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Rechazo nacional
a la emergencia social
Olga
Lucia Muñoz López Periodista -
elpulso@elhospital.org.co
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Se estima que más de 15.000
personas participaron en 14 ciudades del país en la
marcha convocada por Facebook el pasado 6 de febrero por las
estudiantes de Derecho, Natali Quiroga y Ginna Rojas, y la
médica Aida Rojas, para rechazar los decretos de emergencia
social, demandar su derogatoria y exigir el derecho a la salud.
A la convocatoria se unieron miles de inconformes con los
decretos: personas del común, estudiantes, médicos,
sindicalistas, profesionales y pensionados, entre muchos otros.
"Salió mucho peor el remedio que la enfermedad",
era una de las consignas.
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Asimismo,
con el lema La salud NO es un favor
Es un derecho,
asociaciones de pacientes de todo el país participaron
en las marchas convocadas en las principales ciudades los días
6 y 18 de febrero pasado (ésta con-vocada por centrales
obreras), para denunciar que algunas IPS ya negaban servicios
a pacientes con cáncer, VIH y hepatitis. Las asociaciones
organizaron un plantón ante la Corte Constitu-cional
el 16 de febrero, para expresar su inconformismo ante los decretos
que consideran "inconstitucionales, ya que afec-tan derechos
fundamentales: la salud, el aseguramiento, el derecho al trabajo
(autonomía médica) y el derecho a la vida".
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Agregaron
que "en el afán de buscar soluciones financieras,
se dejó de lado lo más importante: La salud de
los colombianos y nuestro derecho a la vida".
El 3 de febrero, casi 200 representantes de más de 50
asociaciones de pacientes de enfermedades raras y de alto costo,
se habían reunido en Bogotá con el ministro Palacio,
pero no lograron acuerdos y se ratificaron en que la única
salida era derogar los decretos; el ministro dijo que las enfermedades
raras sería más fácil de manejarlas por
fuera del Fonprés, con mecanismos especiales; los pacientes
dijeron ser consciente de que por vía reglamentaria no
será posible, constitucionalmente, corregir los decretos-ley,
por lo que insisten en su revocatoria, "pues aseguran que
mientras pasan la revisión por el Congreso y la Corte
Constitucional, muchas personas podrían morir esperando
sus tratamientos". Hacia el 23 de febrero, representantes
y pacientes de alto costo habían radicado 622 demandas
de inconstitucionalidad contra los decretos 128 y 131 de la
emergencia, por afectar derechos fundamentales como la salud
y la vida; insisten en que los decretos deben declararse inexequibles
porque en la practica las EPS por ley están obligadas
a aplicar los decretos y la reglamentación no va a modificar
lo que esta en la ley. También pidieron que renuncie
el ministro Palacio, por dignidad nacional.
Es urgente revisar, pulir y corregir los decretos para
que no se cometan injusticias en materia de salud, en especial
con los sectores más pobres, recalcó la
Conferencia Episcopal -reunida el 8 de febrero- al respaldar
los debates sobre la emergencia y manifestar que esperan los
cambios que favorezcan a la mayoría de la población.
Monseñor Rubén Darío Salazar, presidente
de la Conferencia, y otros obispos del país, calificaron
las medidas de precipitadas e instaron al gobierno a ajustar
los decretos en diálogo con médicos, usuarios
y EPS, en una concertación nacional donde todos ganen.
En entrevista con El Tiempo (enero 31), el presidente de la
Junta de la Asociación Colombiana de Clínicas
y Hospitales, Roberto Esguerra, afirmó que después
de lo ocurrido con la emergencia social, nadie puede dudar de
la inmensa necesidad de tener un Ministerio de Salud; calificó
la emergencia como una agresión sin precedentes
a la profesión médica, que acaba con la autonomía
médica para recetar, y es un atentado, un irrespeto y
un atropello contra los médicos; calificó los
decretos de emergencia social como una monstruosidad, que condenan
la gente a morir al atentar contra el derecho a recibir
un buen servicio de salud, y que constituyen una regresión
social muy grave para esta nación que mucho había
logrado con la ley 100, para socializar la medicina. Ya
no habrá médicos. No se necesitan. A un computador
le pide el recetario para el dolor de cabeza. El computador
dirá el medicamento que debe usar, y estuvo. ¡Adiós!
Estas normas son monstruosas. Agregó que el gobierno
trató de controlar los costos de la salud, pero lo hizo
de manera equivocada: a costa de la vida de los enfermos, y
ahora los colombianos estaremos expuestos a que las EPS nos
nieguen servicios.
La Asociación Nacional de Profesiones de la Salud (Assosalud)
estimó que las medidas de emergencia son insuficientes
para afrontar la ineficiencia del sistema para responder por
la salud del pueblo colombiano, y por ello invitó a los
profesionales a fortalecer la institucionalidad con participación
en un movimiento amplio, que con las demás fuerzas vivas
del país, haga posible la instauración de un modelo
que verdaderamente trate la salud como un derecho fundamental,
prevalente sobre los intereses económicos o de cualquier
otra índole. Frente a la emergencia, indicó que
las organizaciones afiliadas obran de manera autónoma:
algunas participaron en la reglamentación de los decretos
y otras solicitan la derogación. Confía en que
la Corte Constitucional hará una valoración juiciosa
y está dispuesta a participar de los análisis
en el Congreso de la República.
Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional
de Instituciones Financieras (ANIF), cuestionó la constitucionalidad
de la emergencia y manifestó que la Corte seguramente
la declarará inconstitucional, por no haber un
hecho sobreviniente que la justifique.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación
de Municipios, le propusieron al gobierno derogar parte de los
decretos de emergencia social, por no haber sido concertado
con el sindicalismo y recortar la capacidad de las regiones
para manejar dineros de la salud: Pidieron a la Corte hundir
la emergencia social.
La revista The Economist criticó la emergencia social,
diciendo que es poco probable que la medida logre reparar el
agujero financiero que existe en el sistema de salud; asegura
además que los nuevos impuestos no serán suficientes
para enfrentar el déficit de la salud. |
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