“Para liberar recursos, no se necesitaba emergencia” Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co El congresista de la coalición de gobierno, Eduardo Benítez, cuestionó la necesidad de una emergencia para enfrentar la crisis en salud: “Duramos 3 años haciendo la Ley 1122, que no fue suficientemente aplicada en mejorar el flujo de recursos y fortalecer el sistema de vigilancia y control. Hoy vemos que las aseguradoras deben a las IPS alrededor de $1,8 billones; no creo que para liberar unos recursos se necesite una emergencia social, porque con hacer liquidación de contratos, más unos impuestos y algunos excedentes de transferencias, tendríamos $2 billones. ¿Por qué no lo hicimos antes de poner nuevos impuestos? Hay que hacer que se cumpla con el flujo y empezar por el Fosyga y el mismo gobierno nacional cuando los utiliza en TES, porque están incumpliendo la ley”.   Propuestas legislativas Varias acciones legislativas se plantean como respuesta a la emergencia; se radicó una iniciativa de los congresistas Juan Manuel Galán y Simón Gaviria, que busca entre otras cosas reglamentar los derechos de los pacientes. “Hay que corregir el rumbo dado por la emergencia en 3 frentes de alta inconveniencia. El primero es la atención a enfermedades catastróficas que rompe el sentido de aseguramiento del sistema de salud; el segundo tiene que ver con las sanciones pecuniarias a los médicos, porque es imposible pensar que se obligue a un médico a recetar una fórmula que él sabe que no cura; y tercero, abordar los derechos de los pacientes para que reciban un trato digno, no como clientes de un negocio, sino como seres humanos que tienen derecho de recibir una atención apropiada y oportuna", aseguró Simón Gaviria. Para el representante a la Cámara, Germán Reyes, los problemas de la salud son crónicos, estructurales y propios del modelo de la Ley 100/93; también considera que el presidente Uribe invadió espacios y quitó funciones al Congreso. Sobre los contenidos, indicó: “Los decretos golpean a los usuarios, a los prestadores públicos y privados, a las secretarías de salud municipales y departamentales, y fortalecen a un solo actor, las EPS, al garantizarles aún más sus rendimientos financieros; se crea un Posito para actividades de P y P, y primer nivel de atención, y reduce un instrumento fundamental como la tutela, poniendo una talanquera al accionar de los jueces que deberán limitarse al nuevo plan de salud. Más hay algo que nadie ha mencionado: en esta reforma el gobierno no pone un solo peso; crea impuestos, busca excedentes en otros rubros, le quita recursos a los hospitales públicos para atender lo No-POS, pero el gobierno no pone un peso. La solución de fondo sería la derogatoria de la Ley 100, terminar con la figura de la intermediación y desde el Congreso adelantar un gran debate para llegar a consensos que garanticen la salud de los colombianos.   Más información... 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