ACOES: “Buscar alternativas adecuadas de viabilidad del sistema” Olga Lucia Muñoz López Periodista - elpulso@elhospital.org.co Para la Asociación Colombiana de Economía de la Salud -ACOES-, los decretos de la emergencia social traen 2 conjuntos de medidas sobre los que debe conducirse el debate desde la perspectiva de la economía de la salud, en forma integrada con planteamientos de otras disciplinas: la financiación y sostenibilidad del sistema y su institucionalidad. “En el país se veía venir un colapso financiero producto especialmente del desbalance creciente entre la dinámica de cobros por servicios No-POS y el aumento de los recursos. Ahora bien, resulta paradójico que mientras se beneficia principalmente a la población del régimen contributivo, con recursos de sus cotizaciones (Fosyga), la solución planteada por el gobierno fuera no hacer más uso de los recursos del Fosyga y acudir a unos nuevos, derivados del aumento del IVA a cerveza y juegos de suerte y azar. Con esta medida, el recorte para financiar servicios No-POS sería enorme, desde $2 billones en 2009 a poco más de $300.000 millones en 2010, y en 2011 casi $800.000 millones. Lo anterior suscita varios interrogantes y puntos críticos para mayor estudio y debate. 1) Si el gobierno busca no acudir más al superávit anual que se genera en el contributivo para financiar prestaciones No-POS, el cual asciende a por lo menos $1 billón por año, esto significa que manteniendo alguna reserva para atender contingencias sería posible aumentar el contenido del POS o reducir la cotización. 2) Al buscar recursos nuevos de impuestos para atender prestaciones No-POS, se produce una gran contradicción que vulnera varios principios del sistema, en particular la equidad y la eficiencia, pues se aumentan recursos para financiar lo que ya por otra vía estaría financiado al menos en parte y que beneficia la población que goza de mayor cobertura de servicios. Así las cosas, ACOES considera más apropiado y conveniente para el país que en primera instancia se brinde claridad sobre el tipo de gastos en que están representados los casi $2 billones destinados al pago de prestaciones No-POS. Saber el número de personas beneficiadas, su estrato socioeconómico, enfermedad y tratamiento que reciben -entre otros datos-, puede ilustrar la problemática y en tal caso encontrar evidencias que indiquen si este gasto es o no, y en qué medida racional desde el punto de vista social, y si existen tratamientos que pudieran sustituirse por otros de menor valor e igual efecto para los pacientes, e incluso si existen intereses o beneficios en esta cifra de la industria farmacéutica u otros agentes del sistema. Si al país se le informa mejor el detalle de estos montos, se podrá tener una mejor interlocución y comprensión sobre la problemática del sistema y plantear soluciones de fondo que permitan la racionalización de este gasto. Reconociendo que resulta imposible sostener un gasto de estas proporciones, se llama la atención para evaluar la posibilidad de ampliar el POS del régimen contributivo, reconocer prestaciones No-POS con cargo a los recursos que genera este régimen y definir un mecanismo de asignación para las prestaciones no incluidas, con la posible concurrencia de los afiliados. En cuanto a recursos nuevos, de hacerse realidad, deberían destinarse exclusivamente a la afiliación de población al régimen subsidiado o a la igualación del plan de este régimen con el del contributivo. El tema de la institucionalidad del sistema guarda relación con el de financiación, y constituye una gran preocupación, pues se considera que el gobierno introdujo serias distorsiones que afectan la gobernabilidad y credibilidad sobre el sistema, como es evidente en reacciones de los actores y gremios. El hecho más destacado es la adopción de un sistema paralelo al de la seguridad social, pues la creación de Prestaciones Excepcionales en Salud y del Fondo encargado de su administración -Fonprés- significa que el tema de las prestaciones no incluidas en el POS -que no necesariamente son excepcionales-, no hace parte de la lógica de la seguridad social y más bien se traslada a un esquema de asistencia y pago directo, en donde el ciudadano pide ayuda para complementar el pago de ese tipo de prestaciones. Esta medida significa un enorme retroceso, luego de 15 años de logros importantes en la cultura de la seguridad social. La creación de nuevas estructuras y reglas genera mayor incertidumbre sobre las capacidades de protección financiera del Estado para cubrir los riesgos financieros de los hogares, en especial de los más pobres, frente a contingencias de salud no incluidas en el POS. Estas aspiraciones son evidencia de que el gobierno considera no solo insuficientes los recursos para la financiación de la demanda sanitaria, sino que además atribuye la probable ineficiencia en la dinámica de la prestación de servicios a los excesos y la mala práctica de los médicos Sin embargo, el gobierno deja de reconocer un problema que es connatural a la forma como está diseñada la estructura y dinámica del sistema, esto es, los problemas de un sistema que segmenta las poblaciones y fragmenta las prestaciones. Es decir, un sistema cuyo principio de acceso de los ciudadanos a los servicios es el de “mérito reconocido”, el cual obliga a identificar previamente el segmento poblacional al cual pertenece la persona que solicita servicios, para luego ser atendido: “Primero se pregunta y después se atiende”. Esta situación no es atendida en los decretos y mucho menos considerada como un fallo estructural del sistema, que se corrige solo cuando el principio de acceso sea el de ciudadanía y no el de mérito reconocido. Además de lo anterior, lo que hace aún más compleja la situación con la creación del Sistema Técnico Científico en Salud, el gobierno introduce un nuevo organismo similar a la Comisión de Regulación en Salud -CRES-, el Organismo Técnico Científico, con funciones que en buena medida son insumos del trabajo que esta última debe realizar y además de una complejidad inconmensurable. En este sentido, una vez más cobra fuerza la necesidad de acordar un mecanismo legítimo y representativo que permita establecer límites justos sobre las prestaciones de salud, pero ello implica un trabajo muy concienzudo que involucre a la ciudadanía y las profesiones médicas. Resulta casi un imposible pretender administrar la pertinencia del método científico de la salud y la estandarización generalizada de las prestaciones, con la idea que un Comité Técnico Científico hará lo que la sociedad no ha podido realizar en los siglos de desarrollo de las ciencias sociales, médicas y de la salud. Es entendido que el ámbito de las necesidades y las prestaciones presentan en la definición de los diagnósticos un nivel de incertidumbre muy amplio y éste es el pan de cada día en los sistemas de salud. Con estas consideraciones, ACOES convoca a la reflexión y el planteamiento de alternativas para hacer viable el sistema de salud con instrumentos apropiados, consultando antecedentes y mandatos importantes como la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, la cual ofrece una guía para hacer una programación de mediano y largo plazo respecto al plan de beneficios (POS) que queremos y podemos tener los colombianos, respetando el marco del derecho a la salud. Finalmente, no puede perderse de vista que talvez el principal reto que enfrenta el país en materia de salud se refiere al establecimiento de criterios para garantizar que los recursos existentes generen el mayor impacto en el estado de salud y la calidad de vida de la población, teniendo en cuenta el aumento de los costos y las opciones tecnológicas y de medicamentos”.   Más información... Emergencia social: la salud en estado de sitio La declaratoria de emergencia social y la expedición de decretos con fuerza de ley, propiciaron reacciones unánimes entre la población, profesionales de la salud y algunos gremios, respecto de la inconveniencia ... Rechazo nacional a la emergencia social Se estima que más de 15.000 personas participaron en 14 ciudades del país en la marcha convocada por Facebook el pasado 6 de febrero por las estudiantes de Derecho, Natali Quiroga y Ginna Rojas, y la... 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