MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 278 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Con sorpresa para algunos, y como la verificación de algo que se sospechaba para otros, fue recibido el informe de la Contraloría General de Medellín que afirma que en los últimos nueve años en la ciudad las políticas públicas en salud han sido más un gasto que una inversión. Y sorprende porque la capital antioqueña se ha destacado por tener uno de los sistemas de salud más consolidados, sin embargo, esta realidad parece ser que se refiere más a la calidad en la prestación de servicios que a las políticas que las administraciones municipales han implementado, o dejado de hacer, en la última década.
El tema tiene una especial importancia en un momento en que el país, y las regiones, deben hacer balance del Plan Decenal de Salud 2012-2021 y planear el que será el norte de las políticas sanitarias en los siguientes diez años.
Según el informe de la Contraloría General de Medellín (CGM), en las Políticas Públicas de Salud para el período 2012 - 2020 se invirtieron en Medellín $805.820 millones, lo que justificó que el Grupo Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas asumiera el seguimiento de estos recursos de manera prioritaria. El análisis cotejó los planes de salud de las últimas tres administraciones versus los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública.
Un primer elemento sobre el que llama la atención la CGM, pero en el cual las carencias no se le pueden adjudicar solo a Medellín, es que el PDSP 2012-2021 había sugerido incluir acciones en los planes territoriales para la prevención y la contención de patógenos emergentes de potencial epidémico. En este punto el órgano de control señala que se evidenció que desde 2012, hasta la fecha, en ninguno de los Planes Locales de Salud de Medellín se implementó esta recomendación, lo que pudo ocasionar un mayor uso de recursos, además de los altos costos en vidas y sufrimiento de la población, sin embargo, y sin que sea “un consuelo de tontos”, pocos lugares del mundo pueden asegurar que estaban preparados para lo que representó la pandemia por COVID-19.
Lo que si resulta interesante observar en el informe es que para 2020 la Secretaría de Salud, sin incluir otras dependencias de la alcaldía, destinó cerca de $103.333 millones para la atención del COVID-19, destinados a campañas, tomas de muestras, ampliación de la capacidad hospitalaria, insumos de protección y vigilancia epidemiológica. Otras entidades y dependencias de la administración municipal. Señala la CGM, también destinaron recursos aproximados a los $192 mil millones, entre ellas el Hospital General, EDU, INDER, Metrosalud, entre otras instituciones.
Como un balance general, en los últimos nueve años Medellín ha tenido un presupuesto público total de $44 billones, de los cuales se han destinado $5.8 billones para los componentes de salud en los planes de desarrollo, y $5.9 billones a la Secretaría de Salud. De este total, $805.820 mil millones se invirtieron en cinco de las siete políticas públicas en salud aprobadas en la ciudad, lo cual equivale al 1,8 % del presupuesto total, al 13,8 % de la inversión en salud y a un $13,6 % del presupuesto de la secretaría. También señala el informe que el 2015 fue el año con mayor inversión en las políticas públicas de salud con $126.440 millones, mientras que en 2016 y 2017 se dio una disminución a cerca de la mitad del presupuesto. Si bien entre 2018 y 2020 se presenta un incremento promedio a los $100.000 millones, sin embargo, no se han recuperado los niveles de inversión que se tenían en 2015, situación que según la contraloría, no tiene una explicación clara.
Al desagregar los recursos, se encuentra que la Política Pública de Discapacidad es en la que mayor inversión se ha realizado con $230.983 millones, de los cuales 61 % se realizó desde la institucionalidad y el 39 % se definió por presupuesto participativo. Le sigue la inversión en salud bucal con $217.149 millones (71 % desde la institucionalidad y 29 % por PP) y en tercer lugar está la Salud Mental con $215.841 millones, con el 91 % del presupuesto público. Las dos políticas públicas en salud con menor inversión fueron la Cardio-CerebroVascular, con $52.485 millones, de los cuales el 94 % fueron recursos desde la institucionalidad, y la Política Pública de Terapia Asistida con $19.107 millones, (84 % desde la institucionalidad y 16 % de PP). De manera preocupante el informe señala que para las Políticas Públicas de atención integral a personas con cáncer y la de protección a las personas con Parkinson, no se rastreó inversión directa de la municipalidad.
En el caso de la Política Pública para la prevención de la morbimortalidad por causas cardio-cerebro-vasculares, Medellín contó en los últimos nueve años con $49.173 millones, con lo que se buscaba fortalecer programas de promoción de estilos de vida saludable que redundara en una reducción en las mortalidades relacionadas a estas causas, sin embargo, para la CGM las cifras reportan un incremento.
En salud mental y adicciones, pese a tener una de las inversiones más alta entre todas las políticas públicas del sector salud, con una inversión que llega a los $215.841 millones, los indicadores no ceden y la problemática continúa siendo uno de los temas críticos para la ciudad, con tasas de suicidio, por ejemplo, que ha crecido 2,36 puntos porcentuales en estos nueve años, según datos de Medicina Legal. Otro elemento es que dos administraciones municipales, las de 2012 y 2019, plantearon como meta lograr la reducción a una tasa de 5 casos por cada 100.000 habitantes, no obstante el objetivo no se cumplió, y la actual administración en 2020, en vez de propender su logro, se ajusta a 6,8 casos por cada 100.000 habitantes, lo que para la CGM puede ajustarse a las necesidades del gobierno local, pero no a las de la ciudadanía.
En relación con la Política Pública de atención integral a personas con cáncer, en opinión de la contraloría, esta carece de los conceptos técnicos para llevar esta denominación, porque se concentra en campañas psicológicas y apoyos para la adquisición de pelucas con el fin de mejorar las condiciones psicosociales de los pacientes. Sin embargo, se queda corta en su objetivo y no ha tenido inversión institucional en nueve años, pero además al analizar los datos de mortalidad por cáncer, se evidencia un incremento a lo largo del periodo afectando ligeramente más a las mujeres que a los hombres.
Otra de las políticas revisada fue la de discapacidad para la Inclusión Social de las Personas que busca contribuir al reconocimiento y ejercicio de los derechos, libertades, oportunidades y capacidades de estas personas a partir de la atención de sus necesidades y la eliminación de las barreras que limitan su inclusión y participación. Para la CGM esta política tiene un alto componente de inclusión social y de articulación con los demás programas del Plan de Desarrollo, con un gran número de proyectos y actividades relacionadas, y es la política con el mayor número de actividades desarrolladas desde los Planes de Acción del municipio, así como la de mayor inversión si se suma el presupuesto institucional y de iniciativa ciudadana, lo que se ve reflejado en el alto presupuesto que se le asigna. Sin embargo, para el 2020 se observa una reducción en el número de actividades desarrolladas y el presupuesto asignado pasó de $31 mil millones en 2019 a $32 mil millones. Lo que significa que después de formulada la política, se reagruparon las actividades y se aumenta ligeramente la inversión, sin embargo, los resultados aún no son claros, tal vez producto de la pandemia, lo que dificulta la realización de algunas acciones.
Finalmente, la Política Pública para la enfermedad de Parkinson, que contiene un componente de investigación e innovación, y aunque la enfermedad no tiene cura, sí es la causante de un deterioro en la calidad de vida de quienes la padecen y de su núcleo familiar, y sería en ese componente donde la acción de la política pública se debería centrar, sin embargo, afirma la CGM, no se encontró evidencia física y financiera de ejecución y por lo tanto “se podría afirmar que no ha existido una real intervención del problema público”.
Como conclusión para la Contraloría General de Medellín, se evidencia que de las siete políticas públicas en salud de la ciudad, dos no cumplen con los criterios teóricos para llevar esta denominación, dos más no logran impactar y otras dos no cuentan con datos para verificar su impacto, por lo que indica que ha sido más gasto que una inversión en Políticas Públicas en salud. Lo que se debe entender como un importante llamado de atención a la hora de formular lo que será el nuevo Plan Decenal de Salud Pública para la ciudad.
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