|
"No bastaría
con decir que hay mucho por hacer, porque la Superintendencia
Nacional de Salud es una instancia todavía difusa,
por la enorme cantidad de información que maneja, que
ahora mismo se está reajustando con las herramientas
que le ha venido dando la normatividad para mejorar el cumplimiento
de sus funciones de inspección, vigilancia y control,
pero que entraña una enorme responsabilidad, porque
cuando estamos en un sistema que no le está asegurando
el derecho a la salud a mucha gente, tiene la obligación
de hacer gestión directa para reclamar por lo menos
el trato digno al enfermo y exigir la reflexión a los
agentes del sistema".
Siempre insistía a sus colaboradores en que la Ley
100 era adecuada, pero que necesitaba ajustes porque en su
reglamentación e implementación faltaban elementos,
y que ello se evidenciaba en los testimonios de las personas
que solicitaban por ejemplo atención de urgencias y
tenían que recurrir a una tutela para demandar servicio.
Al ser así, algo estaba fallando, y llegaba entonces
la gran angustia de saber que había muchos pacientes
en muchos hospitales o centros asistenciales sin que nadie
los pudiera ayudar, y que a las EPS y ARS había que
recalcarles que quizás esos enfermos no eran de su
competencia, pero que por lo menos no les cerraran las puertas,
que hicieran gestión a su favor.
"¿En qué momento la normatividad rompió
la humanización en la salud y la volvió mercancía?"
se pregunta, porque quienes ingresaron a la salud como negocio,
deben estar absolutamente conscientes de que están
prestando un servicio social a un ser humano que tiene su
vida en peligro. En esta situación, no basta con el
hecho de que las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, IPS, se vean obligadas a asumirlo todo, porque existen
deudas muy grandes que nadie quiere reconocer y hasta el mismo
Estado se comprometió a pagar y a veces no lo hace.
A la Ley 100 tienen que faltarle elementos, dice, porque no
puede ser tan buena si se muere tanta gente, y no se puede
negar que es una ley más de corte economicista que
humanista, que al contemplar la salud como negocio, pierde
mucho en humanización, reiteró.
Por eso, sus más grandes angustias fueron al sentir
la imposibilidad de la Superintendencia de ayudar a que el
sistema fuera efectivo y garantizase el derecho a la salud,
lo que muchas veces la obligó a enviar a los pacientes
a instaurar tutelas para reclamar ese derecho, pero que fueron
resueltas cuando era demasiado tarde. De ahí que su
prioridad en la gestión fueran las urgencias y su atención,
porque las consideraba la puerta de entrada al sistema, donde
lo esencial era garantizar su atención y luego resolver
quién pagaba.
Por todo eso, después de reconocer que "hay más
muertos en Colombia por falta del derecho a la salud que por
la misma guerra" y que "los paseos de la muerte
se viven en todas partes del país", la doctora
Triviño Valenzuela presentó los puntos en los
cuales avanzó en su corta administración.
Lo primero: conocer al usuario
"Dentro del mejoramiento de la atención de esta
entidad, nos propusimos como primera medida conocer al usuario
que acude a la Superintendencia, elaboramos instructivos especiales
que nos permitieran llevar estadísticas de número,
tema, casos, responsables de atención, preocupaciones,
y así mejorar la capacidad de respuesta. También
adecuamos un local especial, más amplio y moderno en
la carrera séptima en Bogotá, donde junto con
el Ministerio de Salud, estamos orientando a los usuarios
sobre la información que necesitan en un momento dado.
Dado que consideramos prioritaria la atención de las
urgencias, porque la mayor parte de consultas y quejas nos
llegan por este aspecto ante la gran deficiencia en su atención,
estamos propendiendo que los entes territoriales manejen muy
bien el control de referencias y contrarreferencias. En esta
línea está también el control que estamos
haciendo a las ambulancias, porque por primera vez se hizo
una convocatoria para conocer su estado en todo el país:
ya tenemos más del 80% de esa información y
eso nos da entonces un gran instrumento para hacer medición.
Lo otro es la verificación personalizada de la situación,
ya que me desplacé a 4 o 5 ciudades, donde escogía
igual numero de hospitales para visitar personalmente las
urgencias y así obtener información directa",
señaló.
Instrumentos para el control
La señora Triviño destacó la gestión
financiera que ha permitido disponer de más elementos
para el control, dentro de los cuales se destaca la elaboración
de algunos indicadores de alarma sobre la situación
de IPS y ESE, que advierten cuáles deberían
entrar a Ley 550 o de reestructuración económica,
cuáles deberían estar en proceso de liquidación
y cuáles ameritan un control o intervención
urgente de parte de la Superintendencia.
Igualmente, se está diseñando un modelo específico
para las EPS indígenas, porque dada su particularidad
y régimen especial, vienen presentando muchos problemas
específicos; en rentas se está promoviendo el
pago de transferencias a la salud con oportunidad, y para
enfrentar la evasión y la elusión, después
de la detección de unos $1.900 millones mensuales solo
en salud en Bogotá mediante trabajo coordinado con
el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Salud,
se replicará la gestión a nivel nacional en
las 5 líneas de empresas del sector real detectadas
como las mayores evasoras, como las de vigilancia por ejemplo,
para avanzar en el control. Y frente a las llamadas "agrupadoras"
que se dedican a hacer múltiples afiliaciones, se han
iniciado investigaciones junto con los organismos de seguridad,
porque se encontró un verdadero "cartel"
de las mismas que operaba en varias ciudades.
Recuperar 4 billones de pesos en liquidaciones
Esta sería más o menos la cifra de los recursos
de la salud que podrían recuperarse en los 144 procesos
de liquidación que está
adelantando la Superintendencia; una de las primeras gestiones
de la doctora Triviño al llegar al cargo, fue constituir
un grupo especial encargado del tema, toda vez que en las
previsiones nunca se pensó que fuera necesario tenerlo,
porque no se esperaba tanta inestabilidad en las empresas
del sector salud, a menos de 10 años de constituidas
dentro del nuevo esquema de la reforma.
De esos 4 billones de pesos, 2 billones corresponderían
a dineros involucrados en casos de corrupción, que
si bien se están investigando junto con la Oficina
Anticorrupción de la Vicepresidencia de la República,
serán más difíciles de recuperar por
los procesos penales que implican y las órdenes de
captura emitidas, pero cuyos casos no deben abandonarse porque
faltaron a la fe pública de las personas que confiaron
sus recursos a estas empresas, les prestaron unos servicios
y ahora deben devolverlos, advirtió, sin dejar de reconocer
que en la atención de estos casos, hace falta más
capacidad técnica de la disponible actualmente en la
Superintendencia.
Otras generalidades
La doctora Gloria Isabel Triviño, destacó el
hecho de que la Ley 715 de 2001 hubiese ampliado el ámbito
de control de la Superintendencia de Salud y la estructuración
de sus competencias, además de la entrega de instrumentos
frente a fiscales y funcionarios del orden territorial, de
los cuales antes era imposible obtener registros o algún
tipo de información.
En cuanto a recursos del régimen subsidiado a los cuales
no se les dio un manejo óptimo, pero que nadie sabía
en donde estaban, se logró obtener información
en un 52% de lo requerido, que arrojó datos por $145.000
millones de los años 95 y 96; ahí se iniciaron
acciones ante Procuraduría y Fiscalía por sustracción
de dineros y se inició proceso a más de 300
alcaldes por no haber enviado la información correspondiente.
De las IPS que tampoco presentaron información requerida
por la Superintendencia con corte a 31 de marzo de este año,
1.771 fueron investigadas y cerca de unas 400 atendieron el
requerimiento gracias a las nuevas facultades otorgadas por
la ley. Otra facultad concedida por la Ley 715, fue la de
poder cobrar las multas que decretaba, cuya suma ascendía
a $11.000 millones, para lo cual se creó una oficina
de cobro coactivo que recuperará esos dineros para
el Fosyga o para el sector en todo caso.
Otro logro fue el primer cobro de la tasa a favor de la Superintendencia,
realizado en abril pasado con más del 80% en dineros
y respuesta del 60% de los vigilados, mucho más de
lo presupuestado, a pesar de que se llevaban más de
3 años tratando de sacar adelante esta iniciativa,
pero ahora se espera incluso, superar el 90% de la meta de
recaudo.
Reestructuración del
SIVC
A juicio de la Superintendente Gloria Triviño, la entidad
recibió un espaldarazo con el decreto 1280 de 2002,
recién expedido con facultades extraordinarias, porque
a su juicio, cambia completamente los paradigmas de control
que se venían exigiendo, principalmente en 3 aspectos
esenciales.
Con un universo de 480.000 vigilados, no hay ninguna estructura
que facilite la inmediatez en la relación de vigilancia
y control, por lo que ahora se apostará a la vigilancia
mediante 2 mecanismos: un control primario, una especie de
autocontrol o autoevaluación, donde los vigilados deberán
reportar a través de sus oficinas de control interno,
auditorías y revisorías fiscales, la forma en
que están actuando; y en segundo término, la
Superintendencia asumirá la responsabilidad de esos
agentes que hacen el control inicial, utilizando a las personas
que cumplan las funciones de revisores fiscales o auditores
en salud, porque los 7.000 revisores fiscales que se tienen
en el sistema desde la Supersalud, cuestan mucho dinero y
su trabajo apenas si se ve, por lo que ahora se le apostará
al control interno.
El segundo cambio grande de paradigma consiste en que al tener
el control primario, el control ya no va a ser sobre los agentes
sino sobre los procesos, partiendo de los 3 grandes ejes temáticos
en que el decreto divide al sistema: aseguramiento, financiamiento
y prestación de servicios.
Y el tercer gran cambio de paradigma es determinar que en
la medida en que se necesita una efectiva articulación,
coordinación y funcionalidad, la Superintendencia se
erigirá como el director o la piedra angular del sistema
de control, con un direccionamiento bajo el Esquema de Gestión
que se actualizará cada 2 años, con definición
de competencias, instrumentos, resultados esperados y formas
de medición de los resultados. La Supersalud quedará
como la gran directora de obra y para ello dispondrá
de una Red de Controladores operativa, integrada por los agentes
de control y revisores fiscales, además de organismos
como el Ministerio, el Invima, la misma Superintendencia,
los cuales facilitarán que la información fluya
para todos sin que existan eventos sueltos; dentro de eso,
resta definir las competencias de los entes territoriales
en la cadena. Este esquema de reestructuración se le
dejará entonces al nuevo gobierno, para que entre a
concertarlo con los vigilados y así obtenga una mayor
acogida y efectividad.
La reestructuración de la Superintendencia va a adelantarse
según este nuevo modelo, con 2 líneas de acción:
una dedicada a los agentes de control, habilitación
del control y operativización de la Red de Controladores,
mientras la segunda gran rama estructurará los 3 macroprocesos
por eje temático: aseguramiento, financiamiento y prestación
de servicios, coordinados a través de una gran oficina
que haría la interrelación constante con el
gobierno y los usuarios.
Lo que también debe considerarse, es que todo el proceso
demanda una gran transformación desde la Informática,
que responda a las nuevas necesidades, para entrar a publicar
informes de coyuntura y elaborar planes estratégicos
que sean útiles a todo el sector, concluyó la
Superintendente.
Ahora, la doctora Gloria Triviño dedicará todas
sus energías y desvelos, a la constitución de
una fundación que luche a brazo partido por la humanización
del sector salud y la medicina en Colombia, indicó,
porque después de conocer el sector de cerca, nadie
puede quedarse manicruzado, esperando a que el sistema funcione
por obra y gracia divina.
|
