MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 8    NO 95   AGOSTO DEL AÑO 2006    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Legislación del
talento humano en salud
Otra vez en el limbo
Hernando Guzmán Paniagua Periodista elpulso@elhospital.org.co
Ante las objeciones presidenciales al proyecto de ley de talento humano en salud (404 de Cámara y 024 de Senado), voceros de las facultades del sector salud coincidieron en propender por una norma que deje en manos de la universidad la recertificación profesional y no en los colegios médicos, entes gremiales ajenos a la formación académica.
Cuando se insinúa el propósito de un congreso nacional por la reivindicación del poder universitario, publicamos los conceptos de varios decanos, de la Asociación Colombiana de Universidades y de la Asociación Médica Colombiana. Estos elementos de análisis deben servir para fijar una línea de conducta de los estamentos científico y gremial, frente a una problemática que mantiene sus vasos comunicantes con los demás eslabones de la política oficial. Tal vez así se evitará que la ansiada ley de talento humano sea un nuevo muerto en el panteón de la salud.
 
Universidad Nacional
“Profesionales buenos y baratos”
El vicedecano académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, Roberto Franco, manifestó: “El proyecto objetado era un llamado al mejoramiento permanente de la calidad de los profesionales de la salud. Preocupa que en él los colegios médicos, que no son tradicionales en Colombia, sean los encargados de avalar ese proceso. La universidad es la institución competente por excelencia, por ser la que forma el talento humano y verifica que la calidad mejore día tras día. Los colegios son entidades gremiales con grandes nexos comerciales. Aspiramos a que haya además presencia equitativa de las universidades públicas en el Consejo Nacional del Talento Humano en Salud. Que la tengan las EPS con sus clínicas puede ser bueno o malo: bueno, si el prestador vela porque lleguen buenos profesionales, pero malo si vela porque lleguen buenos y baratos”.
 
Universidad de Antioquia
“Recertificar profesionales:
Un negocio de $20.000 millones”
Elmer Gaviria Rivera, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, reconoció que el frustrado proyecto “desde el punto de vista filosófico tiene planteamientos acertados sobre calidad, ética, integralidad y otros aspectos. Con miras a una nueva ley, el primer cuestionamiento es quién está preparado en el país para la recertificación del personal de la salud: son las instituciones de educación superior, 70% de ellas privadas y 30% públicas, todas sometidas a normas de gestión de la calidad, autoevaluación de sus programas y acreditación académica nacional e internacional. No son los colegios médicos ni las sociedades científicas, entes muy nuevos en Colombia que utilizan a los egresados de las universidades, pues detrás de esta recertificación tienen alto interés las casas farmacéuticas y los laboratorios, que patrocinan eventos de actualización y ello plantea un problema ético frente a la formación. El personal de salud, unas 300.000 personas en Colombia, representa un negocio de cerca de $20.000 millones. ¿No será que estamos entregando un monopolio? Otra arandela es el decreto 1001 de abril de 2006, que en su artículo 20 deroga la exigencia de que las nuevas especializaciones médico-quirúrgicas las ofrezca una institución universitaria reconocida y con una primera cohorte de egresados. Así, cada día tendremos un mayor número de especialistas para recertificar y un nuevo monopolio alrededor de la enfermedad. ¿Podemos dejar que la educación en salud se convierta en un negocio de baja calidad y de alta rentabilidad económica? Hay que evitar que con la Ley 100/93 y el decreto 1001/06, se abran las puertas a una mano de obra de baja calidad que no responda a las necesidades de salud de la población sino a las necesidades económicas de las EPS, de algunas IPS y otras entidades. Además, en la composición del Consejo Nacional del Talento Humano hay que superar la inequidad del proyecto objetado, que daba participación a dos voceros de las asociaciones de facultades del área de salud, uno público y uno privado, porque éstos son 70% de esas facultades y además actuarían alternadamente”.
 
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