MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 146  NOVIEMBRE DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

País y Niñez

Problemática de
menores infractores
Diversos sectores reportan el incremento en el país de delitos cometidos por menores y adolescentes. Según el Consejo de Política Criminal, hubo 35.000 delitos cometidos por adolescentes el año pasado: en Cartagena, el 38% de los crímenes cometidos por sicarios durante 2009 fueron atribuidos por la Policía a menores de edad.
En Medellín, se denunció que hay niños de 14 años que ya son sicarios y menores que a los 8 empezaron a trabajar de alguna forma para las bandas. Otras fuentes reportan que más de 158.000 menores fueron capturados en los últimos 5 años por diferentes delitos. Y el Consejo Superior de la Judicatura, informó que en 2009 “sólo” el 4,5% de los menores procesados en el país bajo el Sistema Penal Adolescente eran responsables de homicidio.
Los menores son capturados por delitos que van desde hurto menor, venta de basuco y robo de carros, hasta asalto a mano armada, extorsión y asesinato. Estudios recientes indican que cerca del 90% de los menores vinculados a hechos delictivos provienen de barrios y estratos marginales.
En centros de Bienestar Familiar, el 80% de los casos se asocia a alta adicción a sustancias psicoactivas, así como el 90% se relaciona con la deserción escolar. Otro factor es la pobreza, pues la mayoría de los menores delincuentes proviene de zonas marginales de las grandes ciudades. Aunque prima en los centros urbanos, en zonas rurales el problema no es menos grave y está relacionado sobre todo, con grupos alzados en armas. En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juvenil está ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios de consumo. Estudios criminológicos sobre delincuencia juvenil, señalan el carácter multi-causal del fenómeno.
La norma legal colombiana -Ley de infancia y adolescencia de 2006-, establece que las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente. Y entre las sanciones aplicables a los adolescentes está la privación de la libertad en un centro de atención especializada entre 1 y 5 años para mayores de 16 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos, cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 años de prisión; y entre 2 y 8 años para mayores de 14 años que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión.
La realidad muestra otras facetas: en los municipios pequeños no hay centros especiales para la re-socialización de menores, favoreciendo que éstos queden libres después de cometer un delito. Regresan a su ambiente familiar, en muchos casos disfuncional, para repetir nuevamente el ciclo. La Ley de infancia no estableció la fuente de los recursos para la construcción de los centros especiales.
La no imputabilidad de delitos a menores permite que los jóvenes manipulen el sistema, queden libres, en muchos casos utilizados por adultos que aprovechan esta circunstancia con pagos ínfimos. Según la ley, parte de la pena privativa podría pagarse con servicio social o presentaciones periódicas ante el juez con compromiso de no volver a delinquir, una sanción que para las víctimas y sus familias resulta irracional. Muchos se preguntan: ¿Si delinquen como adultos, por qué los juzgan como niños? Y por ello piden reformar las normas actuales.
Ante este panorama, quedan múltiples retos. Es indispensable fortalecer los mecanismos de rehabilitación, ya que en los menores de edad hay mayores posibilidades de modificar determinados comportamientos que ponen a un niño o adolescente en conflicto con la ley. Se debe aclarar la fuente de recursos económicos suficientes para financiar programas de reintegración y para impulsar programas preventivos. El sistema judicial para menores se debe fortalecer, en el sentido de masificar los centros de rehabilitación.
Es necesario revisar los temas de la edad de imputabilidad, endurecer o no las penas a menores infractores y endurecer penas contra adultos que usan menores para cometer delitos. Es aceptado internacionalmente el hacer responsable a los adolescentes de la reparación del daño.
Desde el punto de vista de prevención hay mucho por hacer. Una alternativa para sacar los niños y jóvenes del ambiente violento, es mejorar su ambiente familiar mediante programas de atención integral a la familia.
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