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En un foro organizado
por la Universidad Nacional en Bogotá el pasado 24
de julio, que se tituló "Propiedad intelectual,
acuerdos internacionales y acceso a los medicamentos",
Kevin Atkins, británico de la Fundación OXFAM
International, advertía a los asistentes que había
que lograr, a toda costa, que las decisiones importantes de
los países, como éstas de salud pública,
fueran difundidas en y por toda la opinión pública,
pues la costumbre de los Estados potencia era utilizar toda
su injerencia para lograr acuerdos en recintos cerrados, firmados
por tres o cuatro personas, todos ellos ilustrados técnicos,
para no dar lugar a discusiones.
El gobierno nacional colombiano, el pasado mes reafirmó
una vez más su compromiso para entrar en el ATPA (Tratado
de Preferencias Comerciales Andinas), con las asociaciones
representadas por las multinacionales de la industria farmacéutica
mundial (E.U.). Eso sin referirnos a la dura Reforma Tributaria
que también se le endilgó en el mismo día
al pueblo colombiano, sumido en una deuda externa de un 49%
y con una insuficiencia alimentaria que en definitiva termina
golpeando la salud de sus connacionales. "La situación
no es nada buena, se hizo una reforma de carácter estructural,
duele pero había que hacerlo", señaló
Mauricio Aranguren, director de la Dian. "Por eso hubo
que gravar hasta el arroz", como tituló el periódico
El Tiempo en su edición del viernes 20 septiembre.
Con estas dos perlas, el ejecutivo dio a los colombianos dos
golpes que mal que bien tendrán que soportar por tiempo
indefinido.
El final de una negociación de un año
El nuevo decreto 2085 de 2002, reglamenta todos los aspectos
relacionados con la información suministrada para obtener
registro sanitario en medicamentos. La medida adoptada por
el gobierno, protege en el territorio nacional el uso de información
no divulgada de nuevas entidades químicas, así:
"...3 años contados a partir de la aprobación
de la comercialización en Colombia para aquellas solicitudes
presentadas durante el primer año de vigencia del presente
decreto, 4 años a partir de la comercialización
en Colombia, para las solicitudes presentadas durante el segundo
año de vigencia de este decreto y 5 años contados
a partir de la aprobación de la comercialización
en Colombia, para aquellas solicitudes presentadas a partir
del tercer año de vigencia del presente decreto".
Según Juan Luis Londoño de la Cuesta, Ministro
de Salud y Encargado de Trabajo, "lo que estamos haciendo
es proteger una información que supone un esfuerzo
considerable desde el punto de vista económico para
los productores de esos medicamentos, además de que
la medida no es retroactiva".
Alberto Bravo Borda, presidente de la Asociación de
Industrias Farmacéuticas Colombianas, Asinfar, celebró
oficialmente, antes de viajar a Uruguay, que se haya tenido
en cuenta la decisión de "no establecer una protección
retroactiva, con lo que prácticamente se le habría
otorgado un monopolio a la industria farmacéutica internacional,
lo que pone en evidencia el compromiso del gobierno con la
salud pública, además de no haber incluido como
nuevas entidades químicas los nuevos usos o segundos
usos, en el aparte de las excepciones". El organismo
no expresa pues su misma consideración para la protección
otorgada a las nuevas entidades químicas superiores
a tres años.
Como lo señalara la revista Semana en la edición
de junio 21 de 2002, en el artículo Nuevo round. Una
movida diplomática de E.U revive el pulso entre los
laboratorios nacionales y extranjeros por los medicamentos
genéricos, lo que querían las multinacionales
es que durante los primeros cinco años después
de registrado un medicamento innovador no haya proceso sumario,
de manera que al competidor le toque repetir todos los estudios
de bioequivalencia y bidisponibilidad. Cómo estos son
costosos y tardan mucho, lo que ocurriría es que nadie
sacaría genéricos al mercado durante cinco años.
Entre telones
El periódico El Espectador en su edición dominical
del 8 de septiembre 2002, expresa en su editorial: Medicamentos,
patentes y salud, que el argumento de las farmacéuticas
internacionales para sostener el alto precio de sus medicamentos
son las enormes sumas que invierten en investigación
para lograr los avances que permiten descubrir nuevas moléculas
o mejorar las actuales, a lo que Francisco Rozzi, médico
epidemiólogo y asesor médico en asuntos de salud
pública en representación de IFARMA y ahora
nuevo miembro del Ministerio de Salud, argumenta fuertemente
que las multinacionales farmacéuticas no son muchas
veces las que hacen las investigaciones, porque en su mayoría
descargan este tipo de trabajos a las universidades o centros
de investigación de sus países o del mundo,
haciendo que de éstos se beneficien unas terceras personas.
En sus declaraciones a El Pulso, aclaró que hace falta
un compromiso por parte de ellas para declararse comercializadoras
de sus productos y no del todo investigadoras.
Además, "descubrir nuevas moléculas a partir
de otras es en verdad muy fácil", agrega Rozzi,
y los márgenes de utilidad que dejan los medicamentos
son tan altos, que "me atrevo a asegurar que hay medicamentos
que cuestan un $1 (un peso) en su producción, y se
ponen a la venta al público a $ 35 por tableta, cuando
no se venden a 400 ó 500 pesos.
Con la nueva medida, lo que se hace es proteger a los medicamentos
genéricos que hasta el miércoles 18 de septiembre
se expidieron, eso es bueno, pero los nuevos medicamentos
saldrán a precios que se extienden de uno hasta el
infinito, acusando un monopolio de todos ellos (los nuevos).
El experto termina diciendo, que "existen decenas de
laboratorios en el mundo, como los japoneses que se han hecho
camino en la industria fabricando solamente genéricos,
y eso ante la Organización Mundial del Comercio OMC-
es totalmente válido, lo que pasa es que nosotros estamos
supeditados a las políticas trazadas por Washington".
La medida recae directamente sobre los altos precios que tendrán
los medicamentos que no tienen genéricos en el mercado:
los cancerológicos, para infecciones crónicas,
el sida y la hipertensión arterial, por nombrar algunos,
argumenta el experto.
De esta manera, el gobierno nacional en cabeza del presidente
Alvaro Uribe Vélez demostró, antes de viajar
a su encuentro con su homólogo de Estados Unidos, George
W. Bush en Washington ("a solicitar un bailout: ayuda
de emergencia, en forma de crédito directo del tesoro
estadounidense -de 3.000 millones de dólares-",
Editorial El Tiempo, domingo 22 septiembre 2002), que está
haciendo bien la tarea, enseñando las reformas tributaria,
laboral y pensional en su portafolio, además de este
punto aprobado acerca de la propiedad intelectual en medicamentos.
De la otra parte, se espera su retribución con gratitud
y solidaridad para Colombia, con el ATPA y sus 150.000 empleos
prometidos.
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