MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 138  MARZO DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Rechazo nacional
a la emergencia social

Olga Lucia Muñoz López Periodista - elpulso@elhospital.org.co

Se estima que más de 15.000 personas participaron en 14 ciudades del país en la marcha convocada por Facebook el pasado 6 de febrero por las estudiantes de Derecho, Natali Quiroga y Ginna Rojas, y la médica Aida Rojas, para rechazar los decretos de emergencia social, demandar su derogatoria y exigir el derecho a la salud. A la convocatoria se unieron miles de inconformes con los decretos: personas del común, estudiantes, médicos, sindicalistas, profesionales y pensionados, entre muchos otros. "Salió mucho peor el remedio que la enfermedad", era una de las consignas.

Asimismo, con el lema “La salud NO es un favor… Es un derecho”, asociaciones de pacientes de todo el país participaron en las marchas convocadas en las principales ciudades los días 6 y 18 de febrero pasado (ésta con-vocada por centrales obreras), para denunciar que algunas IPS ya negaban servicios a pacientes con cáncer, VIH y hepatitis. Las asociaciones organizaron un plantón ante la Corte Constitu-cional el 16 de febrero, para expresar su inconformismo ante los decretos que consideran "inconstitucionales, ya que afec-tan derechos fundamentales: la salud, el aseguramiento, el derecho al trabajo (autonomía médica) y el derecho a la vida".
Agregaron que "en el afán de buscar soluciones financieras, se dejó de lado lo más importante: La salud de los colombianos y nuestro derecho a la vida".
El 3 de febrero, casi 200 representantes de más de 50 asociaciones de pacientes de enfermedades raras y de alto costo, se habían reunido en Bogotá con el ministro Palacio, pero no lograron acuerdos y se ratificaron en que la única salida era derogar los decretos; el ministro dijo que las enfermedades raras sería más fácil de manejarlas por fuera del Fonprés, con mecanismos especiales; los pacientes dijeron ser consciente de que por vía reglamentaria no será posible, constitucionalmente, corregir los decretos-ley, por lo que insisten en su revocatoria, "pues aseguran que mientras pasan la revisión por el Congreso y la Corte Constitucional, muchas personas podrían morir esperando sus tratamientos". Hacia el 23 de febrero, representantes y pacientes de alto costo habían radicado 622 demandas de inconstitucionalidad contra los decretos 128 y 131 de la emergencia, por afectar derechos fundamentales como la salud y la vida; insisten en que los decretos deben declararse inexequibles porque en la practica “las EPS por ley están obligadas a aplicar los decretos y la reglamentación no va a modificar lo que esta en la ley”. También pidieron que renuncie el ministro Palacio, por dignidad nacional.
“Es urgente revisar, pulir y corregir los decretos para que no se cometan injusticias en materia de salud, en especial con los sectores más pobres”, recalcó la Conferencia Episcopal -reunida el 8 de febrero- al respaldar los debates sobre la emergencia y manifestar que esperan los cambios que favorezcan a la mayoría de la población. Monseñor Rubén Darío Salazar, presidente de la Conferencia, y otros obispos del país, calificaron las medidas de precipitadas e instaron al gobierno a ajustar los decretos en diálogo con médicos, usuarios y EPS, en una concertación nacional donde todos ganen.
En entrevista con El Tiempo (enero 31), el presidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, Roberto Esguerra, afirmó que después de lo ocurrido con la emergencia social, nadie puede dudar de la inmensa necesidad de tener un Ministerio de Salud; calificó la emergencia como “una agresión sin precedentes a la profesión médica, que acaba con la autonomía médica para recetar, y es un atentado, un irrespeto y un atropello contra los médicos; calificó los decretos de emergencia social como una monstruosidad, que “condenan la gente a morir” al atentar contra el derecho a recibir un buen servicio de salud, y que constituyen una regresión social muy grave para esta nación que mucho había logrado con la ley 100, para socializar la medicina. “Ya no habrá médicos. No se necesitan. A un computador le pide el recetario para el dolor de cabeza. El computador dirá el medicamento que debe usar, y estuvo. ¡Adiós! Estas normas son monstruosas”. Agregó que el gobierno trató de controlar los costos de la salud, pero lo hizo de manera equivocada: a costa de la vida de los enfermos, y ahora los colombianos estaremos expuestos a que las EPS nos nieguen servicios.
La Asociación Nacional de Profesiones de la Salud (Assosalud) estimó que las medidas de emergencia son insuficientes para afrontar la ineficiencia del sistema para responder por la salud del pueblo colombiano, y por ello invitó a los profesionales a fortalecer la institucionalidad con participación en un movimiento amplio, que con las demás fuerzas vivas del país, haga posible la instauración de un modelo que verdaderamente trate la salud como un derecho fundamental, prevalente sobre los intereses económicos o de cualquier otra índole. Frente a la emergencia, indicó que las organizaciones afiliadas obran de manera autónoma: algunas participaron en la reglamentación de los decretos y otras solicitan la derogación. Confía en que la Corte Constitucional hará una valoración juiciosa y está dispuesta a participar de los análisis en el Congreso de la República.
Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), cuestionó la constitucionalidad de la emergencia y manifestó que la Corte seguramente la declarará inconstitucional, “por no haber un hecho sobreviniente que la justifique”.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación de Municipios, le propusieron al gobierno derogar parte de los decretos de emergencia social, por no haber sido concertado con el sindicalismo y recortar la capacidad de las regiones para manejar dineros de la salud: Pidieron a la Corte hundir la emergencia social.
La revista The Economist criticó la emergencia social, diciendo que es poco probable que la medida logre reparar el agujero financiero que existe en el sistema de salud; asegura además que los nuevos impuestos no serán suficientes para enfrentar el déficit de la salud.
 
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