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Los
lagos y ríos fueron para nuestros antepasados Chibchas
santuarios de los dioses, y la laguna de Tota, regalo de Chiminigagua,
señor del universo y de Bachué, diosa de las aguas.
Hoy la laguna está en peligro por la contaminación
y el daño de los páramos, y millones de colombianos
no tienen agua potable, mientras media Colombia está
inundada. El ministro de Transporte, Germán Cardona,
dijo en Córdoba: “Dependemos de la ayuda de la naturaleza
y de Dios para que el invierno baje un poco”. |
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Pero ni el acueducto celestial lo maneja San Pedro, ni las
tragedias invernales son castigo de Dios, sino la respuesta
de la naturaleza ante la violencia cotidiana contra ella.
El escritor William Ospina recuerda que hace varios siglos,
la sabana de Bogotá era una gran laguna, y un dios
o un profeta creó una fértil llanura, mientras
la laguna de Fúquene fluía cristalina por la
sabana, hasta que los adalides del “progreso” secaron
las tierras para hacer sembrados y potreros. La imprevisión
oficial es patente en la historia de las tres erupciones del
Volcán del Ruiz. La de 1985, predicha un año
antes por Ingeominas, mató 25.000 personas, muchísimas
más que las dos anteriores: sobre la de 1595, dice
Fray Pedro Simón (“Noticias Historiales”):
“No se sabe haber hecho otros daños”, fuera
de gran mortandad de peces, ganado vacuno y plantas. En la
de 1845 “hubo como 400 personas muertas”, según
crónica de Gustavo Arboleda; “como mil habitantes
de la parte alta del Valle del Lagunilla”, según
Don José Manuel Restrepo.
Las cifras del drama actual ilustran la violencia ambiental:
subió más de 500% el porcentaje histórico
de lluvias de los últimos años, más de
300 muertos, más de 280 heridos, más de dos
millones de afectados y damnificados, al menos 223 desaparecidos,
3.600 casas destruidas o averiadas, 1’300.000 hectáreas
de tierra inundadas, 45 vías nacionales cerradas o
afectadas, pérdidas económicas incalculables,
y afectados 28 de los 32 departamentos de Colombia, un desastre
más agudo que el del huracán Katrina en Nueva
Orleans en 2005, que dejó medio millón de damnificados.
¿Desastre natural o cultural?
Rafael Colmenares, ex director de Ecofondo y miembro
del Comité Nacional de Defensa del Agua y de la Vida,
explicó a EL PULSO: “Es un desastre cultural,
lo que naufraga es una sociedad que marcha en contravía
de los ecosistemas naturales que estructuran sus territorios,
que ha destruido a sangre y fuego, a golpe de tala y desecación
de humedales, la cultura indígena y campesina que hacía
viables los asentamientos poblacionales en las zonas inundables”.
Los Zenúes y otros pueblos que habitaron La Mojana,
las cuencas del Nechí, el Bajo Cauca, el San Jorge
y el Sinú, construían canales que al ceder el
invierno usaban como estanques piscícolas de los cuales
vivían; hoy podemos adaptar esa tecnología a
nuestro entorno. En la Depresión Momposina y el valle
del Sinú, muy ricos en peces, la pesca casi desapareció
y sus tierras sirven hoy a los agro-combustibles, arroz transgénico
y demás agro-negocios. “Para lograr la mercantilización
de la naturaleza se alteran los ecosistemas y se desplaza
a la población campesina, mestiza e indígena
de los territorios. Ese ha sido el trabajo sucio del paramilitarismo.
Junto con la concentración de la tierra, hay todo tipo
de negocios ilícitos, maneras de apuntalar esas actividades;
nadie puede negar la conectividad entre la crisis humanitaria
y la crisis ambiental”, aseveró Colmenares.
La tragedia es global: más de 3.000 hectáreas
de bosques amazónicos primarios deforestados en la
nororiental región de San Martín (Perú)
para cultivar biocombustibles, la construcción de represas
en la Amazonía genera grandes cantidades de gas metano
-con efecto invernadero 20 veces más contaminante que
el dióxido de carbono-, las inundaciones en Australia
sacarían del mercado mundial más de 5% del carbón
de coque -usado para fabricar acero (casi 14 millones de toneladas)-,
600 personas mueren por aludes de lodo en 3 municipios de
la zona de Río de Janeiro -la mayor tragedia en varias
décadas en Brasil- por la intensas lluvias y la urbanización
irresponsable de las montañas.
Las temperaturas de la tierra y el mar en 2010 subieron 0,62
grados Celsius sobre el promedio del siglo XX, como en 2005.
“La Niña” augura sequías para las
cosechas de maíz y soya en Argentina y de trigo en
Estados Unidos, más huracanes en el Atlántico
y menos en el este del Pacífico, una potencial amenaza
para el petróleo y el gas de Estados Unidos en el Golfo
de Méjico.
Colmenares advirtió: “No todo es explicable por
un problema que al ser global parece estar fuera de nuestro
alcance, lo cual induce a la pasividad y a la resignación.
En la obra del doctor Juan B. Restrepo, de la Universidad
Eafit, 'Los sedimentos del Magdalena: una manifestación
de la crisis ambiental', esa cuenca tiene una deforestación
de 2% anual -el más alto en Sudamérica-, y una
población de 140 habitantes/km., superior a las demás
cuencas suramericanas, por el modelo de desarrollo vinculado
a las 'bonanzas': en la Colonia la del oro, luego la del café
y después la de cultivos de uso ilícito”.
También cuestionó la falta de un plan de ordenamiento
ambiental: “Creado el Sistema Nacional Ambiental en 1993,
a la luz de la Conferencia de Río de Janeiro, hubo
unos años de impulso a la institucionalidad, que luego
se estancó, debilitó y desmontó; se flexibilizaron
las licencias ambientales en minería; jamás
se expidió el Estatuto de Zonificación para
el uso de varios químicos; decayó la Dirección
de Ecosistemas del Ministerio del Ambiente -el primer gobierno
de Uribe juntó éste con el de Desarrollo y lo
enfocó a la vivienda y al agua potable con planes territoriales
cuestionables-; se pensó que exigir requisitos ambientales
a las empresas era entorpecer los proyectos, algo ligado a
la política de ‘confianza inversionista’.
Y se fortaleció el clientelismo regional y nacional”.
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La acción gubernamental
es errática.
Igual que en las anunciadas tragedias
pasadas, es un catálogo de disposiciones
-algunas necesarias, pero todas de alcance
parcial- que atacan los efectos pero no
corrigen los males estructurales.
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Sobre
el plan de reconstrucción tras la emergencia invernal,
que cuesta $5 billones, Colmenares dijo: “Me preocupa que
se oriente más a la construcción de grandes infraestructuras
para resistir el embalse de las aguas, no a quitar la causa
del problema; todo se reduce a oportunidades de negocios para
grandes compañías”. Recordó que, según
denuncia del actual ministro de Transporte, el gobierno pasado
adjudicó contratos para contención de inundaciones
en la zona de La Mojana por $25.000 millones, obras sin diseños
e inocuas para contener las arremetidas del agua (la población
tuvo que improvisar diques con madera y sacos de arena).
Y ante la propuesta del ministro Cardona, de construir Urrá-2
para “controlar y mitigar la velocidad de las aguas del
río Sinú”, el ex director de Ecofondo opinó:
“En buena medida, el problema se debe a Urrá-1,
porque se construyó supuestamente para regular el flujo
de aguas por el río Sinú, pero a la par, los grandes
terratenientes de Córdoba desecaron las ciénagas,
ampliaron sus fincas a costa de ellas, dedicaron terrenos a
los agro-cultivos, a ganadería extensiva, y la represa
de Urrá no aguanta ya una fuerte temporada invernal”.
Inundados y sedientos, cual Tántalo
El experto explicó que nuestras grandes ventajas:
estar en la zona de confluencia inter-tropical, atravesada por
tres cordilleras, con costas en dos mares y cobijados por la
Amazonía y la Orinoquía, factores climáticos
diversos, gran biodiversidad y el ser la octava reserva de agua
dulce del planeta, pueden convertirse en lo contrario cuando
se actúa en contravía de su lógica. Dijo
que hace 14 años, el Estudio Nacional del Agua, encargado
por Minambiente a la Universidad Nacional identificó
los sistemas productivos, tecnologías y formas de ocupación
de la tierra inadecuados, como los factores determinantes de
la polaridad abundancia - escasez de agua.
Agregó que hace tres años el entonces ministro
de Ambiente, Juan Lozano, anunció el “Plan de recuperación
definitiva del río Bogotá”: debió
perecer ahogado. Y hace sólo 6 meses, el Congreso echó
a pique un referendo que destinaba exclusivamente los ecosistemas
del ciclo hídrico a su finalidad natural y consagraba
el derecho humano fundamental al agua potable. “Hoy nos
ahogamos y padecemos sed al mismo tiempo, persistiendo en el
camino equivocado por el cual seguiremos en desbocada carrera,
jalonados por las locomotoras de la prosperidad que proclama
el presidente Santos: minería, agro-negocio y combustibles
fósiles. Por eso, ha llegado el momento de hacer un gran
debate al modelo de desarrollo, que tiene facetas en la legalidad
y en la ilegalidad, para corregirlo o cambiarlo, pues los paños
de agua tibia ya no funcionan”, concluyó el ecologista.
Ligia Arregocés, directora de Ecofondo, conceptuó
a EL PULSO: “La causa estructural de la problemática
ambiental radica en el modelo de desarrollo, que para su pervivencia
ha rebasado los límites naturales, mediante acciones
que satisfacen las necesidades de la sociedad de consumo. Implica
que nuestra estrategia cultural de adaptación debe corresponder
con las condiciones y capacidad de carga de los territorios
de asentamiento. Los fenómenos naturales existen per
se y sólo se convierten en desastres cuando no hay condiciones
de prevención adecuadas a las condiciones de riesgo”.
Señaló como responsable al Estado colombiano,
a la institucionalidad debilitada, desgastada y fracturada,
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
que no ha propulsado la política nacional ambiental:
por ello el sistema está acéfalo y cada actor
asume posiciones particulares y reactivas ante cada situación.
Cuestionó la mínima asignación de recursos
en el presupuesto nacional, y el servir las actividades económicas
a los intereses de inversionistas y no a una política
nacional ambiental concertada con los ministerios a partir de
la oferta ambiental de los ecosistemas. Pidió a las Corporaciones
Autónomas Regionales acompañar legislativamente
a los entes territoriales, sin sustituir sus funciones, pues
no es asertivo asignarles una responsabilidad que no les corresponde.
Afirmó que no se puede restablecer un equilibrio ambiental
y social que no existía antes del último desastre
invernal, pero su intensidad evidencia la crisis del modelo.
Como acciones urgentes, propuso destinar recursos suficientes
para los afectados en condiciones dignas para el ser humano,
en el corto, mediano y largo plazos. Estimó vital discutir
el modelo de desarrollo y construir una opción de sostenibilidad,
sobre una nueva relación de la sociedad con la naturaleza.
Para Patricia Fernández, directora de la Corporación
Viva la Ciudadanía en Antioquia, “hay un problema
de educación ambiental que ha hecho cultural el mal manejo
del medio ambiente por parte de todos en el ámbito nacional
y global, y hacen falta políticas reales e inversión
de recursos suficientes que prevengan, mitiguen y controlen
los efectos devastadores del crecimiento de la industria y el
consumo desmedido de este siglo”.
“El invierno está bajo
control”
La acción gubernamental es errática. Igual
que en las anunciadas tragedias pasadas, es un catálogo
de disposiciones -algunas necesarias, pero todas de alcance
parcial-, que atacan los efectos pero no corrigen los males
estructurales. Se expidieron 37 decretos de emergencia económica,
social y ecológica, para arbitrar recursos, intervenir
las corporaciones autónomas regionales, dar un seguro
agropecuario, expropiar zonas indebidamente ocupadas, agilizar
licencias de construcción y vigilar la contratación,
entre otros puntos.
La intervención de las 33 Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) es criticada por 'diagnosticarse la enfermedad
en las sábanas', y por posible inconstitucionalidad.
La revista Semana dijo que la disfuncionalidad de esas corporaciones
se debe a que “históricamente el gobierno central
las ha entregado a los políticos locales para lograr
el respaldo que necesitan”, poniendo al director y a 7
de los 12 miembros de sus consejos directivos. El abogado Abelardo
de la Espriella denunció penalmente a los directores
de la mayoría de las corporaciones de la Costa Caribe,
por homicidio culposo y lesiones personales culposas, mientras
la Procuraduría General de la Nación ordenó
investigar a 808 alcaldes del país por presunto incumplimiento
de los planes de prevención.
De resto, una correría nacional para el plan de contingencia,
encabezada por el Ministerio de la Protección Social,
que terminó “de manera satisfactoria” por no
tener aún “brotes o epidemias de importancia”,
teletones, “reuniones estratégicas”, un “fondo
regional” propuesto por el gobernador del Atlántico,
Eduardo Verano (en pleno invierno) para “direccionar con
fluidez” los $800.000 millones a la reconstrucción
que dura 3 años. En tanto, la ceguera de los colombianos
por cuenta de su clase dirigente, del desprecio por la sabiduría
ancestral y de la “confianza inversionista”, parece
empujarnos a ese abismo seco y vacío que era, antes del
milagro de los dioses, la Laguna de Tota, y a perecer en las
fauces del cruel demonio Busiraco. |
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