MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 109  OCTUBRE DEL AÑO 2007    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


“Muy bueno pero muy ambicioso”
Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

Álvaro Olaya Peláez, coordinador de postgrados en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y ex consultor de la Organización Panamericana de la Salud, le ve virtudes y defectos al Plan: “El decreto 3039 tiene avances respecto de la normatividad anterior: incluyó totalmente la salud pública en planes como el POS, el POS subsidiado y el PAB, pero no le dio el espacio real a la salud pública. Más que plan, es importante como formulación de políticas pues establece prioridades en salud; aunque hay distintas concepciones, hay una prioridad con la infancia, con la salud sexual y reproductiva, con las enfermedades crónicas transmisibles, etc. Es un avance bien definido de hacia dónde orienta el Estado, es coherente con los Objetivos del Milenio como compromiso del Estado colombiano y trata de ajustarse al Reglamento Sanitario Internacional”.
Sobre las limitaciones, anotó: “Lo encuentro ambicioso; al leer la parte de financiamiento, no se encuentra un peso más de lo que ya tiene el Sistema de Seguridad Social en Salud a través de las Unidades de Pago por Capitación, de los recursos del Presupuesto Nacional o de las transferencias de la Nación.
En este punto le veo poca factibilidad y por eso, más que un documento de Plan, está más orientado a políticas, estrategias, responsabilidades de organismos de dirección, de aseguradoras, de prestadores, e incluso involucra a la comunidad”.
“Lo nuevo -anota Olaya Peláez-, es un conjunto normativo que defiende acciones de salud pública, le da más cuerpo a las acciones de promoción de la salud y las define de acuerdo con las prioridades. Cuando se auspició el lenguaje del P y P (Promoción y Prevención), se hacía difusa la responsabilidad de algunas aseguradoras que gastaban el dinero en cosas de poco impacto, en una educación en salud descontextualizada; otras no se gastaban la plata y más bien la devolvían al Fosyga. En este punto el decreto fija lineamientos más claros, habla también de la prevención específica por los trastornos de salud que prioriza, un avance porque antes se podía hacer cualquier cosa y había una confusión entre responsabilidades de salud pública y prestación de servicios de salud, y el sistema de aseguramiento está hecho para esto último”.
Sobre los indicadores de la situación de salud en Colombia, declaró: “Subsisten dudas sobre la credibilidad de esos indicadores; todavía no tenemos un estudio nacional de salud, apenas está en contratación. Se citan algunas fuentes como el Estudio Nacional de Salud Mental en población adulta, los de Profamilia y otros; en fin, el decreto se atreve a unos señalamientos sobre la situación actual de salud. Yo no pondría eso en la parte resolutiva sino en la exposición de motivos. Una de las áreas menos desarrolladas en el sistema de salud colombiano es la de los sistemas de información, aunque algo se ha hecho con los programas del Sivigila. Antioquia, por ejemplo, tiene un gran desarrollo en procesamiento de la información, pero esto no es un común denominador en el país: luego no sabemos si esas metas son las que se deben asumir. Pero el Plan es una carta de navegación para disminuir la mortalidad materna, aumentar la cobertura en atención de partos y en inmunizaciones. No es tan importante el indicador, como lo es orientar las acciones de salud hacia esos puntos específicos”.
El catedrático aludió a los principios inspiradores: “El decreto plantea una letra muy bonita, éticamente; todos tenemos que estar de acuerdo con el principio de universalidad como garantía del derecho a la salud con calidad para todas las personas sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida, pero no responde a la realidad del país ni se ve en el articulado cómo se va a lograr eso. Colombia no ha logrado siquiera la cobertura de aseguramiento y tenemos muy claro que aseguramiento no garantiza atención, y atención de los problemas de salud no significa integralidad. Esto implica además de la intervención del Estado, una responsabilidad social ciudadana, un trabajo intersectorial; el sector de la salud por sí mismo no es capaz de abordar todos los requerimientos. Entonces, escribirlo es muy fácil, éticamente puedo estar de acuerdo con eso, pero lo veo utópico y no se desarrolla en el texto de la norma”.
 
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