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| “El sistema
fracasó porque la salud se convirtió en negocio
que produce rentabilidad y no bienestar: los ciudadanos deberían
reclamar a congresistas el por qué privilegiaron grandes
empresas sobre el derecho a la salud”. |
| Dr. Néstor
Álvarez |
| La crisis parece el
elemento más sólido y estable del sistema de salud
colombiano. Se han buscado salidas desde reglamentaciones del
Ejecutivo y reformas a la ley de salud, hasta marchas de protesta
para presionar un cambio de modelo. Sin embargo, hasta hoy nada
ha remediado la crisis. De ahí que sea válida
la propuesta de la Asociación de Empresas Sociales del
Estado de Antioquia -Aesa- de convocar un gran foro que explore
la posibilidad de realizar un acuerdo social para detectar puntos
de acercamiento entre los actores del sistema y clarificar divergencias
para trabajar sobre ellas en los proyectos de ley ordinaria
y estatutaria. |
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Pero: ¿Es posible
un acuerdo social para salir de la crisis del sistema de salud?
El pesimismo rodea esta posibilidad, pero los caminos están
para recorrerse y muchas veces, se hace camino al andar.
Presión social para
cambiarsistema, reclaman pacientes
En el foro, Néstor Álvarez representó a
los pacientes de alto costo y por tanto sus análisis
adquieren una importancia adicional: reflejan el sentimiento
y percepción de los usuarios, posición casi siempre
desconocida al planear las estrategias macro: “Los ciudadanos
colombianos somos más que una UPC, la cual no refleja
la condición de ciudadanía, ni de seres humanos.
En el sistema de salud nos miran en los balances de accionistas
cuando observan qué tanta rentabilidad le dan los ciudadanos
al negocio de atención a la enfermedad. De ahí
que el sistema de salud se encuentra en el lado equivocado para
los ciudadanos. Una demostración es que las EPS cuando
ven que el negocio no es rentable, lo entregan. |
Pero lo más
grave está en el cierre de hospitales, en la carencia
de médicos, en la falta de lugares para nacer, para recuperar
la salud y para morir con dignidad.”
Afirmó el doctor Álvarez que el sistema fracasó
porque la salud se convirtió en un negocio que produce
rentabilidad y no bienestar, ante lo cual la reacción
de los ciudadanos debería ser reclamar a los congresistas
las razones por las cuales privilegiaron las grandes empresas
sobre el derecho a la salud: “Debemos unirnos de verdad
para exigir transformaciones que vayan más allá
de la gestión reactiva en las movilizaciones, que no
arrojaron soluciones trascendentes”. Y rechazó las
propuestas del ministro Gaviria, al señalar que esconden
un futuro donde los pacientes, si quieren más, tendrán
que pagar más. |
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“Un Pacto Social por la Salud
debe partir de hacer prevalecer los compromisos con
los derechos humanos sobre los comerciales”.
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Dr. Alberto Bravo
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Frente al actual modelo
de salud, el doctor Álvarez calificó de falacia
hablar de 96% de cobertura en aseguramiento, dadas las dificultades
reales de acceso efectivo a servicios de salud, y añadió
que en el país existen derechos diferenciales para cotizantes
y beneficiarios, generando otra forma de inequidad. En prestación
de servicios, llamó la atención: “Si el riesgo
se está trasladando a los prestadores, ¿será
necesario el intermediario?” E invitó: “Tenemos
que pasar de estar en el auditorio, a realizar una adecuada
presión social”.
“Defender soberanía en
medicamentos”: Asinfar
Uno de los actores que más incidencia tiene en
la suficiencia de recursos en el sistema de salud es la industria
farmacéutica, de ahí que su participación
para lograr un Pacto Social por la Salud sea crucial. Alberto
Bravo, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas
Colombianas (Asinfar), es pesimista frente al Pacto y afirma
que las buenas intenciones del ministro Alejandro Gaviria, repiten
lo mismo de ocasiones anteriores. Para el líder gremial,
un Pacto Social debe partir de hacer prevalecer los compromisos
con los derechos humanos sobre los comerciales, pero cuestionó:
“¿Está el Estado dispuesto a que los monopolios
tengan límites? La respuesta es no. No se evidencia una
disposición para defender nuestra soberanía en
materia de medicamentos”. Esta falta de disposición
del Estado se habría ratificado con la firma de los TLC,
especialmente con Estados Unidos, dijo el doctor Bravo: “La
mesa de propiedad intelectual fue sumamente caótica y
controvertida en la negociación del TLC y vendió
los intereses de los colombianos. Creo que el Estado debe aplicar
efectivamente las medidas de propiedad intelectual favorables
a la salud pública y ahora cumplir aplicadamente la Política
Farmacéutica Nacional consignada en el Conpes Social
155 de 2012”. |
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“Es necesario aplicar los instrumentos
para la regulación y control de precios de medicamentos
(principio 'pro homine'), operados desde la perspectiva
de la salud como derecho humano fundamental”.
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| Dr. Luis Guillermo
Restrepo |
Igual posición
sostuvo Luis Guillermo Restrepo, presidente del Colegio de Químicos
Farmacéuticos, quien asegura que la crisis de los sistemas
de salud y su relación con el gasto en tecnología
-incluyendo medicamentos- no es exclusiva de Colombia, y obedece
a un cambio en el orden de prioridades: “La salud de las
personas debe estar en primer orden, los beneficios económicos
en segundo lugar. El Estado como representante de todos los
colombianos debe vigilar las desviaciones de todos los actores.
Estamos ante el grave problema de la profesionalización
de la pobreza, pero además caímos en la falta
de soberanía total frente a unas empresas que cooptaron
los legítimos intereses del Estado”.
Explicó que al ser las tecnologías parte integral
del derecho fundamental a la salud, deben ser accesibles, estar
disponibles, ser costo-efectivas, aceptables y de calidad: “No
es aceptable pretender recortar el POS, restringiendo el acceso
a algunos medicamentos”. Coincidió en la necesidad
de aplicar los instrumentos para la regulación y control
de precios (principio pro homine), los cuales deben operarse
desde la perspectiva de la salud como derecho humano fundamental.
Agregó que procesos como los de negociación y
compra unificada y centralizada de tecnologías seleccionadas
y de alto costo, deberían ser la respuesta para solucionar
los problemas de baja frecuencia y prioridad en salud pública,
lo cual se debe aunar con una gestión de tecnologías
en salud mediante incentivos y correctivos que orienten al uso
adecuado de tecnologías en un marco de Atención
Primaria en Salud (APS) y Redes Integradas de Servicios de Salud
(RISS). |
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Déficit en capacidad
instalada en municipios
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“Sin
acuerdo social, no es posible una salida a la crisis del sistema”,
expresó en el foro Julio Alberto Rincón, asesor
de la Federación Colombiana de Municipios, quién
agregó: “Hace rato perdimos la brújula. Cada
actor trata de buscar el mayor provecho tirando para su lado,
olvidando que un derecho no es lo que alguien te debe dar, es
algo que nadie te debe quitar. De ahí que todos los actores
participamos de las causas y soluciones al problema”.
Para el asesor, la solución no es tan fácil como
eliminar a las EPS, puesto que reconoce como ganancia los avances
en aseguramiento. Indicó que lo urgente es oxigenar económicamente
a los hospitales y criticó que el ente central llegara
a una parálisis absoluta. Precisamente sobre la prestación
de servicios, considera que hay gran déficit en la capacidad
instalada en la mayoría de municipios, lo que dificulta
atender necesidades básicas de asistencia a la enfermedad;
en gran medida, esta incapacidad estaría soportada en
varias razones: leyes restrictivas al ejercicio (como las de
anestesia) que llevaron a un déficit de especialistas,
a lo que se sumaría que las universidades no están
formando los médicos con el perfil que se necesita, generando
pérdida en su capacidad resolutiva; a los profesionales
de la salud se les restringe la posibilidad de solicitar ayudas
diagnósticas, mientras las tecnologías utilizadas
tienen un gran atraso en la gran mayoría de municipios,
siendo un ejemplo contundente que solo 313 municipios cuentan
con servicio de pediatría, aunque exista una ley de infancia
que privilegia la atención del niño. |
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