Doscientas sesenta y tres Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) atraviesan difíciles
situaciones financieras que las obligarían a acogerse
a la Ley 550 o de Reestructuración Económica,
en tanto que otras 25 instituciones de todo el país
se encuentran en alerta de disolución obligatoria,
según pudo detectar la Superintendencia Nacional
de Salud en información reportada por sus entidades
vigiladas.
Las 25 en alerta de disolución son IPS privadas,
mientras que entre las 263 en causal de Ley 55, se tienen
74 Empresas Sociales del Estado -ESE- y 189 IPS privadas;
además, se encontró que otras 167 instituciones
deberán ser visitadas ante la advertencia de sus
indicadores, que muestran serios problemas en sus estados
financieros.
Lo grave de la situación estriba en el hecho de que
este alto número de entidades con problemas económicos
representan apenas un pequeño porcentaje del total
de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud existentes
en el país, toda vez que del requerimiento de información,
la Superintendencia de Salud sólo recibió
respuesta del 16% de IPS del sector privado y del 62% del
sector público.
Por ahora, se esperan estos reportes de las entidades que
no los presentaron y se visitarán las clínicas
y hospitales que presenten un capital de trabajo negativo,
con endeudamiento mayor o igual al 50% y con prueba ácida
modificada inferior a 1; además, para establecer
la causal de Ley 550, las entidades deberán tener
cuentas por pagar con vencimiento mayor a 90 días
y que superen el 5% del pasivo corriente, y la causal de
disolución se dará cuando el total del patrimonio
sea menor al 50% del capital social.
Los análisis financieros establecieron que en las
IPS privadas, el manejo y la recuperabilidad de las cuentas
por cobrar pueden ocasionar problemas de liquidez en el
sistema, ya que la prueba ácida arrojó como
resultado que por cada peso que el sistema debía
a corto plazo, sólo contaba con 20 centavos para
respaldarla en el año 2001.
Sin embargo, también se reflejó que las cuentas
por cobrar por parte de las IPS privadas por la venta de
servicios a los regímenes contributivo y subsidiado,
alcanzó los $93.000 millones para finales de 2001
y los $133.000 millones por atención de casos de
SOAT y Medicina Prepagada.
Y en cuanto a las IPS públicas, se estableció
que tienen cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 60
días por valor de $452.000 millones.
La preocupante conclusión, es observar que las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud están trabajando
a pérdida, con un grande déficit operacional
calculado en $60.000 millones, porque el gran número
de ellas atraviesa dificultades financieras y tienen altas
cuentas por cobrar. Y se hace más grave aún,
si se considera que solamente se analizó la información
del 16% de las IPS privadas y del 62% de las públicas,
con corte apenas a 31 de diciembre de 2001.
