Más allá de la bienestarina, el problema de la desnutrición en Colombia

Durante el lanzamiento del programa “Ollas comunitarias” en Magangué, el presidente Gustavo Petro hizo la siguiente declaración: “La alimentación de una región no puede depender de las importaciones. Cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es un producto importado al por mayor”. Lo cual abrió una discusión entre los diferentes líderes de opinión, tanto políticos como del sector de la salud.

¿Sí o no a la bienestarina? ¿Es posible producir todos sus componentes en Colombia? ¿Qué otros alimentos o estrategias se pueden implementar para suplir la función que cumple la bienestarina? ¿Qué pasará con los niños, madres gestantes y en período de lactancia con desnutrición? Estas fueron algunas de las preguntas que surgieron en redes sociales.

Es de recordar que la bienestarina se ha distribuido de manera masiva desde 1976 y está presente en 1 100 municipios de los 32 departamentos del país. Es un suplemento nutricional, que mezcla harinas, cereales, leguminosas, leche entera en polvo, vitaminas A, C, B1, B2, B6, B12, entre otros componentes. “La entrega en forma constante de bienestarina a las poblaciones vulnerables por parte de los diferentes gobiernos que han pasado por este país, permitieron disminuir esta tasa [niños menores de cinco años con desnutrición crónica] a un 10 %, entre otras acciones que inciden en la reducción de esta situación de salud pública”, afirma el comunicado al presidente y a la opinión pública por parte del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas.

Tanto el procesamiento como la producción se realizan en dos plantas colombianas, propiedad del ICBF, ubicadas en Cartago, Valle del Cauca, y Sabanalarga, Atlántico; no obstante, algunos de los ingredientes son importados, como la harina de trigo, la fécula de maíz y la harina de soya. Ahora bien, aunque la producción se realice en el país, está a cargo de la multinacional Ingredion: el contrato fue firmado en febrero de 2022 por 1.18 billones de pesos, por el entonces presidente Iván Duque, y finalizaría el 30 de noviembre de 2027.

“Lo que tenemos que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente, el mismo territorio donde viven los niños; con la comida que se puede producir en ese territorio y no importarla. Hoy la bienestarina debe estar costándonos ‘un ojo de la cara’ por estar importándola, cuando el territorio puede dar la alimentación; si el Estado ayuda, eleva la rentabilidad de los productos que se pueden conseguir en el territorio”, añadió el presidente Petro en Magangué.

Al respecto, Juan Camilo Mesa, nutricionista, dietista y microbiólogo, con una maestría en Nutrition Science del Instituto Karolinska, menciona que “hay cosas que hay que solucionar primero en vez de pensar en reformular y en producir la bienestarina con ingredientes colombianos. Me parece que todo el tema de seguridad alimentaria, de cómo las personas pueden acceder a alimentos sanos, eso debería ser realmente la prioridad y no cambiar algo que en este momento que, con muchas críticas y personas en contra, en medio de todo, está funcionando para lo que fue creado”.

Por otra parte, la propuesta de Petro, “es un sueño que todos tenemos, que volvamos a tener una garantía de producción local, producción nacional. A eso debemos llegar, pero no podemos pensar que en estos momentos podemos quitar ya la bienestarina, porque la producción local requiere de tiempos y movimientos”, comenta Ana María Ángel Correa, nutricionista, dietista con especialidad en Desarrollo Infantil y Gerencia Social, parte del equipo de apoyo del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas.

Correa apunta que hace falta articulación de las distintas instancias del gobierno para poder lograr una propuesta como esta; por ejemplo, con la Ley 2046 de agosto de 2020, “se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”; sin embargo, “si no tienen vías para sacar sus productos, pues difícilmente podemos lograr que sigan cultivando. Y si no podemos llegar con una variedad de productos a esas poblaciones, no podemos garantizar que esa canasta responda a las necesidades de energía y nutrientes que requiere esa población en esa zona X del país”, agrega Correa.

La realidad de la desnutrición

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), con fecha de corte a agosto de 2022, 13 549 niños entre los cero y los cinco años fueron diagnosticados con desnutrición infantil; con fecha de corte al 5 de noviembre de 2022, se habían registrado 18 642 casos relacionados con desnutrición aguda, lo cual representa un aumento de 6 972 casos por encima de lo previsto por el Instituto. Así las cosas, 1 026 491 niños menores de 5 años en Colombia se encuentran en grave riesgo de padecer desnutrición crónica, es decir, el 82 % de niños en la primera infancia (ocho de cada 10).

Según el Índice de Desnutrición Crónica, publicado por la Fundación Éxito, finalizando el 2022, no hay ningún departamento donde la población esté exenta de sufrir desnutrición crónica. Los cinco municipios con mayor riesgo son: Mapiripán (Meta), Pacoa (Vaupés), Puerto Alegría (Amazonas), Bajo Baudó (Chocó) y Manaure (La Guajira).

En ese sentido, “la bienestarina es un apoyo alimentario, pero eso no debe ser la discusión central. Se ha desviado la discusión; el tema central tiene que ser cómo abordar de manera concreta la situación de desnutrición en nuestra población, la reducción de las muertes, porque es muy triste que nosotros cerramos el año con más de 300 muertes por desnutrición”, manifiesta la nutricionista dietista Correa.

Temas como la vivienda, la agricultura, el acceso a agua potable y el acceso a vías son solo algunos de los puntos a tener en cuenta para desarrollar acciones de manera articulada y estructurada para combatir la desnutrición en el país. “Cada entidad puede estar haciendo sus esfuerzos, pero en la medida en que esas aristas no se conecten de manera exacta y trabajen en bien común, estaremos muy lejos de cumplir el Objetivo 2, Hambre 0”, agrega Correa.

Por su parte, Mesa cree que el acceso a agua potable y al alcantarillado por parte de toda la población es el punto esencial en esta problemática, “porque es un derecho y porque a partir de ahí se construye realmente la seguridad alimentaria y nutricional”. De hecho, según lo expuesto por la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en la Comisión Sexta del Senado en septiembre de 2022, más de tres millones de personas en Colombia no tienen acceso a agua potable de ningún tipo (lo que corresponde al 6,4 % de la población total) y 12 millones de habitantes viven con servicios deficientes de acueducto.

Otra consideración es la educación alimentaria y nutricional, para que las personas aprendan qué y cómo deben consumir los alimentos. Por esa razón, para Correa “es importante que el nutricionista dietista sea parte del equipo de Atención Primaria en Salud, que se meta al territorio, porque ese es el que acompaña a las familias y los educa”.