“La Atención Primaria bajo dictadura fiscal” Hernando Guzmán Paniagua - Periodista elpulso@elhospital.org.co “La Atención Primaria en Salud en Colombia tal como la concibe la nueva ley de reforma del sistema está sometida a una dictadura fiscal y limitada por los determinantes estructurales de la salud”, manifestó el investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional, Oscar Rodríguez. Y expuso: “Mirando el concepto de la Corte Constitucional sobre la emergencia social que dictó Uribe, vemos que el sistema de salud está preso por una dictadura fiscal, porque no se puede, dentro de la discusión de la ley ordinaria y de la APS, dejar por fuera la Ley Estatutaria, por un problema de sostenibilidad fiscal. Esa dictadura fiscal es la negación de los derechos sociales por problemas de equilibrio presupuestal y está inmersa en el funcionamiento del sistema”. Anotó al respecto: “Esta es una de las grandes limitantes de la APS, no podemos sustraernos al análisis de los determinantes estructurales de la salud: el empleo, entre ellos. Para un Estado, tomar como guía de la política pública la sostenibilidad fiscal es una forma de negación de los derechos sociales, del acceso y la oportunidad de los sistemas de protección social, bajo la dictadura fiscal. Es lo que uno encuentra cuando 1.5% de la cotización del régimen contributivo que se destinaba a financiar el subsidiado, ahora entró al paquete del régimen contributivo. Estudiando la evolución fiscal de los últimos 5 años y el compromiso del Estado con el gasto social, hay disminución significativa, dando cabida a otras prioridades que todo el mundo conoce: la seguridad democrática, las fuerzas armadas, el servicio de la deuda, etc.”. Rodríguez invocó la definición que da la OMS a la Atención Primaria en Salud Renovada: “Es una estrategia de intervención en las condiciones y en el estado de salud de las personas, entendida la salud no sólo como ausencia de enfermedad sino también como bienestar físico y mental, espiritual, emocional y social. Así, la APS está íntimamente asociada al ejercicio de los derechos sociales y al derecho fundamental a la salud, y sobre los cuales se construye un nuevo criterio de ciudadanía”. Cuestionó el supuesto logro de la equidad: “Según el dictamen de la Corte Constitucional en su Sentencia T-760/08, no puede haber un sistema de salud para pobres y otro para el sector formal de la economía, y le dio plazo perentorio al gobierno para unificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) contributivo y subsidiado. La nueva ley ordinaria -no tanto por iniciativa del actual gobierno-, invoca la equidad, pero pese al esfuerzo, el sistema sigue inequitativo porque las condiciones del aseguramiento de ambos regímenes serán distintas. Ello puede conducir a la pauperización de sectores de población, pues si uno se enferma en el contributivo, tiene licencia remunerada, y si una señora tiene un hijo, le cubre el derecho a la maternidad; en el subsidiado, a quien se enferma le dan una incapacidad, deja de percibir sus ingresos, no tiene derecho a la remuneración por licencia de maternidad y la familia está en alto riesgo de caer en la pobreza, porque las prestaciones económicas del régimen contributivo no serán extendidas al subsidiado. Viendo la documentación y los estudios de referencia de la senadora Dilian Francisca Toro cuando esta ley estaba en conciliación, y en particular la información del Banco Mundial sobre el gasto en salud, similar a la del grupo de Protección Social del CID, se detecta que el gobierno ha venido disminuyendo parte del presupuesto de salud, especialmente desde 2007, que se acentuó con la reforma de las transferencias; luego, el esfuerzo de financiación que debía hacerse desde el sistema impositivo, no se hace por parte del gobierno. Por eso, la igualación de los POS sólo se plantea hacia 2015”. El investigador cuestionó el compromiso del gobierno de lograr la universalidad del aseguramiento y otras variables asociadas a la APS, la oportunidad en la prestación del servicio debida a la ineficiencia hospitalaria por desfinanciación, las barreras de acceso y el flujo de recursos. Dijo que el diseño de la ley tiene uno de los mayores problemas del sistema: “La regulación es mínima en el sector, los entes estatales dejaron de mirar el uso y la destinación de recursos, no hay mayores disposiciones de Supersalud ni una asociación con el papel que debe jugar la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las prácticas competitivas dentro del sistema, y hay problema de desfinanciación; por esto, la población con enfermedades huérfanas quedará al vaivén del flujo de recursos y por fuera la responsabilidad del aseguramiento con esas enfermedades. La Comisión de Regulación en Salud (CRES) cuando ajusta la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2011, reconoce que no hay confiabilidad en información que dan las EPS para el efecto”. Y anotó: “Cuando sólo se está conteniendo costos en el negocio de la salud, necesariamente se generan barreras de acceso; en muchos casos, según varias investigaciones, si se logra acceder al primer nivel, cuando se avanza al segundo o tercero de complejidad, hay problemas serios de calidad y la oportunidad de las citas obedece al nivel de la cotización: para afiliados de empresas con altos salarios, la oportunidad es buena, pero si uno es independiente con bajo nivel de cotización, le dan la cita a 90 ó 120 días”, concluyó el doctor Óscar Rodríguez.   Más información... Con Atención Primaria en Salud: ¿real viraje de lo curativo a lo preventivo? 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