El aumento sostenido de tutelas relacionadas con la salud mantiene bajo escrutinio la capacidad de respuesta del sistema institucional colombiano. Este fenómeno refleja la falta de soluciones en etapas administrativas previas, lo que evidencia desafíos en el acceso a los servicios de salud.

Según Así Vamos en Salud: “El ejercicio de la tutela, como instancia más alta para reclamar ante un derecho vulnerado, evidencia la falta de gestión en las reclamaciones interpuestas en fases institucionales anteriores, como es el caso de las PQRS”.

Por lo tanto, y de acuerdo con la Corte Constitucional, la salud representa el 33,86 % de todos los derechos invocados mediante tutela, lo que la convierte en el segundo derecho más reclamado. Con corte a septiembre de 2025, se registró un pico en julio con 32.414 tutelas, seguido de una disminución en agosto a 27.118 tutelas (−16,3 %) y un nuevo aumento en septiembre a 30.173 tutelas (+11,3 %).

Medicamentos: el foco de la controversia

En este contexto, el 5 de noviembre de 2025, en Barranquilla, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó el informe Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia. Según el documento, en los últimos cinco años y ocho meses se radicaron 1.003.147 tutelas por el derecho a la salud. El estudio incluyó 3.449 encuestas y analizó el impacto económico de la compra de medicamentos no entregados, identificando casos relacionados con Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico. Según los ingresos promedio reportados por el DANE, el costo mensual de estos tratamientos puede representar entre el 7 % y el 90 % de los ingresos de una persona.

La defensora afirmó: “Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Además, esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos privilegian el interés del canal comercial sobre el canal institucional”.

El Ministerio de Salud y Protección Social respondió con un comunicado titulado: “Enfrentamos la crisis, no la escondemos”.

Frente a los datos de la Defensoría, que proyectaba cerrar 2025 con más de 314.000 tutelas, el 30 % vinculadas a la entrega de medicamentos, Minsalud afirmó: “El Estado está al día con sus pagos”, y señaló que son las EPS quienes “siguen jugando con la salud de la gente”.

El Ministerio destacó que el sistema institucional sigue siendo el principal canal de suministro y que entre 2022 y 2024 aumentó la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo. Finalmente, reiteró que trabaja coordinadamente con la Defensoría, Procuraduría, Superintendencia de Salud y Adres a través de los Puestos de Mando Unificado (PMU).

Tutelas en 2025 y desigualdad territorial

En 2025, el 33,85 % de las tutelas corresponde al derecho a la salud, y más del 30 % de estas está relacionado con la entrega de medicamentos o insumos. Entre enero y agosto, la Defensoría acompañó 18.451 tutelas; el 24 % estuvo vinculado con la negación de medicamentos esenciales.

La Superintendencia Nacional de Salud reportó cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos, mientras que la Defensoría recibió 107.000 quejas entre 2022 y 2025. Entre los territorios con mayores reportes figuran Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia.

Marín Ortiz agregó: “Se reconoce una causa estructural, consistente en la alta inequidad social y económica. Mientras la inequidad persista será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud, (…) existe una clara inequidad en el acceso a la atención en salud, particularmente para la población rural y la de la periferia del país y de las grandes ciudades, derivada de barreras geográficas, sociales, culturales y económicas”.

Medellín: epicentro de la judicialización en salud

En este contexto, Medellín encabeza el listado de ciudades con mayor número de tutelas por problemas de salud. Según Medellín Cómo Vamos, con apoyo de la Corte Constitucional, en 2025 se interpusieron 24.541 tutelas, apenas 416 menos que en 2024, lo que equivale a un promedio de 67 tutelas diarias contra las EPS.

Elkin Eduardo Gallego, personero delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, afirmó: “En los últimos años se vienen incrementando estos casos con las EPS intervenidas, principalmente, lo que hace más delicada la situación y por ello se ha presentado el incremento de estas acciones”.

Las principales causas de tutela en Medellín son:

• Demoras en procedimientos médicos: 9.080 acciones (37 %).
• Problemas en la entrega de medicamentos o insumos: 7.853 (para Gallego: “Esta se ha vuelto la mayor problemática del último tiempo, sobre todo para las personas que los requieren para enfermedades muy complejas”).
• Dificultades para obtener citas médicas: 7.362 (30 %).
• Problemas para continuar tratamientos integrales: 4.663 (19 %).
• Dificultades en la continuidad del servicio: 2.454 (10 %).

El peso de la salud dentro del total de tutelas ha aumentado: “Mientras en 2017 las tutelas en salud solo representaban el 14 % de todas las tutelas realizadas por habitantes del Distrito, en 2024 alcanzaron el 29 %, y para octubre de 2025 llegaron al 33 %”.

Organizaciones de pacientes hacen llamados

La Fundación Colombiana Para Enfermedades Huérfanas (Funcolehf), la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística (Fiquires) y la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias (Inspirat) advirtieron en días pasados, que la discusión pública sobre el sistema de salud se ha centrado en disputas políticas, mientras persisten graves dificultades en el acceso a servicios médicos y medicamentos esenciales. Según las fundaciones, los usuarios del sistema enfrentan demoras en consultas y procedimientos, falta de tratamientos continuos y barreras administrativas, problemas que impactan directamente el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.

Las fundaciones insisten en que la crisis estructural del sistema no se resuelve únicamente con intervenciones administrativas, sino que requiere un enfoque que priorice las necesidades reales de los pacientes, garantizando el acceso efectivo a sus derechos fundamentales.

Por ello, el comportamiento de las cifras indica que la judicialización sigue siendo uno de los mecanismos de acceso al derecho a la salud en Colombia, con Medellín como epicentro de esta tendencia.