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Hoy día, el país tiene
un sistema que incluye 58 eventos para vigilar, de los cuales
más o menos el 95 % son transmisibles. Al analizarlos,
se observa que en los 58 se consideraron las diversas clasificaciones
de un evento. Ejemplo: la malaria se contabiliza 4 veces,
dependiendo del agente causal (vivax, falciparum, mixta),
y si representa mortalidad. Con casos similares, se deduce
que son realmente 26 los eventos que se notifican al Sistema.
Cuando uno pregunta quienes notifican los eventos, la respuesta
es: En promedio lo hacen 4.800 unidades -distribuidas en 36
entes territoriales: 32 departamentos y 4 distritos-, de las
que no se sabe quiénes son, es decir, si se trata de
IPS de primer, segundo o tercer nivel, cuántas son
de la red pública, cuántas de la red privada.
Tampoco se conoce si quienes reportan los eventos son municipios
u otros actores, como organizaciones no gubernamentales, colegios,
comunidad.
Además, el Sistema de Información tiene unos
formatos de reporte que no están ajustados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, porque no informan el
tipo de régimen al que pertenece la persona del caso
reportado. A esto se suma que se cuenta con unos protocolos,
algunos de ellos terminados más no actualizados, unos
en pruebas y otros en espera de ser construidos, y una base
de datos que no funciona en línea y a la cual es necesario
ingresarle nuevas variables para mejorar el análisis.
Frente a esto, surgen algunas preguntas: ¿Cómo
se articula la información generada por todas las instancias
del Instituto Nacional de Salud, del sector salud y otros
sectores, al Sistema de Vigilancia en Salud Pública?
La respuesta es tan incipiente, que este tema en particular
no está considerado explícitamente. ¿Cuál
es la situación de la vigilancia en cada departamento,
teniendo de base los eventos definidos en el Sistema? Sólo
se encuentran respuestas del comportamiento por evento en
cada departamento, pero no un análisis de su situación
en relación con todos los eventos vigilados, tal como
debería ser para que el sistema de vigilancia en salud
pública cumpliera sus objetivos.
Ante esta realidad, es un reto para el país, y obviamente
para el Instituto Nacional de Salud, rediseñar el Sistema
de Vigilancia en Salud Pública. Asumir este reto implica
partir de la unificación conceptual de los diferentes
actores del Sistema de Seguridad Social, establecer si el
marco legal que existe es el que se requiere, y definir lo
que esto implica en términos de la operación
del mismo, de sus recursos humanos, técnicos y financieros.
Si se logra, podríamos contar con un Sistema de Vigilancia
en Salud Pública que genere información válida,
confiable y oportuna para guiar la formulación de políticas
públicas, planificar, organizar y evaluar los servicios
en salud, mejorar la respuesta institucional desde la promoción,
prevención y atención, desarrollar proyectos
desde la comunidad y determinar prioridades locales y departamentales,
que permitan identificar las nacionales.
*Nota: Las opiniones expresadas por esta funcionaria corresponden
a su visión personal y profesional, y no constituyen
una posición oficial del Instituto Nacional de Salud.
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