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Los brotes de estas enfermedades son
muy difíciles de controlar debido al origen selvático
de la fiebre amarilla y la rabia humana, mientras que en cólera
la dificultad radica en la falta de infraestructura sanitaria
como alcantarillados y acueductos adecuados.
Germán González, PhD en Epidemiología
y coordinador del doctorado en la Facultad Nacional de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia, afirmó
que en el caso de fiebre amarilla funcionó muy mal
el sistema de vigilancia epidemiológica, sumado al
poco desarrollo de los sistemas de salud locales para manejar
el tema en forma proactiva. “Sin embargo, una vez se
presentó la epidemia se manejó muy bien, porque
el Ministerio asumió un importante papel de liderazgo
ante la falta de preparación de los servicios de salud,
guió a los municipios, pero principalmente, la intervención
funcionó porque se manejó el tema desde los
individuos y las localidades y no como está estructurado
el Sistema Nacional de Salud luego de la Ley 100, desde un
universo de asegurados dispersos por el país y diferenciados
sólo por el régimen que los ampara”.
Salud, con más dinero
y menos pública
Más allá de los brotes de este año, la
salud pública en Colombia desmejoró notablemente,
por diversas causas. Entre ellas, la implementación
de la Ley 100, porque a pesar de describir muy bien el concepto
de salud como algo más que la enfermedad, se queda
corta en la práctica porque desarrolló barreras
territoriales, económicas y administrativas para el
acceso a la atención en salud, generando inequidades,
falta de cobertura y exclusiones, al tiempo que se benefician
los intereses económicos de los aseguradores que cobran
por cada afiliado, pero que hacen todo lo posible para prestarle
la menor atención posible.
“La problemática sanitaria es en gran medida previa
a la Ley 100, y en la situación actual de la salud
pública influyen muchos otros factores, pero sí
se puede afirmar que la Ley 100 no es una ley de la salud
pública ni de la promoción de la salud”,
afirma el PhD Saúl Franco. De acuerdo con Franco, durante
la vigencia de la Ley 100, la salud pública se deterioró
en todas sus dimensiones, porque el Estado se ha distanciado
de las políticas de salud, dejando el sistema supeditado
a los intereses económicos de los actores del sistema
y a la corrupción en el manejo de dineros en los entes
locales, que incluso llegaron a parar a las arcas de los grupos
combatientes en el conflicto colombiano.
En opinión del MD PhD González, “nunca
antes habíamos tenido tanto dinero en el sistema de
salud, pero nunca antes habíamos presenciado tantos
problemas de salud”. Es decir, no hay una política
estatal en salud y el sistema no funciona, por lo cual se
requiere un cambio esencial en el modelo de salud y seguridad
social, que asuma la salud como una integralidad de condiciones
humanas y no sólo como manejo de la enfermedad.
Vigilancia a ciegas
La vigilancia de la salud pública también se
afectó con la Ley 100. Aunque mantuvo el reporte obligatorio
de 58 enfermedades contagiosas, introdujo un actor nuevo:
las direcciones locales de salud, que ejercen hoy una responsabilidad
que antes residía en los hospitales y entes departamentales.
Esto desmejora el Sistema de Información, porque si
bien los municipios cuentan con recursos del PAI no hay personal
capacitado, por lo que traspasan otra vez la responsabilidad
de vigilancia y notificación a los hospitales.
Además, con esta nueva obligación de vigilancia,
las direcciones locales no tienen claro cuál es su
papel. Como si fuera poco, la decisión de tener personal
desarrollando acciones de vigilancia depende hoy de la voluntad
política del mandatario de turno, que muchas veces
no es consciente de la importancia de conocer la real situación
de salud pública en su localidad o contratan personal
no capacitado. Prueba de ello es que en Medellín, con
el 50% de la población del departamento de Antioquia,
la administración anterior desmanteló el equipo
de vigilancia epidemiológica, reduciéndolo a
una secretaria. Sólo este año, se contrató
nuevamente personal para vigilar las condiciones de salud
de los medellinenses.
En opinión de Juan Carlos Vela Santacruz, director
de Epidemiología de la Dirección Seccional de
Salud de Nariño, “el Sistema de Vigilancia en
Colombia, no sólo en Nariño, tienen serias deficiencias
desde la captura del dato hasta el procesamiento de la información”.
Reconoce que en 10 años se ganó en tecnificación,
pero es necesario mejorar los datos sobre demografía,
porqué no sabemos cuántos colombianos somos
ni dónde estamos; de ahí que resalte la importancia
del censo que se planea para el año 2005.
Lina María Vélez, miembro del equipo de epidemiología
de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, afirma
que al desmonte de sistemas de información de los departamentos,
se suma la dificultad de que la información recogida
en los RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios)
llega directamente al Ministerio, sin pasar por el nivel departamental.
Ante la lentitud para incorporar los datos de RIPS a un sistema
de información y la falta de oportunidad en los datos,
hay subregistro de diferentes aspectos que afectan la salud
pública, y por tanto, es difícil tomar decisiones
correctas y a tiempo.
Como actor indispensable para la vigilancia epidemiológica
aparecen los laboratorios departamentales, que en muchas regiones
padecen grandes problemas administrativos ante la falta de
voluntad para sostenerlos económicamente y por los
inconvenientes ante la necesidad de hacer pruebas sin tener
muy claro quien asume los costos, pues las aseguradoras delegaron
esta responsabilidad económica en los laboratorios.
El Laboratorio Departamental de Antioquia pasó de ser
uno de los más importantes y mejor estructurados a
sufrir reducción de 75% de personal y dificultades
administrativas; recién inició la contratación
de personal capacitado y administradora. En contraste, el
Laboratorio Departamental de Nariño funciona con alta
tecnología, analiza muestras de otros departamentos,
como Putumayo, y tiene convenio con Ecuador para el mismo
fin.
Esfuerzos localizados
Si bien existen dificultades en el sistema de vigilancia,
Nariño, Antioquia y Bogotá han logrado mantener
y hasta mejorar su propio sistema, para obtener información
oportuna para el direccionamiento de la salud pública
en su territorio.
“En Antioquia tenemos la ventaja de contar con recurso
humano especializado en el tema epidemiológico, y con
estabilidad laboral. Además, prestamos apoyo permanente,
capacitación e incluso recursos técnicos para
que las direcciones locales asuman con responsabilidad y conocimiento
la responsabilidad de vigilancia”, afirma la doctora
Vélez.
Además, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia
creó su propia red de información, con hospitales
e instituciones de salud que mediante un software diseñado
para este fin, reportan una vez a la semana los eventos de
notificación obligatoria y otros más.
La Secretaría de Salud de Bogotá es destacada
por varios expertos en salud pública, quienes afirman
que tal como está planteado el nuevo sistema de salud
local, se convierte en modelo promocional de la salud, que
tiene como fundamento garantizar el derecho a la salud de
la población, reconociendo que la atención en
salud no se limita al Plan de Atención Básica,
y que es necesario derrumbar barreras de acceso que impone
el sistema e integrar la atención a esfuerzos de prevención
y promoción con un enfoque comunitario.
Los esfuerzos aislados son clara muestra de que con determinación
y apoyo administrativo es posible mejorar la vigilancia y
la salud pública de los colombianos. Sin embargo, un
sistema efectivo requiere de una directriz nacional que tenga
en cuenta las diferencias étnicas, socioeconómicas,
culturales y de ubicación, para recoger datos que realmente
reflejen las condiciones de vida que inciden en la salud de
los colombianos.
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