MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 278 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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La salud mental preocupa a la comunidad mundial, entre otras razones debido al aumento de su prevalencia a pesar de las intervenciones planteadas por los gobiernos, la insuficiente inversión para afrontarla, y el impacto importante en la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad.
Con la pandemia por COVID-19, el suicidio se convirtió en una preocupación creciente, que además tiene un alto carácter humano por su relación con el sufrimiento emocional asociado al deterioro de las redes de apoyo, estigma y discriminación, violencias, progresión de problemas, trastornos mentales, y consumo de sustancias psicoactivas.
El Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó la respuesta a la carga de trastornos mentales graves que no reciben tratamiento adecuado en países de ingresos bajos y medios entre un 76 % y un 85 % y en los países de ingresos elevados en un 35 % y 50 %; asimismo se registra que los profesionales en salud mental son insuficientes, teniendo en promedio un psiquiatra para atender 200.000 o más personas, de ahí que solo el 36 % de las personas en países pobres están amparadas por una legislación en salud mental en comparación con el 92 % en los países de ingresos elevados, a esto se debe sumar que persiste una baja disponibilidad de medicamentos básicos.
En Colombia, en 2019 se presentaron 30.709 casos de intento de suicidio (84 casos día) y 2.550 muertes por esta causa (siete casos día), con afectación principalmente en adolescentes y jóvenes. Los factores desencadenantes fueron: conflicto con pareja/expareja (31,8 %), problemas familiares (28,3 %) y problemas económicos (12,17 %). Los mecanismos: intoxicación (68 %), arma cortopunzante (21 %) y asfixia (7,7 %), de acuerdo con lo registrado en el SIVIGILA.
Según el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz, “Si bien la tasa de intento de suicidio disminuyó en 2020 en un 16 % con respecto a 2019, posiblemente se debe al mayor acompañamiento social y menor notificación en los servicios de salud, particularmente a adolescentes y jóvenes, la mortalidad por suicidio se ha mantenido estable con 708 casos en el primer trimestre de 2021”. Y Añadió: “es probable que las consecuencias del COVID-19 para la salud mental estén presentes durante más tiempo y alcancen su punto máximo más tarde que la pandemia real. Sin embargo, la evidencia de la investigación y la experiencia nacional y local proporcionan una base sólida para la prevención del suicidio”.
Cabe señalar que desde hace años se han evidenciado cifras altas en afectación a la salud mental, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015: “5 de cada 100 niños entre 7 y 11 años ya presentaba un trastorno mental de los evaluados que, y que sin duda, crecerán y se complicarán con la edad. Un 37,6 % de los adolescentes con ideación suicida ha realizado intento de suicidio lo que indica la importancia de que los equipos de salud identifiquen y realicen el seguimiento de este grupo de población desde que se detecta la idea. Se observa que la ideación, el plan y el intento de suicidio son frecuentes en la población colombiana, lo que amerita el desarrollo de intervenciones a escala nacional con el fin de identificar y proveer atención a los grupos más vulnerables”.
Con relación a cómo la pandemia afectó la salud mental de los colombianos, el estudio Resiliencia y riesgos en salud mental, realizado por el Ministerio de Salud, señala que el 30,1 % de las personas muestran riesgo en salud mental (ansiedad o depresión) y el 6.3 % de los participantes han tenido alguna vez la idea de acabar con su vida.
La Política Nacional de Salud Mental tiene como objetivo promover el tema como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas las personas, entendidas como sujetos individuales y colectivos, para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia.
Ruiz Gómez explicó que su principal objetivo “es reducir la conducta suicida en el país con intervenciones locales y en contexto, diferenciadas por curso de vida y entornos de desarrollo, a través de una herramienta práctica que entrega orientaciones basadas en la evidencia”.
Para lograrlo se plantea gestionar intersectorialmente la satisfacción de necesidades básicas (especialmente a través del empleo y la educación) y el fortalecimiento de habilidades socio-emocionales para enfrentar los retos de la vida cotidiana, así como fortalecer la prevención y atención de los riesgos y consumo sustancias psicoactivas; el cuidado comunitario y familiar, el apoyo social, especialmente a quienes han perdido un allegado o familiar por suicidio.
“La tarea que hoy tenemos es reconocer que esta problemática nos involucra a todos. Reconocer que las emociones son inherentes a nuestra existencia nos permitirá comprender que no son buenas ni malas, sino que son una posibilidad para el aprendizaje y las relaciones fructíferas con los otros”, indicó el ministro.
Por su parte Rodrigo Córdoba, psiquiatra y ex presidente de la Asociación Psiquiátrica de Colombia y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, apuntó respecto a las cifras sobre la salud mental en el país que “los trastornos más comunes son los trastornos mixtos de ansiedad y depresión y allí yo creo que los médicos de atención primaria tengan la capacidad resolutiva para intervenir sobre este tipo de cuadros, detectarlos temprano e intervenirlos de manera precoz”.
Solicitudes y atención
Según Nubia Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Minsalud: “durante el periodo comprendido entre el 13 de abril de 2020 y el 13 de abril de 2021, la opción 4 de la Línea de atención telefónica 192 registró 18.089 solicitudes de atención. El 70,8 % de las intervenciones realizadas fueron por demanda espontánea, mientras que el 29,2 % restante hicieron parte de la búsqueda activa de casos y procesos de canalización en el marco de acciones de articulación intersectorial”.
Del total de atenciones, el 8,21 % se prestó a personas con alguna pertenencia étnica y el 17,02 % a personas de grupos de mayor vulnerabilidad como víctimas del conflicto armado, ciudadanos en procesos de reincorporación a la sociedad civil, personas con discapacidad, en situación de emergencias o desastres, migrantes, entre otros. Las personas que más buscan atención en la línea son mujeres, con un 60,90 %; las edades más frecuentes oscilan entre los 15 y 39 años; y los motivos de la llamada están relacionados mayoritariamente con síntomas de ansiedad, reacciones al estrés y síntomas de depresión, en un 46,45 %.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la salud mental deficiente crea costos económicos equivalentes a más de 4.2 % del PIB; algunos de ellos son directos del tratamiento, pero más de un tercio se relacionan con menores tasas de empleo y de productividad. Los países de la OCDE consideran que la atención centrada en la persona es una prioridad entre las estrategias en materia de salud mental, pero cerca de 20 % de quienes tienen una condición de este tipo informaron que en su estancia en los hospitales no se les trata con cortesía ni respeto.
“La disponibilidad de servicios de salud mental accesibles y de alta calidad está aumentando; sin embargo, 67 % de las personas que requerían este tipo de atención dijeron tener problemas para obtenerla. Aquellos con condiciones de salud mental graves todavía tienen una esperanza de vida mucho menor que el promedio de la población”. Sin embargo, si bien el nivel de gasto en atención de la salud mental aumentó en los países de la OCDE durante la década pasada, el porcentaje del gasto total en salud dedicado al tema no se ha incrementado e incluso ha bajado en algunos países” afirmó la entidad.
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