación. Colombia 2003), conceptuó
que las instituciones de rehabilitación no tienen gestión
y no conocen el concepto de “gerencia social” o
lo tienen muy pobre, y por tanto el impacto desde el punto
de vista de rehabilitación también es muy pobre.
Además, señaló que el problema no es
de recursos sino de reglamentación por parte del Estado.
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“Existe legislación
suficiente y amplia; el problema radica en que las leyes no
se conocen o no se cumplen, y en algo más estructural:
falta que las personas con discapacidad sí tengan acceso
a la seguridad social”.
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Doctora
Diana Molina
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Otro resultado de la investigación
resaltado por el doctor Cárdenas (y que muestra carencias
en el manejo de la discapacidad), indica que los costos de atender
las personas en rehabilitación no los cubren las EPS
ni el sistema de protección social, que solo pagan la
evaluación de la persona, la analizan como un enfermo,
le suplen la órtesis o la prótesis, pero no conciben
su reinserción socio-laboral: “Las entidades trabajan
para que las personas vuelvan operativo un miembro del cuerpo,
o sea desde el punto de vista de la estructura y la función
del órgano; pero “rehabilitación” quiere
decir lograr integración socio-laboral. Se hace una parte
muy pequeña del proceso, cuando lo más importante
es lograr que ese ser humano sea una persona útil a la
sociedad, a sí mismo y a su familia. El Estudio informa
que estamos mal, porque lo único que hacemos es limitarnos
a la parte funcional de la estructura, y para nada a la parte
social y de integración del individuo”.
Los proyectos de ley
En el país existen normas sobre la atención a
la discapacidad, pero el problema según la exposición
de motivos de la ponencia favorable presentada en el Congreso,
radica en que ninguna de ellas ha tenido una connotación
y aplicación efectiva, puesto que cada tipo de discapacidad
debe tratarse de manera individual. Por ello, el parlamentario
Silva Gómez resalta del proyecto 063 sobre discapacidad
cognitiva las siguientes propuestas: que el señalamiento
de la discapacidad no desaparezca al llegar a los 18 años,
para que la atención continúe; bajar la medición
para determinar la discapacidad al 30%, y así evitar
que personas con este porcentaje de discapacidad sean excluidas
de todos los programas; y establecer el manejo integral del
proceso de rehabilitación.
El proyecto 063 también propone, además de unos
principios básicos de protección, atención,
rehabilitación e integración a la sociedad de
las personas con discapacidad mental, el beneficio de una pensión
asistencial entregada por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), previa certificación de los beneficiarios;
igualmente, crea un Registro Nacional de la Discapacidad Mental
a cargo de la Defensoría del Pueblo y la Registraduria
Nacional, y crea un Fondo Nacional de la Discapacidad Mental
con el objeto de administrar los recursos que se dirigirán
a los programas de atención.
En tanto, el proyecto 253 enfoca la rehabilitación integralmente
y plantea que se genere una política de Estado de carácter
transversal, donde todas las instituciones, públicas
y privadas, afronten el problema. También crea el Sistema
Nacional de Discapacidad (SND), como mecanismo de coordinación
de los actores que intervienen en la atención de la población
con discapacidad, siendo el SND un conjunto de normas, actividades,
recursos, programas e instituciones que permitirían la
puesta en marcha de unos principios generales sobre discapacidad,
con el énfasis puesto en las personas y sus relaciones
sociales, superando el manejo de la discapacidad como consecuencia
de la enfermedad. Y establece además, la creación
del Fondo Social para la Población con y en situación
de Discapacidad -FOSAD-, como una cuenta especial administrada
por el Ministerio de Hacienda y con recursos del presupuesto
nacional y ayudas internacionales.
Discapacidad es problema de seguridad
social
Sin embargo, para algunos especialistas el manejo de las personas
con discapacidad no es un asunto de leyes. Según la doctora
Diana Molina, Jefe del Departamento de Medicina Física
del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, ya existe
legislación suficiente y amplia, y el problema radica
en que las leyes no se conocen o no se cumplen, y en algo más
estructural: “El problema es que las personas con discapacidad
si tengan acceso a la seguridad social, no tanto que no haya
legislación, sino que todas las personas tengan acceso”.
Queda entonces esperar a conocer el destino final de los proyectos
de ley, para saber si Colombia adoptará nuevos modelos
en una verdadera y efectiva política de atención
integral a la discapacidad. |
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Atención a discapacidad
en Bogotá
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La
doctora Maria Yolanda Aguilar Cubillos, Coordinadora del proyecto
7311 de atención a la discapacidad en Bogotá,
considera que los proyectos de ley intentan abordar la discapacidad
desde todas las áreas: “Lo más importante
es que se tenga en cuenta tanto a la persona que presenta la
condición de discapacidad como a su familia y a la comunidad
en la cual se desarrolla. En esa medida los proyectos son positivos”.
Y es precisamente en Bogotá donde se puede apreciar el
modelo propuesto por los proyectos.
Con el proyecto 7311, “Atención integral a adultos
y adultas con limitación física y mental”,
y con el proyecto 205, dirigido a menores, el distrito capital
emprendió una labor de atención de la discapacidad
coordinada por la Secretaria de Bienestar Social con apoyo de
la Secretaria de Salud. En estos programas, se brinda atención
a la población que presente algún tipo de limitación
física o cognoscitiva, bajo dos modalidades: Atención
externa y modalidad institucionalizada, que básicamente
promueven la formación ocupacional en opciones adaptadas
a la limitación, y que en la medida que desarrollan potenciales
y habilidades, permiten a las personas ubicarse de manera productiva
en el sector empresarial. Simultáneamente, la Secretaria
de Salud brinda lo que requiere la población en medicamentos
y atención básica en salud.
Actualmente se invierten alrededor de $5.642 millones en los
proyectos, con recursos del Fondo Financiero Distrital de Salud;
y dentro del Plan “Bogota sin indiferencia”, se incrementará
el presupuesto para aumentar la cobertura de los mismos. El
programa se desarrolla en el lapso de tres años, pero
se tiene en cuenta el ritmo de cada persona y se lleva a cabo
en una integración con el grupo familiar, cuyos miembros
acompañan todo el proceso, buscando así que la
rehabilitación sea fisiológica, familiar, social
y laboral. |
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