En los
últimos 4 años, Supersalud inició intervenciones
a 11 de las 72 EPS, y desde hace meses los prestadores de servicios
señalan que éstas no producen los resultados esperados.
Olga Lucia Zuluaga, directora de Acesi, considera que las intervenciones
empeoraron la relación entre EPS y prestadores, y que
la acción de la Súper no demuestra ningún
beneficio para prestadores y proveedores, quienes tras las intervenciones
encuentran una clara barrera para recuperar la cartera que les
adeudan las EPS: “Esto se debe a la prohibición
de generar embargos a las cuentas de entidades a las que se
le aplica la medida; pero además, se obliga a los hospitales
a no suspender la prestación de servicios, lo que aumenta
una cartera que con el tiempo no encuentra un pagador claro;
y si finalmente se llega a la liquidación, empiezan procesos
largos y engorrosos que jamás permiten una recuperación
total de la deuda con los prestadores”.
La ineficacia de las intervenciones en flujo de recursos, lo
atribuye a la falta histórica de vigilancia y control,
oportuna y efectiva: “Cuando se dan las intervenciones,
las EPS están en situaciones financieras tan precarias
que generan gran presión para que el gerente interventor
mejore los estados financieros apalancándose en los prestadores,
a quienes se les disminuye porcentajes de pago o tarifas de
contratación”. Lo más grave es que el flujo
de recursos desde las EPS intervenidas empeora, incumpliendo
plazos legales para pagos y hasta en menores porcentajes de
contratos de capitación: “Pese a que la Súper
establece claramente que no co-administra con el interventor,
sí hay franca permisividad ante las denuncias, generando
violación permanente de los derechos de los usuarios”.
La directora de Acesi asegura que las intervenciones tampoco
son eficientes en garantizar procesos de contratación
coherentes con las normas, y por el contrario, EPS intervenidas
deterioran condiciones contractuales que tenía la red
pública hospitalaria, bajo el pretexto de que es necesario
garantizar la viabilidad financiera y evitar la liquidación
de la EPS.
A todo lo anterior se suma el fracaso de las mesas de concertación
realizadas por la Súper, que sólo sirven para
llenar los prestadores de actas de compromisos incumplidas,
que no surten ningún efecto sancionatorio. “Supersalud
no ha sido eficiente ni eficaz en sus funciones, ocasionando
una permisividad extrema en el sector con consecuencias nefastas
incalculables para la población, y llevando al sector
al punto de no retorno en que se encuentra. Si la Supersalud
fuera coherente y aplicara la normatividad sobre márgenes
de solvencia y patrimonio mínimo, ya estarían
intervenidas muchas EPS y liquidadas otras tantas; sin embargo,
acciones como la figura de 'Vigilancia Especial' son muy peligrosas,
por cuanto estas entidades siguen recibiendo recursos públicos
parafiscales del Estado a pesar de no garantizar la adecuada
prestación de servicios ni flujo de recursos, ni hacen
contrataciones ajustadas a la ley, todo con el único
objetivo de garantizar el cumplimiento de indicadores financieros
aunque finalmente sean liquidadas. Mientras tanto, la situación
de los prestadores empeora”, concluye Olga Lucia Zuluaga.
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