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Ante la propuesta
de la EPS Coomeva de pagar las deudas que tiene con hospitales
y clínicas del país por la prestación de
servicios de salud, con acciones de esa compañía
a través de tres alternativas: conformación de
un patrimonio autónomo con los derechos económicos
y litigiosos de servicios No-POS, capitalización de acreencias
y capitalización de facturación futura, la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas -ACHC- pidió
al Ministerio de Salud y a entidades de control revisar la legalidad
de estas propuestas, que podrían ser riesgosas para las
instituciones hospitalarias. |
Considerando
que esta EPS tiene casi 3 millones de personas y una importante
cartera con el sector hospitalario (a junio 30 de 2012 a una
muestra de 124 IPS le adeudaba más de $276.000 millones),
la Asociación explica que considera absolutamente indispensable
que el Ministerio se entere de las estrategias que implementará
y de la legalidad de las decisiones de la EPS. Por ello le solicitó
al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ejercer una observación
especial sobre ese proceso, de manera que pueda el sector
y el país tener la tranquilidad que en este tipo de mecanismos
no se generen nuevos y más profundos problemas que al
final impacten a la población -a través de dificultades
asistenciales- y a las instituciones por detrimentos -a los
ya de por si afectados- patrimonios de los hospitales públicos
y clínicas privadas.
Luego de esa alerta el pasado 4 de enero, el 17 del mismo mes
el director de la Asociación, Juan Carlos Giraldo Valencia,
reiteró su alerta sobre la situación de la EPS
Coomeva, sus propuestas y eventuales desenlaces para el sistema
de salud. |
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Le solicitó
al ministro su intervención inmediata para proteger la
población e instituciones hospitalarias, mediante aplicación
de normas que lo facultarían para implementar mecanismos
que disminuyan el impacto de la crisis o impidan que los faltantes
se sigan ampliando; se trata del decreto 1865 y la resolución
1405/12, que ordenan el giro de recursos de recobros de las
EPS a las IPS, y de la Ley 1608 de Cuentas Maestras que ordena
giro directo de mínimo 80% de las UPC de EPS intervenidas.
Advierte la ACHC que de no actuar con prontitud, se corre el
riesgo de que esta metodología se contagie a otras empresas
del sector que averiguan por el desenlace de la propuesta y
la actuación del gobierno. Y le solicitó consultar
a la Supersociedades los pasos en un eventual abordaje de grupo
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