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Aunque el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque incluyó a los gestores farmacéuticos en el Sistema General de Seguridad Social, después de dos décadas a la sombra aún no hay una reglamentación que indique con claridad cuáles son las condiciones bajo las cuales deben operar, un vacío institucional que podría facilitar malos manejos en uno de los puntos más delicados de la cadena.
Los gestores farmacéuticos son los encargados de la distribución, dispensación, seguridad y acceso a los medicamentos en todas las poblaciones del país; reciben las órdenes médicas emitidas por profesionales de la salud en las diferentes EPS e IPS y garantizan la entrega de los medicamentos a los usuarios y pacientes. Entre sus funciones están verificar la trazabilidad para detectar posibles riesgos en el uso de los medicamentos y la entrega oportuna y digna de los mismos.
Para ello deben negociar mediante economías de escala con más de 300 laboratorios e importadores de medicamentos para lograr el suministro de más de 15.000 referencias, con lo que se garantiza un inventario suficiente para abastecer la demanda para todas las patologías existentes; adicionalmente para el almacenamiento deben mantener los medicamentos bajo las condiciones sugeridas por el fabricante, lo que incluye exigentes controles de temperatura y humedad; y deben garantizar la distribución desde sus centros de acopio hasta los puntos de entrega de medicamentos en cada territorio. Una tarea titánica, además de costosa, que permite que el sistema de salud funcione adecuadamente.
A ello se dedican empresas como Audifarma, Cruz Verde, Cafam, Colsubsidio, Medicarte, Éticos, Emsanar, Discolmédica y Cohan.
Gabriel Guarín, asesor de redes y salud de Cohan (gestor farmacéutico para Savia Salud y Medimás, EPS que agrupan a más de 3 millones de afiliados), explicó que en los últimos 20 años en Colombia ha habido un interés porque los servicios farmacéuticos institucionales sean más seguros y técnicos, y más recientemente la Organización Panamericana de la Salud empezó a dar orientaciones para mejorar la dispensación, evitando la escasez de los medicamentos, manteniéndolos en condiciones adecuadas, garantizando que no haya interacciones con otros medicamentos y vigilando la correcta administración de los mismos a los pacientes.
“En 2007 aparecieron unas resoluciones que le daban mucha más estructura a los gestores hasta que en 2012 salió el Conpes de la política farmacéutica, mostrando de cuáles modos teníamos que evolucionar. Ya en 2019, en el Plan Nacional de Desarrollo se le dio vía jurídica a los gestores farmacéuticos como un actor más del sistema de seguridad social. Pero como esto no se ha reglamentado, todos los gestores se han autorregulado”, recordó Guarín.
De hecho, el artículo 243 de la Ley 1955 de 2019 estableció: “operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará los requisitos financieros y de operación de los agentes de los que trata este numeral. La Superintendencia de Industria y Comercio, en el desarrollo de sus funciones, garantizará la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal”.
El problema es que a falta de esa regulación los gestores han andado como rueda suelta, por ejemplo, el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana evidenció que aunque el número de unidades de fármacos vendidas se mantuvo más o menos igual en los últimos años, los pagos que hizo Colombia no habían parado de crecer; solo por la cuenta No Pos lo hacen a un ritmo de 1 billón de pesos al año.
El observatorio insiste que a falta de regulación no hay forma de entender el aumento de los precios año a año y que ahí hay que poner la lupa, ya que puede estarse desangrando el sistema de salud.
En un estudio que hizo la Administradora de Recursos del Sistema General de Salud (Adres) sobre los recobros para la enfermedad de Gaucher (una enfermedad huérfana y de alto costo), que cada año cuesta aproximadamente 284 millones de pesos por paciente, la entidad encontró que: “la compra a los operadores logísticos agrega valor en términos de la distribución del principio activo (medicamento) a departamentos más alejados, dispensación, seguimiento y la adherencia y uso racional del medicamento; sin embargo, al revisar lo concerniente al lugar de afiliación de las personas que recibieron el principio activo, el laboratorio tiene una mayor cobertura, al menos en términos de número de departamentos”.
Y el documento agrega que “a pesar de que efectivamente resulta más económico comprarle directamente al laboratorio - logrando ahorros hasta de un 7,1 %-, el valor al cual se está comprando resulta mayor al compararlo con lo pagado en otros países. Al revisar precios internacionales, se observa que Colombia está pagando valores de más de 2 veces lo pagado por un país como Brasil, en donde cada vial del medicamento cuesta 104 % menos”.
Guarín aseguró que los gestores farmacéuticos mantienen precios incluso por debajo del precio del mercado, ya que las farmacias y droguerías comerciales compran pequeños inventarios, mientras que frente a la alta demanda de medicamentos los gestores como Cohan deben abastecerse de mucha más cantidad, lo que redunda en mejores precios.
Sin embargo, el hecho de que los gestores farmacéuticos no hayan sido reglamentados con una normatividad específica, no ha impedido que estén funcionando como tal y vengan cumpliendo la tarea esperada de ellos.
Guarín explicó que los gestores deben tener estructura y aplicar toda la logística, contar con una red de dispensación y un servicio farmacéutico estandarizado, sistemas de tecnología, manejo de la gestión del riesgo farmacéutico y gestión del riesgo financiero. Por ejemplo, Cohan tiene 111 servicios farmacéuticos en Antioquia y debe, según el asesor, garantizar la gestión farmacéutica integral con valor agregado, además de dar la garantía de que haya márgenes de utilidad para toda la cadena del sistema de salud.
“Se necesita la reglamentación para no dejar la operación a interpretaciones, intuitivamente lo hemos ido diseñando, basados en lo que hacen otros gestores en Colombia y en el mundo, pero no hay claridad que nos dé seguridad jurídica, no sabemos cómo vamos a operar en el sistema y puede que cuando salga la nueva normativa tengamos que volver a cambiar todo en lo que hemos avanzado solos”, advirtió Guarín.
Según su interpretación, se espera que la reglamentación les dé a los gestores una figura con más autonomía jurídica para poder interactuar con otros actores como las EPS, la Adres, las secretarías de salud y el ministerio. También se espera que facilite las conexiones de interoperatividad que permitan que desde cualquier consultorio salga la fórmula de una vez a un sitio, que el paciente los pueda conseguir más fácil y oportunamente.
Así mismo, Guarín intuye que la nueva reglamentación va a exigir mayores estándares a las personas que hagan parte de este eslabón de la cadena y a obligar a generar conocimiento para mejorar la política pública de salud.
“Los medicamentos no van a cambiar, y los servicios conservaran su esencia pero habrá una exigencia para que sean más completos e integrales”, dijo el asesor de Cohan.
De momento, lo único que en realidad ha cambiado desde la emisión del Plan Nacional de Desarrollo es que los gestores farmacéuticos pueden cobrar directamente a la Adres los medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios, y ya no tienen que esperar a que los recursos den la vuelta por las EPS.
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