|
Reforma vs. Retoque
“En la Mesa central de salud, hubo consenso significativo
en que ninguna de las propuestas presentadas al Congreso satisface
las expectativas de cambio estructural que demanda el pueblo
colombiano”, expresó Álvaro Cardona, decano
de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia. La conclusión preliminar -dijo-, señala
la necesidad de un proyecto de cambio profundo, que empiece
por nuevos fundamentos conceptuales, no un simple remozamiento.
Las ideas que generaron consenso, parten de una definición
de la salud pública como disciplina científica
y práctica social para el mejoramiento de las condiciones
colectivas de salud y de vida, basada en los determinantes
sociales, que garantice la seguridad alimentaria, habitacional,
laboral, ambiental, etc., responsabilidad del Estado. Los
compromisos de la familia deben articularse a esa acción
gubernamental”.
Como propuestas de consenso, precisó: “Rectoría
del sistema a cargo de un Ministerio de Salud Pública
que contemple al menos dos viceministerios, uno de programas
y políticas de salud pública, y otro para las
prestaciones asistenciales, que tenga funcionarios con capacidad
técnica para ejecutar las políticas y asesorar
a departamentos y municipios. Estos entes deben tener secretarías
o direcciones territoriales de salud, en un marco de descentralización
y con una política articuladora. Se necesita asignación
de recursos, con una contribución financiera departamental
y municipal, un comité intersectorial donde participen
los ministros con papel relevante en el mejoramiento de la
salud y condiciones de vida (Ministerio de Salud Pública
como líder, Vivienda, Hacienda, Medio Ambiente, Trabajo,
Agricultura, Industria y Comercio) que defina planes decenales
de salud con metas y objetivos precisos. La base debe ser
la estrategia de atención primaria renovada, eje articulador
entre la protección integral de los pacientes y los
determinantes básicos, con participación de
todos los sectores sociales del país. El Ministerio
de Salud Pública debe promover, en relación
estrecha con Colciencias, la investigación en salud
pública y estimular la formación de una masa
crítica que apoye las ideas esbozadas. Los planes decenales
deben partir de la reconstitución del sistema de información
para hacer la planificación adecuada”.
Agregó el decano que las mesas regionales, entre ellas
la celebrada en Medellín, reflejan las mismas ideas:
“El foro se centró en las 4 ponencias presentadas
al Congreso. La mayoría de las voces fueron de insatisfacción
con esas iniciativas e, igual que en Bogotá, se perfilan
dos vertientes de pensamiento: la reformista radical cuya
base conceptual es la garantía del derecho humano fundamental
a la salud, y la continuista promovida por el gobierno y otros
sectores, avalada por varios proyectos en curso. La Facultad
Nacional de Salud Pública, por ejemplo, está
por cambios significativos y presentará un documento
de trabajo a consideración de parlamentarios antioqueños
y otros actores en Antioquia, que recoja y enriquezca las
ideas de consenso enunciadas en Bogotá, para contribuir
a la discusión parlamentaria. Congresistas paisas,
la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Aesa),
gremios de trabajadores de salud como Asmedas, Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas, Academia Nacional
de Medicina, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
y otras instituciones gremiales, profesionales, de pacientes
y usuarios, respaldan el cambio estructural”.
Dijo también que la Comisión de Regulación
en Salud (CRES), tomó nota de las inquietudes regionales.
En otros foros, la viceministra de Salud, Beatriz Londoño,
expresó opiniones que muestran que el gobierno es sensible
al debate nacional y al clamor general por una reforma profunda;
además, el Ministerio tiene algunas propuestas distantes
de las que estudia el Congreso, incluida la de la senadora
Dilian Francisca Toro. Voceros de las organizaciones que propugnan
por una reforma estructural pidieron al gobierno no precipitar
una reforma, tomar un tiempo prudentemente amplio en la consulta
nacional, y avanzar hacia una concertación real con
todos los actores del sistema para identificar las ideas mayoritarias
que la sociedad colombiana apoya. En la mesa de Cali, dirigida
por la Universidad Icesi, se agitaron opiniones similares.
El ministro Santa María expresó en video-conferencia
un perfil del proyecto de reforma, tendiente a mantener el
núcleo conceptual y la estructura del actual sistema
de salud con algunos cambios.
Ley Estatutaria: “conejo”
a la Corte Constitucional
Ante la pretensión gubernamental de aplazar
hasta 2015 la unificación del POS, una de las bases
de la anunciada reforma, el abogado y miembro de la Comisión
de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 en nombre de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Antioquia, Jaime Gañán,
conceptuó: “Desde principios del pasado mes de
octubre, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia
T-760 de la cual formamos parte, avalada por la Corte Constitucional,
examina las órdenes no cumplidas y presenta propuestas
de cambio a los proyectos del gobierno para la reforma de
salud. Hace dos semanas envió una carta al presidente
Santos, con consideraciones sobre el proyecto de ley estatutaria
que circula en las mesas temáticas de salud. En lo
fundamental, expresamos desacuerdo con esa propuesta, por
tener un sesgo económico parecido a los caídos
decretos de la emergencia social, y poco del derecho a la
salud. El incumplimiento de la unificación del POS,
desde la ley 1393/10 o 'Plan B' es preocupante, pues determina
que a más tardar en 2015 habrá unificación
del POS, pese a los mandatos perentorios de la T-760, y esa
ley al parecer se replicará en el proyecto de ley estatutaria.
Ambas normas refuerzan lo que decía el ex ministro
Diego Palacio sobre la sentencia: que era imposible de cumplir
por no haber los recursos para ello y se legalizó el
término a pesar de las órdenes de la Corte Constitucional,
una forma de soslayar la Sentencia, que por ser anterior a
la ley mencionada, prevalece en el término perentorio
que establece. Sin embargo, la 1393 pone explícitamente
el nuevo término; la parte final del artículo
34 dice: '...los planes deberán enmarcarse en un plan
financiero integral del régimen subsidiado que incluya
todas las fuentes que financia la unificación de los
planes obligatorios de salud de los regímenes subsidiado
y contributivo, unificación que deberá lograrse
a más tardar el 31 de diciembre de 2015', en el mismo
sentido que está el proyecto de Acto Legislativo”.
Indicó el jurista: “Ante esta situación
cabe una actuación de oficio de la Corte Constitucional
para hacer cumplir la sentencia que está en firme,
y procede una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1393/10
y del proyecto de Acto Legislativo en curso. De la unificación
del POS sólo se cumplió la parte de los niños
y el mandato exigía presentar cronogramas de igualación
de los planes de todas las personas; sin embargo, el gobierno
estipuló un nuevo término que hoy es de 5 años,
pero en 2008 hubiera sido mayor y en ese momento dijo que
no se podía y pese a ello quedó como 'Plan B'
con la 1393/10”.
Sobre la pretensión de castigar las supuestas faltas
de auto-cuidado en salud con financiación extra de
la atención a cargo de los usuarios, el constitucionalista
expresó: “Ese proyecto revive por vía de
ley estatutaria el espíritu y muchos puntos de los
decretos de emergencia social; estamos en desacuerdo con el
auto-cuidado tal como se concibe en el proyecto: como sanción
por presunción de mala fe, y no se dice qué
es auto-cuidado ni cómo se hace”. Gañán
propuso un proyecto de ley estatutaria, adicionado con aportes
de la Personería de Medellín y la Facultad Nacional
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, basado
no en auto-cuidado sino en co-responsabilidad (la Constitución
-art. 95, 48 y 49- consagra derechos y deberes, cómo
proteger la propia salud en la familia), en la solidaridad,
en programas de promoción y prevención, pues
si es auto-cuidado, deben dar condiciones para auto-cuidarnos
y así contribuir con la co-responsabilidad, para el
acceso real y efectivo a las prestaciones de salud, pero no
se puede sancionar por fumar o tomar licor, mientras la Ley
1393 fija como fuentes de financiación de la salud
el licor y el tabaco. “Algo totalmente contradictorio.
Además, si me niegan la atención y a raíz
de eso me acabo de enfermar, entonces: ¿fue porque
no me auto-cuidé?”, concluyó el jurista.
Como están las cosas, desobedeciendo a la Corte Constitucional,
la unificación del POS tendría que esperar hasta
2015; o sea que el Presidente Santos ya renunció a
hacerla en su período, a menos que piense también
en reelección. Y Dios le oiga su promesa de: “No
habrá un colombiano más que se muera esperando
atención”, será un verdadero milagro. Si
alguno muere, naturalmente será por falta de “auto-cuidado”…
|
