“Emergencia social para lucro financiero” Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co Como “emergencia social para lucro financiero” definió el Centro de Investigación para el Desarrollo -CID- de la Universidad Nacional, el 4975 y demás decretos. “La declaratoria es equivocada e inconstitucional”, dijeron los autores, porque el incremento del gasto no es hecho intempestivo, viene de problemas estructurales del sistema, anunciados y demostrados por sectores académicos y sociales hace varios años. La igualación de planes tampoco es invento reciente: la Ley 100/93 ordenó cumplirla en el año 2000. La Ley 1122/07, en cambio, propuso la universalización conservando la desigualdad del POS. La Sentencia T-760 señaló la inconstitucionalidad de esta desigualdad estructural y puso plazo al gobierno para cumplir la Ley 100. La falta de recursos, dice el estudio, se debe a 3 decisiones políticas que hacen inviable el sistema en lo macroeconómico: 1) Flexibilización laboral y precarización del empleo, iniciada con la Ley 50/90 del presidente Gaviria, y profundizada por el actual gobierno que estancó la afiliación al régimen contributivo en 39%. 2) Baja de recursos a los entes territoriales por dos reformas al régimen de transferencias (2001- Pastrana y su Minhacienda Juan Manuel Santos, y 2007 - mandato Uribe) que bajaron en 5% la proporción de los Ingresos Corrientes de la Nación para el gasto público en salud 1999-2007; desde 2006, los entes territoriales dejaron de percibir casi $3.5 billones/año para salud, educación y saneamiento. 3) E inversión de recursos del Fosyga en títulos de deuda pública o TES, como supuesto ahorro o previsión: $5.9 BILLONES del Fondo en portafolio financiero a diciembre/09 (75.38% en TES), que tienen destinación específica y son usados en otros propósitos, como los militares y pago del servicio de la deuda. “La falta de recursos se debe a 3 decisiones políticas que hacen inviable el sistema en lomacroeconómico: flexibilización laboral y precarización del empleo, baja de recursos a los entes territoriales por dos reformas al régimen de transferencias, e inversión de recursos del Fosyga en títulos de deuda pública o TES: $5.9 BILLONES en portafolio financiero a diciembre/09 (75.38% en TES), que tienen destinación específica y son usados en otros propósitos, como los militares y pago del servicio de la deuda. CID U. Nacional. Con el alza de impuestos, señala, “se trata de sacar el dinero del bolsillo de los más necesitados para después atenderlos”, pasando por encima del Congreso, de manera abusiva, igual que con las restricciones del plan obligatorio. Anota: “Nada se dice sobre el altísimo costo de la intermediación de las EPS, sus estrategias de integración vertical, doble aseguramiento y sobre-facturación, que explicarían mejor el incremento de los recobros al Fosyga en dos años”, más de la mitad de las tutelas son de servicios o medicamentos del POS como demostró la Defensoría del Pueblo, y “no puede decirse que el sobrecosto sea por razones 'estéticas', como sostiene el gobierno”. Según estudio de la Universidad Javeriana, el costo anual de las tutelas representa sólo 5,46% de $32 billones que circulan en el sistema, incluido gasto de bolsillo. Señala que las “Prestaciones Excepcionales en Salud”, “título pomposo que se da a las atenciones que hoy no son excepcionales sino cotidianas y necesarias, sólo subsidiará a las aseguradoras, que pondrán todo como 'excepcional', sin gastar sus pólizas”. Y “la tutela se convertirá en un riesgo financiero adicional para las familias, pues si resulta favorable, deben pagar con su patrimonio. Las sanciones a médicos y odontólogos que se salgan de los estándares (multas de 10-50 salarios mínimos), son “restricción a la autonomía profesional que no se ha visto en la historia reciente de ningún país democrático”. Critica al “Organismo Técnico-Científico para la Salud” por su composición gobiernista, y a las guías o estándares porque “el trabajo de los médicos no es mecánico; si así fuera, un computador en cualquier supermercado sería suficiente”. Indica que los hospitales públicos pierden el mínimo del 60% de contratación de los servicios por las EPS-S, tienen que ceñirse a toda costa al mercado o entrar en liquidación, se legaliza la tercerización de servicios y de la contratación laboral, y se crea un organismo de regulación de precios para unos medicamentos, ignorando que hay recursos legales y económicos para meter en cintura a la industria farmacéutica. Se quita a los municipios el manejo de recursos del régimen subsidiado por medio del giro directo a las EPS-S -que es inconstitucional-, agranda el poder central y protege a las aseguradoras -agentes dominantes del sistema-. El CID propende por un cambio que separe al derecho de la capacidad de pago y lo ligue a la condición de ciudadano, por una nueva forma de financiamiento que des-mercantilice la salud y dirija los recursos a la prevención y la mejor atención de las necesidades, y por un fondo público único para recursos de cotizaciones e impuestos, que brinde verdadera cobertura universal, como primer paso.   Más información... Emergencia social: la salud en estado de sitio La declaratoria de emergencia social y la expedición de decretos con fuerza de ley, propiciaron reacciones unánimes entre la población, profesionales de la salud y algunos gremios, respecto de la inconveniencia ... Rechazo nacional a la emergencia social Se estima que más de 15.000 personas participaron en 14 ciudades del país en la marcha convocada por Facebook el pasado 6 de febrero por las estudiantes de Derecho, Natali Quiroga y Ginna Rojas, y la... 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