“Atentado a la medicina y al médico” Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co Los decretos de emergencia social son “un grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión, que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática”, y “un atropello más a una profesión digna y verdaderamente sacrificada”, manifestó la Academia Nacional de Medicina. La entidad científica expresó a la Procuraduría que, en su condición de órgano consultor del gobierno, colaborará en todo lo que tienda a atenuar el daño tan grave que causan los decretos-ley-, pero “tal colaboración, de ninguna manera, significa que los avala”. Dice que las normas “cercenan la autonomía médica en la toma de decisiones clínicas” y que en los 16 años de la Ley 100 “la posición dominante de los intermediarios aseguradores”, que limitan la buena práctica médica con tiempos de consulta reducidos al mínimo, con restricciones en exámenes de laboratorio, imaginológicos o para inter-consultas, y con precarias remuneraciones, afectan la excelencia del acto médico. Estima que “la intermediación requiere un estudio objetivo y cuidadoso para comprobar la cuantía del costo administrativo” y cómo se invirtieron dineros de la salud en destinaciones ajenas a las que fijó la Ley 100: “La integración vertical es un mal de fondo y es poco o nada lo que se ha hecho para controlarla”. Los estándares -señaló- no pueden ser camisas de fuerza que obliguen al médico a pasar por encima del juicio racional para determinar qué es lo mejor para el paciente, y las sanciones del decreto 131 son “una afrenta que la profesión médica no puede aceptar”. Y las “prestaciones excepcionales” implican “abolir el propósito primordial del aseguramiento, que es atender los cuadros clínicos de mayor complejidad”. La Academia defendió el “imperativo ético y una rigurosa autorregulación”, para no confundir las transgresiones a la buena práctica médica, objeto de análisis de los comités de control de calidad de la atención, ni las infracciones a la deontología o a la ética por una minoría de médicos que deben sancionar los Tribunales de Ética Médica, como hacen desde 1981. El capítulo de Medellín adhirió a esta postura y cuestionó las normas por su “rigurosa concepción mercantilista” y porque “atentan contra la salud, contra la libertad y contra la democracia”. Indicó que tienen “la misma equivocación conceptual y filosófica que inspiró la Ley 100, las autoridades confunden la salud de los colombianos con la manipulación financiera y de la normatividad jurídica para privilegiar el poder y los intereses de 'actores' impuestos por ella: los intermediarios aseguradores”. Y agregó que “la pretendida Emergencia Social” no modifica condiciones estructurales de la sociedad colombiana: alimentación, educación, saneamiento básico, vivienda, unión familiar y generación de ingresos.   Más información... Emergencia social: la salud en estado de sitio La declaratoria de emergencia social y la expedición de decretos con fuerza de ley, propiciaron reacciones unánimes entre la población, profesionales de la salud y algunos gremios, respecto de la inconveniencia ... 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