“La tutela y los derechos a la salud y la seguridad social 2019” es el nombre del informe que la Defensoría del Pueblo acaba de presentar sobre el comportamiento de la tutela en el país durante el año pasado. Esta figura, desde que se creó con la Constitución de 1991, se ha constituido en el mecanismo más eficaz y oportuno que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos fundamentales ante las vulneraciones, y en 2019 se alcanzó el récord de 620.257 acciones de tutela presentadas exigiendo el cumplimiento de algún derecho fundamental, cifra que representa un incremento del 2,1 % con relación al año 2018, en otras palabras cada 51 segundos se presentó una tutela en Colombia, o cada 11, si solo se tienen en cuenta los días hábiles.

Durante 2019 el derecho de petición continuó siendo el más invocado por las personas en las acciones de tutela (39,43%), seguido del derecho a la salud (33,43 %) y el debido proceso (12,3 %). Otro dato general es que en primera instancia, el favorecimiento de tutelas fue del 54,9 %; sin embargo, como lo señala el informe, una gran mayoría de usuarios recurrieron al incidente de desacato por incumplimiento a la acción de tutela, situación que en salud se ha convertido casi que en una constante.

Las cinco regiones con el mayor número de tutelas fueron Bogotá con 117.315 (18,91 %), Antioquia con 116.389 (18,66 %), el Valle del Cauca con 62.581 (10,09 %), Santander con 32.120 (5,18 %) y Norte de Santander con 28.328 (4,57 %). Sin embargo, los indicadores más altos de número de tutelas por cada 10.000 habitantes fueron para Caquetá (317), Antioquia (193) y Risaralda (193). En 1.080 municipios (96,3 %) se interpuso al menos una tutela por violación a uno o más derechos fundamentales.

Tutelas en salud

Una interpretación ambivalente produce el informe de la Defensoría cuando señala que en 2019 las tutelas en salud se mantuvieron en los mismos niveles que en el 2018 (207.368 acciones), ya que podría verse como positivo que su número no aumentara, sin embargo también muestra que el cumplimiento del derecho a la salud de los colombianos sigue vulnerándose en la misma proporción de años anteriores, situación que, como resalta el informe: “no cumple con lo establecido en la orden 30 de la Sentencia T-760 de 2008, que buscaba disminuir el número de acciones de tutela en salud.

Y es que en el país cada 2,5 minutos se interpone una tutela en salud, o cada 34 segundos si se tienen en cuenta solo los 244 días hábiles de 2019. Ahora bien, un hecho que evidencia la razón de los tutelantes es que las tutelas que invocaron el derecho fundamental a la salud tuvieron fallo a favor en el 79,9 % en la primera instancia, porcentaje que de todas maneras es el menor en los últimos cinco años. El indicador nacional de número de tutelas en salud por cada 10.000 habitantes fue de 42 acciones y los departamentos con los indicadores más altos fueron: Risaralda (103), Arauca (102), Caldas (99), Norte de Santander (94) y Quindío (80). En 1.032 municipios de Colombia (92 %) se interpuso al menos una tutela invocando el derecho a la salud.

Lo que si fue una constante es que el binomio de EPS Medimás/Cafesalud fue la entidad más demandada en 2019 con 28.839 tutelas (13,88 %), seguida de Nueva EPS con 21.569 (10,38 %), Coomeva con 20.849 (10,03 %), Savia Salud con 14.351 (6,91 %) y Asmet Salud con 8.507 (4,09 %). Según el indicador «número de tutelas por cada 10.000 afiliados», las aseguradoras con el mayor número de acciones fueron: Coomeva, Medimás/Cafesalud, Savia Salud, Ecoopsos y Comfaoriente. Resulta interesante que las tutelas contra los regímenes de excepción se incrementaron en un 8,49 %, donde las fuerzas armadas y de policía cuentan con el mayor número, 7.339, seguidas del régimen de salud del magisterio con 5.465 acciones, lo que significó un incremento del 21 % con relación al año anterior.

En el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), las tutelas aumentaron en un 8,65 %. La ARL Positiva fue la entidad con el mayor número de acciones con el 47,53 %. En cuanto a las tutelas contra las Administradoras de Fondos de Pensiones aumentaron en un 53,1 %, con ocasión al incremento de las acciones contra Colpensiones.

Incumplimientos

Se tendría que escudriñar con lupa para detectar una actividad relacionada con la salud donde los colombianos no hayan tenido la necesidad de interponer tutelas exigiendo su prestación. Lo que si muestra fácilmente el informe de la Defensoría son aquellas donde más se vulneraron los derechos de los ciudadanos.

Las especialidades más frecuentes en 2019 fueron neurología, ortopedia, oncología, oftalmología y endocrinología. De estas, las de mayor crecimiento fueron endocrinología con el 26,14 % y oncología con el 18,74 %. Los diagnósticos tutelados con más frecuencia tumores y neoplasias (12,99 %), enfermedades del aparato genitourinario (8,86 %), enfermedades del sistema circulatorio (8,47 %), enfermedades del sistema osteomuscular (8,29 %) y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (6,99 %). Dentro de las solicitudes de pacientes con tumores y neoplasias, los más frecuentes fueron el cáncer de mama (19,69 %), próstata (8,22 %), estómago (5,05 %), otros tumores malignos de la piel (4,07 %) y cuello del útero (3,49 %).

La categoría de servicios, que incluye consulta externa, internación, procedimientos quirúrgicos, apoyos diagnósticos y tratamiento integral, tuvo una participaron del 64,43 % del total de tutelas presentadas. Le siguieron medicamentos con el 14,11 % y elementos no asistenciales (transporte, viáticos y cuidadores) con el 7,38 %.

Muy preocupante resulta observar que en 2019 el porcentaje de solicitudes incluidas en el PBS fue del 85,32 %, 5,2 puntos porcentuales más que en el 2018, siendo mayor el porcentaje en el régimen contributivo. Los porcentajes más altos de solicitudes PBS se encontraron en servicios (99,48 %), elementos no asistenciales (73,03 %) y medicamentos (72,57 %).

La Defensoría plantea una reflexión que deberían llamar a la acción de las autoridades sanitarias del país. Desde 2015 cuando entró en vigor la Ley Estatutaria en Salud, y en retrospectiva (5 años), existe una tendencia al aumento tanto en el número de tutelas en salud.

Risaralda, Arauca, Caldas, Norte de Santander y Quindío son los departamentos que con mayor frecuencia se han ubicado en los primeros cinco lugares en el número de tutelas por cada 10.000 habitantes. Pero también, Coomeva, Medimás/Cafesalud y Savia Salud, que en el año 2019 ocuparon los primeros lugares en número de tutelas por cada 10.000 habitantes, han estado presentes, de manera reiterativa, en los primeros lugares durante los últimos cinco años, lo que mostraría, según la Defensoría, una clara falta de interés en buscar soluciones de mejora y en garantizar el derecho fundamental a la salud de sus afiliados.

En cuanto a la disponibilidad, la Enfermedad Renal Crónica, y la diabetes son las patologías más frecuente en el grupo de las enfermedades del aparato genitourinario (8,86 %) y ocupa el segundo lugar después del cáncer. Por su parte las tutelas que solicitan los servicios en el grupo de consulta externa corresponden al 18,56 % y están distribuidas así: consultas de medicina especializada con un 14,2 % y consultas médicas generales con un 4,37 %. Esta alta demanda de las especialidades más requeridas en este último quinquenio se debe al déficit de profesionales especializados, especialmente en algunas regiones del país, y a la falta de garantías laborales, asegura el informe.

Otros servicios tutelados que incluyen falta de oportunidad son las cirugías, las imágenes diagnósticas y los laboratorios clínicos. Otra falta de oportunidad se evidencia en el acceso a los medicamentos que ocupan el 14,05 % de las solicitudes en las tutelas; de estas, el 13,8 % corresponden a medicamentos de síntesis química y el 0,87 % a medicamentos de origen biológico. Siete de cada 10 medicamentos tutelados se encuentra dentro de las coberturas del PBS.

Los pacientes con cáncer continúan siendo los que más interponen tutelas por falta de oportunidad en el tratamiento integral.

La gran conclusión de la Defensoría deja muy poco que agregar: “el incumplimiento de las garantías y de la materialización efectiva y sostenible del derecho a la salud genera morbilidad, mortalidad y discapacidad, eventos que podrían ser evitables. Por lo tanto, se requiere de un sistema de salud justo, centrado en las personas, acompañado de políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de la población y, especialmente, que brinde un trato digno a los pacientes, al personal sanitario y, en general, a la comunidad a la que le sirve”.