Acceso y uso racional de medicamentos: análisis sobre lo que propone el proyecto de ley

El proyecto de ley que pretende modificar la salud en el país aborda algunos puntos claves sobre la política de medicamentos, insumos y tecnologías de la Ley Estatutaria y los avances de política farmacéutica de la última década. Frente a ello, preocupan algunas omisiones y confusiones relacionadas con el uso.

Según el Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL): “La problemática global del modelo de innovación biomédica, con implicaciones locales, no se aborda de forma coherente en la propuesta de reforma.

Una problemática que se expresa de diversas formas; entre ellas la incipiente innovación en problemas de salud relevantes, el monopolio y los precios exagerados de las innovaciones que transforman el curso de enfermedades prioritarias, la oferta creciente de medicamentos de bajo o nulo aporte en salud, la insuficiente producción y el desabastecimiento de medicamentos esenciales, sumado al sobre consumo y medicalización de la vida con consecuencias negativas sobre la salud y el medio ambiente. Esta es una omisión mayor. Ni el capítulo 13, ni otros apartados del proyecto de ley son consistentes en las soluciones a esta problemática”.

Frente a ello, Claudia Marcela Vargas, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, argumentó que hay una necesidad por “recuperar la capacidad que tuvo el país en la producción de medicamentos, en el interés de alcanzar la soberanía sanitaria”.

Respecto a la importación y regulación de precios, se precisó que deben surtirse entre productores y demandantes. A su vez, Vargas indicó cuáles son las condiciones ideales de disponibilidad de un medicamento y la capacidad de producción de los principios activos que por lo general son importados, lo cual genera dependencia en insumos de alta tecnología, bien en materia de biológicos o bien en cuanto a los llamados técnico-biológicos.

De igual modo, al indicar cuáles son las acciones adelantadas por la cartera de salud, se estableció la relación entre la cadena de suministro, producción y comercialización de los medicamentos, con los derechos de los pacientes en el interés de propiciar su uso racional, de acuerdo con los datos que arroje una labor permanente de evaluación y monitoreo, a fin de anticiparse a situaciones que afecten disponibilidad y accesibilidad a medicamentos esenciales.

Para la UNAL, “no es clara la alineación de la política de medicamentos con la agenda de diplomacia en salud (en especial la discusión de los tratados globales sobre manejo de la pandemia y del uso de flexibilidades a las patentes), ni con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sobre la política industrial. Dada la relación estrecha de las políticas de producción, con las prioridades de acceso a medicamentos y tecnologías de la salud, la participación de entidades como el Invima, el INS y otras entidades nacionales y territoriales en estos apartados debería estar descrita de forma más explícita”.

En contraste, Vargas dijo: “Una de las políticas que se están implementando desde el gobierno es la soberanía sanitaria, y por ese motivo se está trabajando en dos proyectos de iniciativas de producción local de vacunas, actualmente desde el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades. No obstante, se tiende a pensar que un medicamento tiene una patente que dura veinte años, pero en la realidad un medicamento puede tener muchas patentes y esa protección de monopolio puede extender más allá de las dos décadas”.

A favor, el Ministerio de Salud y Protección Social afirmó: “Estas iniciativas buscan recuperar la capacidad local en instituciones como el INS y como Vecol, en la producción de vacunas, como ocurría hace veinte años. Con relación a las patentes, que es una figura que concede el Estado a un inventor, para garantizar un monopolio que incentive la investigación y el desarrollo”.

Con relación a ello, vale destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define los dispositivos médicos como aquellos instrumentos, aparatos o máquinas utilizadas para prevenir, diagnosticar o tratar una patología. Dichos aparatos se han convertido en un aliado en la prestación de servicios de salud.

En cuanto a la política de tecnologías en salud, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) afirmó que “debe propender por el acceso a medicamentos e insumos de calidad: en materia de tecnologías en salud, los pacientes acceden hoy a un portafolio de insumos de calidad y seguridad. Esto incluye medicamentos, dispositivos médico, todos los gases y el oxígeno que requiere la prestación. No es claro el proyecto en cuanto a dispensación de medicamentos, operadores logísticos y farmacias y nada se menciona de la Agencia Sanitaria Invima, que es uno de los mayores cuellos de botella de la deseada industrialización, que requiere una definitiva intervención”.

Propuestas sobre la política de tecnologías en salud

Según esta asociación, el país requiere definir una verdadera estrategia de producción de tecnologías e insumos para la salud, incentivando la investigación, el desarrollo y producción de estos bienes esenciales.

“Esto supone la formulación de una política industrial de tecnologías en salud, que incentive la transferencia de tecnología y los acuerdos de producción local, en el marco del respeto a las normas de propiedad intelectual adoptadas por Colombia”, puntualizaron.

Adicionalmente, enfatizaron que es necesaria la pronta reestructuración integral del Invima, fundamentada en mejores prácticas regulatorias, simplificación y modernización de trámites, enmarcada en la gestión basada en el riesgo.