MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 274 JULIO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com icono facebook icono twitter

Panorama presupuestario para los retos del sistema de salud

Por: Andrea Ochoa Restrepo
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Los retos presupuestarios en salud después de la pandemia en Colombia, y en general en América Latina, están relacionados directamente con una serie de variables como el incremento del gasto en los hospitales y la disminución de consultas, o en algunos casos de transferencias gubernamentales, entre otros factores que pueden hacer que el problema sea aún mayor.

Si se le suma el nivel de incertidumbre de los mercados y la lenta velocidad en la reactivación económica, se pueden presentar dos escenarios: una disminución de atención de otras patologías, combinada con una mayor demanda, que si el sistema de salud logra una reactivación significativa en la atención de estos servicios, generaría oxígeno para el sistema.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “estos retos son aún mayores en una región que se caracteriza por ser muy desigual y tener significativas brechas estructurales, sociales y económicas, que van desde una escasa productividad, una infraestructura deficiente, rezagos en la calidad de los servicios de salud y educación, persistentes brechas de género y desigualdades territoriales, e incluso un impacto desproporcionado del cambio climático en los sectores más pobres de la sociedad”.

Según la CEPAL el gasto público en salud hasta el 2019 disminuyó un 11,77 %, para colocarse en 15.517,3 millones de euros, lo que representó el 17,49 % del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en sanidad en 2019 alcanzó el 5,37 % del PIB, con una caída de 0,53 puntos respecto a 2018, cuando el gasto fue el 5,9 % del PIB.

Para ese año, Colombia descendió en la tabla que compara los países por la cuantía de recursos que dedican a la sanidad, pasó del puesto 28 al 31. Más preocupante es su posición en el ranking de gasto público en sanidad respecto al PIB, en el que Colombia ha descendido del puesto 33 al 41 entre 192 países.

Para el año 2020, el Ministerio de Hacienda afirmó que entre marzo y agosto se destinaron $28,01 billones para la atención sanitaria y económica de la pandemia. Esos $28 billones, cerca de 3 % del PIB, han sido destinados así: $10,06 billones para la atención social de la crisis, de estos, $4,38 billones fueron para la creación del Ingreso Solidario; $3,17 billones en giros extraordinarios para los programas sociales ya establecidos (Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Colombia Mayor); $400.000 millones en la devolución del IVA, y $2,09 billones en atención a población vulnerable.

Por otro lado, la salud tiene para el presente año un presupuesto de $36.05 billones lo que representó un aumento de 16.6 %. Según el informe intersectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, para el sector se tiene una apropiación vigente de $36.26 billones, de los cuales $147 mil millones (0.41 %), se encuentran en estado de apropiación bloqueada. Del resto, quedan en apropiación real $36.12 billones a corte de 31 de mayo de 2021, y se han comprometido el 45.32 % y obligado el 40.95 %.

En inversión el ministerio recibe casi el 90 %, esto es $547 mil millones de aporte de la nación, y el restante se distribuye para las entidades adscritas: $68 mil millones para la Supersalud; $67 mil millones al INVIMA; $26 mil millones para el INS; $191 millones al Fondo de Previsión del Congreso y $2.317 millones para el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles.

Para funcionamiento el ministerio tiene presupuestados 30 billones de pesos con los que se busca garantizar el aseguramiento en salud de los colombianos, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo ($19,3 billones). 10 billones corresponden a las transferencias que la nación hace a las entidades territoriales a través del sistema general de participaciones para el régimen subsidiado, la salud pública y el subsidio a la oferta. $371 mil millones se destinarán al mejoramiento de la red de urgencias, la atención de enfermedades catastróficas y las reclamaciones de accidentes de tránsito No Soat.

Así mismo, se incluyen recursos para el financiamiento de la ley de residentes y becas crédito con $125 mil millones, y recursos para el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI con $20 mil millones. El monto restante se destina a la financiación de otros programas prioritarios en salud pública.

Sin embargo, al primer año de haber llegado el coronavirus al país, este le ha pasado la factura a las clínicas, IPS y hospitales, que siguen enfrentando dificultades para lograr pagos oportunos. Aunque en las 42 EPS que existen en el país, sus indicadores de permanencia mostraban a a junio de 2020, que el defecto del patrimonio adecuado pasó de $8.097 millones en 2019 a $6.955 millones a mitad del 2020.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, señaló al respecto: “ese defecto aumentó de 2015 a 2020 en $1,6 billones, es decir que en el año de la pandemia las EPS han tenido un buen resultado. En el caso de las clínicas y hospitales el gobierno ha escuchado y se han hecho esfuerzos como el pago por disponibilidad que ha remunerado con $472.000 millones a 374 IPS”. pero también señaló que el gasto para los hospitales y clínicas en elementos de protección personal se incrementó en 2020, en promedio 163 % respecto al año anterior. Este gasto en un 72 % ha sido asumido por las instituciones hospitalarias con cargo a su patrimonio, 9,2 % fueron donaciones, 9,2 % gobierno y las ARL solo contribuyeron con un 7,5 % y otras fuentes 1,7 %.

Retos presupuestarios en salud

Ante el aumento de los gastos y disminución der los ingresos de los prestadores, es necesario tomar acciones que permitan incrementar los ingresos, aumentar la capacidad de oferta y atender la demanda de otros servicios. Si bien el gobierno nacional tiene como metas: mejorar los resultados en salud, alcanzar las expectativas de los usuarios y la sostenibilidad financiera, sin embargo otro reto es el aumento de presupuesto que permita priorizar la afiliación de la población pobre no asegurada, recién nacidos, menores edad, y migrantes venezolanos con Permiso Especial de Permanencia–PEP.

El Ministerio de Salud ha señalado que “para mejorar esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018–2022, contiene una hoja de ruta clara, que plantea reformas, esfuerzos específicos a realizar y metas concretas en el periodo”. La cartera en el informe de gestión enfatizó que un objetivo es alcanzar la eficiencia en el gasto optimizando los recursos financieros disponibles y generando nuevos con el aporte de todos.


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