Voces a favor de la emergencia social Olga Lucia Muñoz López Periodista - elpulso@elhospital.org.co Algunos expertos, gremios y autoridades se pronunciaron a favor de la emergencia social y de sus medidas. Juan Carlos Echeverry, ex director de Planeación Nacional, estima que el sistema de salud requiere una reforma y que considerando que no existe en el mundo un sistema de salud que atienda todos los problemas de salud de las personas a bajo costo, las medidas de emergencia no solucionan el problema del sector, pero sí son un gran avance. Dice que el gobierno envió el mensaje correcto: “todos tienen que aportar” para sostener el sistema de salud. Señala que falta definir un POS consensuado y viable en lo financiero, obtener más recursos para el sistema general y no solo para los departamentos, reformar la CRES para que sea verdaderamente técnica y no de intereses creados, mejorar la información sobre enfermedades más frecuentes y costo-efectividad de su atención, erradicar la corrupción, tener un ministerio dedicado exclusivamente a salud, planificar a largo plazo el sistema, tener un plan nacional de prevención para disminuir masivamente la incidencia de enfermedades y costos del sistema, y concientizar a la población, los jueces y los médicos que no hay un sistema que cubra a todos contra todas las enfermedades y que algunos tratamientos se tienen que quedar por fuera. Concluye que queda una lección: “Todos sabemos poco y desde hace 20 años hemos tomado decisiones desinformadas que crean en la población expectativas imposibles de cumplir. Y aún faltan 4 millones de colombianos por incluir al sistema, y muchas acciones para mejorar la calidad, la oportunidad, la eficiencia y el costo del servicio”. El sector privado colombiano, representado en el Consejo Gremial Nacional, respaldó los objetivos y medidas de la emergencia social. 1) Porque Colombia destina casi 8% del PIB a salud -algo significativo incluso en términos internacionales- y ello permitió avances sustanciales en cobertura: en 1995 había 14,7 millones de afiliados al sistema, y hoy hay más de 41 millones. 2) Porque es necesario garantizar la viabilidad financiera del sistema, dadas las necesidades de vincular más colombianos al sistema de salud en condiciones de igualdad, en virtud de la Sentencia T-760 que ordenó la unificación progresiva del POS y universalizar el derecho a la salud. 3) Porque mejora trámites para incrementar la liquidez y mejora el sistema de pagos, al reformar la velocidad de los giros a los agentes y operadores del sistema, y hacer viable los procesos de cobro de deudas anteriores a la emergencia. 4) Porque la actualización y unificación del POS beneficiaría los colombianos de menores ingresos en la calidad y oportunidad de los servicios, y porque no se advierte peligro de desmejora en el acceso a las prestaciones del sistema. 5) Porque pone en marcha instrumentos contra la corrupción, la falta de transparencia y la elusión de recursos financieros al sistema. 6) Porque sin ser partidario de reformas tributarias por decreto, porque afectan la confianza inversionista, el Consejo Gremial ve conveniente que los juegos de suerte y azar tengan mayor peso en las contribuciones a la salud. Concluyó el Consejo que los asuntos sustanciales de la emergencia deben defenderse a toda costa en aras del bien común, y que los asuntos marginales o sin conexidad con la emergencia no pueden hacer perder de vista sus bondades fundamentales. Agregó que las posibles irregularidades en la asesoría deben ser investigadas y, si fuere el caso, castigadas, pero no deben interferir con el desarrollo de una reforma que en su conjunto, consolida uno de los más importantes logros sociales de Colombia: la salud universal y sostenible de sus ciudadanos, con una calidad que no distinga estratos socioeconómicos. Para el gremio de aseguradores, Fasecolda, los aspectos positivos de la emergencia social son: los mecanismos para integrar recursos del sector salud que están en manos de otras entidades, como saldos de liquidación de contratos y rentas cedidas, y excedentes de aportes patronales de funcionarios de IPS públicas; la modificación del Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fonsat), administrado por aseguradoras del SOAT para mayor eficiencia administrativa y desembolsos más prontos a IPS, y el aumento de cobertura de gastos médicos del SOAT; los mecanismos para solución expedita de controversias entre actores del sistema; las medidas para proteger usuarios y las sanciones a quienes usen recursos públicos de salud para fines distintos; el control a precios de medicamentos y dispositivos médicos; la generación de nuevos recursos para el sector salud con aumento de impuestos, para atender Prestaciones Excepcionales en Salud y unificar los POS contributivo y subsidiado; la creación del Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud -Fonprés-; el control a la elusión y evasión del pago de cotizaciones al sistema, y los acuerdos de pago; la creación del Organismo Técnico Científico para la salud; las medidas para evitar conflictos de interés de los actores del sistema en detrimento de los usuarios; las medidas para mejorar flujo de recursos en el régimen subsidiado y acelerar el pago de cuentas a IPS; y la adición al Presupuesto General de la Nación 2010 de $558.255 millones para el sector salud. Y para el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, las normas decretadas representan un “avance fundamental”, ya que “solo ahora, a través de la emergencia social, con un coraje especial y una decisión especial del gobierno nacional, se logró establecer esos nuevos recursos, casi $1 billón para mejorar la salud”. Afirmó que las medidas permitirán lograr un mejoramiento del sector de la salud, al optimizar los recursos y manejarlos mejor, con más controles y ajustes graduales de cinturón.   Más información... Emergencia social: la salud en estado de sitio La declaratoria de emergencia social y la expedición de decretos con fuerza de ley, propiciaron reacciones unánimes entre la población, profesionales de la salud y algunos gremios, respecto de la inconveniencia ... 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