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En el foro “¿Es
posible un acuerdo social para salir de la crisis del sistema
de salud?”, El director de la Asociación Colombiana
de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo Valencia,
sostiene que el sector hospitalario siempre ha tenido las
puertas abiertas a un Pacto Social por la Salud y a encontrar
salidas a la crisis, pero condiciona ambas situaciones al
cumplimiento de algunas condiciones: que la reforma legislativa
a la salud tenga como visión ser humanista, un sistema
centrado en las personas, con mejores resultados de salud
y que esté basado en la calidad sin que ésta
sea un sobrecosto.
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Y agrega: “No
podemos olvidar que hubo una catástrofe ética
en el sistema y los principios hipocráticos también
aplican para quienes administran la salud. La rectoría
debe estar a cargo del Estado, ya que en los últimos
20 años hubo una cesión progresiva del poder del
Estado a las fuerzas del mercado, y la salud es una función
absolutamente indelegable”.
En cuanto al funcionamiento concreto del sistema “soñado”,
el doctor Giraldo señala que éste debe tener:
un asegurador universal en términos financieros, y un
fondo único recaudador que salvaguarde los recursos públicos
de manos corruptas y que no se parezca al Fosyga; y sobre una
supuesta inestabilidad por la potencial desaparición
de las aseguradoras, afirmó: “Después de
las EPS, sí habrá futuro. Son un eslabón
de la cadena que viene fallando sistemática y profundamente.
El rol de las EPS tiene que mutar para llegar a entidades de
administración regulada que no reciban recursos anticipados,
sino por medio de incentivos a resultados en términos
gerenciales, de articulación y en salud”.
Partiendo de la premisa de que la gestión del riesgo
en salud debe recaer en manos de todos los actores, propuso
un modelo de “Coalición Social por la Salud”,
donde la Atención Primaria en Salud (APS) sea el fundamento,
donde la salud pública y la promoción y prevención
sean los conceptos matriz sobre los cuales dar una “verdadera
revolución social en salud al país”, pero
aclarando: “La APS no debe ser medicina de pobres para
pobres”. |
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“Si 79% de las EPS-C no tienen margen
de
solvencia e incumplen patrimonio mínimo, quiere
decir que el apalancamiento financiero de las EPS
se trasladó a los prestadores. Por eso hay que aclarar
cuentas entre EPS-IPS con tiempos máximos
de conciliación y pago”.
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Dra. Olga Lucia Zuluaga
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Por su parte, Olga
Lucia Zuluaga, directora de Acesi, gremio de los hospitales
públicos, indicó que un acuerdo social ya existe,
pero la realidad muestra que se requiere de mucho más,
partiendo de que el Ministerio y el Congreso lo quieran hacer:
“Más del 60% de los hospitales públicos están
en mediano y alto riesgo financiero. Y los problemas aumentan:
ante la liquidación de EPS, ¿quién paga?
La ley de cuentas maestras no es la solución, en tanto
que no le da liquidez al sistema, y la compra de cartera se
avizora como la única forma de salvar los recursos de
las Empresas Sociales del Estado (ESE)”. Para la doctora
Zuluaga, el panorama no es alentador: “Una ley estatutaria
con la posición anunciada por el gobierno, va en vías
de restringir aún más el derecho a la salud; de
ahí que sea mejor trabajar en una ley ordinaria. El asunto
es qué se sigue después, porque la Ley 1438 lleva
dos años y no ha sido reglamentada”.
Y agregó: “Si el 79% de las EPS del régimen
contributivo no tienen margen de solvencia e incumplen los montos
de patrimonio mínimo, quiere decir que el apalancamiento
financiero de las EPS se trasladó a los prestadores.
Por eso hay que aclarar cuentas obligatoriamente entre EPS-IPS
con tiempos máximos de conciliación y pago.
Además, definir claramente una metodología para
los traslados de usuarios de las EPS en insolvencia o liquidación,
gestionar el riesgo financiero de manera dirigida y controlada
por el Estado, y no entregada a terceros como actualmente. Esto
implica que no se pueden entregar recursos a las EPS en insolvencia,
lo que significaría que el giro directo ascienda hasta
el 92%”. |
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Pacto Social para mejorar
indicadores de salud
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Junto
con Aesa, el colectivo de ciudadanos denominado “Mesa Antioquia”
que trabaja desde hace varios años en la generación
de propuestas para el sector salud, presentó algunas
consideraciones alrededor de lo que se necesita para alcanzar
un Pacto Social por la Salud. Su coordinador, Luis Alberto Martínez,
director de Aesa, justificó la necesidad de un Pacto
Social amparándose en el deterioro de algunos indicadores
de salud pública que vienen cayendo a la par de los indicadores
financieros de los hospitales.
Y señaló cómo la mercantilización
en la que se fundamentan las relaciones entre los actores, induce
a la corrupción y a la ineficacia del sistema: “La
realidad de la salud colombiana no puede desligarse de su modelo
de desarrollo. El deterioro de los indicadores refleja una dolorosa
realidad y la fragmentación induce a la corrupción
e ineficiencia, impulsados en que el sistema genera un laberinto
gigantesco de trabas jurídicas y financieras que llevan
a su ineficacia”. Para el doctor Martínez, el Plan
Decenal de Salud Pública debe ser el principal instrumento
de planificación sectorial, a la vez que debe darse una
asunción gradual de mayores competencias por los entes
territoriales.
En cuanto al aseguramiento, la Mesa Antioquia entiende el concepto
como “la garantía que brinda el Estado a la atención
integral en salud de toda la población, ordenando fuentes
de financiamiento, agrupando los recursos del sistema de salud
de forma solidaria, con criterios de equidad, con un sistema
de gestión de riesgos, financieros y de salud, dirigido
y controlado por el Estado de forma indelegable”. A este
concepto se suma la propuesta de que la administración
del único plan de beneficios debe estar a cargo de instituciones
sin ánimo de lucro, mientras la prestación de
servicios se adelanta a través de Redes Integradas de
Servicios de Salud -RISS-, con equipos básicos de salud
y equipos de apoyo vinculados y con una remuneración
laboral digna. |
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