El personal de salud que está en la primera línea de atención al Covid-19 recibirá una bonificación económica por parte del Gobierno Nacional. Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el pasado 17 de julio.

El jefe de esta cartera afirmó que se “plantea una inversión social en nuestro recurso humano de 450.000 millones de pesos. (...) será un reconocimiento por una única vez y de manera paulatina, empezando por quienes ya tuvieron el pico de la pandemia, como Amazonas, Tumaco, Cartagena y Barranquilla”.

Este estímulo fue reglamentado con las resoluciones 1172 y 1182 de 2020, en las que se especifica que las IPS deberán reportar a la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) el personal que se encuentre inscrito en el ReTHUS (Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud) o en el SSO (Servicio Social Obligatorio) y que atienda “de manera directa a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus”.

Las reglamentaciones contemplan a los empleados de 26 servicios de salud, entre ellos se encuentran quienes trabajan en consulta externa, hospitalización, atención institucional, domiciliaria o prehospitalaria, unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, laboratorios clínicos, radiología, imágenes diagnósticas, cirugía, toma de muestras, transporte asistencial, urgencias y terapia física o respiratoria.

Además, las secretarías departamentales, distritales y municipales deberán reportar a los empleados inscritos en el ReTHUS o en el SSO, “que realicen actividades de vigilancia epidemiológica vinculadas a la atención directa a pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid-19”.

El 31 de julio fue la fecha límite para informar sobre el personal que atendió la pandemia entre el 12 de abril y el 30 de junio. Mientras que el 10 de agosto fue el plazo que se fijó para reportar a quienes trabajaron durante julio. Estos grupos serían los beneficiarios de la remuneración económica.

El monto será girado directamente a cada trabajador y se definirá teniendo en cuenta el “ingreso base de cotización promedio de cada perfil ocupacional”, según detallan las resoluciones.

El Pulso envió un cuestionario al Ministerio de Salud para conocer más detalles de la medida. Este despacho explicó que dicho estímulo “se financiará con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias”, y señaló que “en este momento no es posible estimar si los recursos son o no suficientes teniendo en cuenta que se está realizando el reporte de información”.

Asimismo, el ministerio aclaró que por ahora no se tienen presupuestadas otro tipo de ayudas a los empleados de este sector “diferentes a las desarrolladas en los decretos legislativos”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, hasta el 1 de agosto de 2020 se habían registrado 5.168 casos de Covid-19 en el personal de salud, de los cuales 4.485 ya se recuperaron, mientras que 42 fallecieron. Auxiliares de enfermería (con 1.814 contagios), médicos (con 886) y enfermeros (con 678) son los profesionales más afectados.

A la pregunta sobre si se contempla algún tipo de ayuda para las familias del personal que ha fallecido a causa del virus, el Ministerio de Salud respondió: “Estamos enfrentando un momento complejo que no solo afecta a los profesionales de la salud, sino a la población en general. En este sentido, se están implementando medidas que impacten a la totalidad de la población. En todo caso, es importante mencionar que no es competencia de este Ministerio implementar ayudas sociales”.

¿Qué opinan los trabajadores sobre la bonificación?

“Se recibe bien, pero es insuficiente frente a la magnitud del rezago y la deuda histórica que tiene el estado con el personal de la salud y las demandas que se requieren en este momento tan difícil”, afirma Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.

La médica psiquiatra añade que su gremio ha solicitado otro tipo de medidas. “La primera era hacer un censo en Colombia para mirar cuál era el personal de salud requerido para la atención del pico de la pandemia y proceder a hacer una contratación mediante plantas temporales. Recursos hay suficientes para enfrentar la pandemia”, asegura.

Otra de sus propuestas es que el estímulo económico se gire directamente a las clínicas y hospitales “con priorización de pago de honorarios al personal de salud”. Las resoluciones no especifican si la medida acogerá también al sector privado, en palabras de Corcho, si no es así, “la mayoría de los trabajadores quedarían por fuera”.

Gilma Rico, presidenta de la ANEC (Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia), integró una lista de 32 líderes de organizaciones sindicales y gremiales que enviaron un derecho de petición al ministro de Salud, el 23 de julio, en el que le pidieron llevar a cabo algunas modificaciones a la medida.

En el documento se afirma que se “excluye a un gran número de trabajadores que prestan servicios de salud directos y otros que prestan servicios complementarios, como los auxiliares de administración, servicios generales, conductores, vigilantes, etc., que han contraído la enfermedad por cuenta de su relación indirecta con pacientes de coronavirus, labores sin las cuales sería imposible prestar servicios de salud”.

“Todos estamos pasando por lo mismo. Son personas perjudicadas y que han tenido problemas de salud, ¿quién vela por ellas?”, cuestiona la presidenta de la ANEC.

Las agremiaciones también están en desacuerdo con que se haya fijado el 12 de abril como punto de partida para otorgar el beneficio económico, pues consideran que debería ser desde el 12 de marzo, día en el que el Gobierno declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus.

De otro lado, la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana dice que su gremio ha pedido que a los aproximadamente 350.000 empleados del sector, según sus estimaciones, se les hagan pruebas constantes que confirmen o descarten la presencia del virus.